Acciones recientes de las autoridades ecuatorianas contra ciudadanos extranjeros identificados como posibles riesgos para la seguridad reflejan un enfoque más preventivo y proactivo del país frente a amenazas transnacionales cada vez más complejas. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para enfrentar riesgos relacionados con el crimen organizado, el financiamiento ilícito y redes internacionales que operan en la región.
El 25 de marzo de 2026, las autoridades ecuatorianas detuvieron al ciudadano sirio identificado como M.H., a quien el Ministerio del Interior señaló como presunto integrante del grupo Hezbolá. Según las autoridades, M.H. ingresó de forma irregular al país y tenía antecedentes por tráfico de drogas desde 2005, lo que llevó a investigar posibles vínculos con redes de financiamiento ilícito.
Ese mismo día, fue deportado el iraní Sheij Mohammad, director del Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní en Quito, tras un informe de inteligencia. Medios de comunicación señalaron que las autoridades sospechaban vínculos con actividades de captación de recursos y nexos con la Fuerza Quds, unidad élite de la Guardia Revolucionaria de Irán. Las autoridades ecuatorianas presentaron ambos casos como medidas preventivas orientadas a mitigar posibles riesgos de seguridad.
Estos casos ilustran el tipo de amenazas transnacionales que las autoridades buscan detectar de manera más temprana. Frente a redes criminales e ilícitas cada vez más interconectadas, que operan a través de fronteras y mediante canales tanto legales como ilegales, Ecuador está dando mayor énfasis a la prevención, la alerta temprana, el intercambio de inteligencia y las respuestas coordinadas.
En este contexto, el Gobierno ecuatoriano busca incorporar de manera activa a la población como un componente estratégico de la seguridad nacional, mediante el uso de la línea telefónica 131. Este canal confidencial permite reportar actividades sospechosas y forma parte del programa de recompensas del Bloque de Seguridad, iniciativa que contempla incentivos económicos por información verificable que contribuya a desarticular redes criminales y de terrorismo.
Para las autoridades, este tipo de amenazas no siempre es visible a gran escala, sino que suele manifestarse en señales cotidianas: movimientos financieros irregulares, operaciones logísticas inusuales o cambios abruptos en dinámicas comerciales. Identificar y reportar estos indicios permite fortalecer la capacidad de respuesta temprana del Estado.
De economías ilícitas a amenazas híbridas
En los últimos años, el entorno de seguridad en Ecuador ha evolucionado de forma significativa, impulsado por la expansión del narcotráfico y su integración con redes transnacionales. Según InSight Crime, el país pasó de ser un territorio de tránsito a un nodo estratégico para el envío de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. Puertos como Guayaquil y zonas costeras como Manabí y Esmeraldas se han convertido en focos de actividad criminal.
La diversificación de las economías ilícitas ha acompañado este proceso. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha documentado la expansión hacia actividades como el lavado de activos, la extorsión y la minería ilegal. Autoridades ecuatorianas y reportes internacionales también han señalado que una parte significativa de los cargamentos de cocaína que salen de la región pasan por puertos ecuatorianos, aunque las estimaciones varían.
En este escenario, sectores clave de la población activa –transportistas, comerciantes, trabajadores portuarios y profesionales– desempeñan un papel cada vez más importante en la detección temprana de anomalías, lo que convierte la denuncia ciudadana en un multiplicador de la inteligencia y los esfuerzos de las autoridades.
Análisis regionales de seguridad, incluido un informe de la Armada Nacional de Colombia, han advertido sobre una posible convergencia entre redes criminales transnacionales y actores externos interesados en explotar economías ilícitas en Latinoamérica. Según estas evaluaciones, la cooperación entre estos actores podría facilitar actividades logísticas, financieras y operativas ilícitas en la región.
El experto peruano en seguridad Jorge Serrano explicó a Diálogo que estas dinámicas reflejan una convergencia operativa: “Los grupos terroristas adoptan tácticas propias del crimen organizado para financiarse, mientras que las organizaciones criminales recurren a métodos terroristas para expandir su control”.
Capacidades operativas y respuesta
Frente a estos desafíos, en enero de 2026 el Gobierno ecuatoriano anunció un nuevo plan de seguridad que incluye una inversión de USD 180 millones en tecnología de alta gama como parte del fortalecimiento del Plan Fénix, orientado a mejorar la respuesta del país frente al crimen organizado.
Las medidas incluyen helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito, un sistema radar 3D, escáneres, drones para control fronterizo y la modernización de sistemas de inteligencia. “Reforzaremos la movilidad y la capacidad operativa en aire, mar y tierra”, aseguró el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Estas herramientas buscan mejorar la capacidad de las autoridades para identificar actividades sospechosas y actuar sobre la información en tiempo real.
Cooperación internacional y corresponsabilidad
El fortalecimiento de estas capacidades se ha acompañado de una mayor cooperación internacional. A inicios de marzo, Ecuador y los Estados Unidos iniciaron operaciones militares conjuntas para enfrentar organizaciones criminales transnacionales y reforzar la seguridad regional. En 2025, los EE. UU. destinaron USD 13,5 millones en asistencia de seguridad y USD 6 millones en tecnología de drones.
El 11 de marzo, el Gobierno ecuatoriano y los Estados Unidos reforzaron aún más su colaboración mediante el establecimiento de una oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Quito, fortaleciendo la cooperación con las autoridades ecuatorianas en áreas como inteligencia criminal y análisis investigativo. Esta cooperación permite a Ecuador acceder a inteligencia, tecnología y apoyo operativo adicional, fortaleciendo su capacidad para enfrentar amenazas que con frecuencia se extienden más allá de sus fronteras.
Serrano subrayó que enfrentar estos desafíos requiere esfuerzos coordinados. Según explicó, el intercambio de inteligencia, combinado con la denuncia ciudadana, permite una respuesta más efectiva frente a amenazas complejas.
En el plano normativo, Ecuador también ha endurecido su marco jurídico mediante reformas que fortalecen los controles migratorios y agilizan procesos de deportación, con el objetivo de limitar el uso del territorio nacional por redes transnacionales.
En este modelo, la seguridad deja de ser vista como una responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse en un esfuerzo compartido. Una sola llamada telefónica puede contribuir a prevenir delitos, proteger comunidades y debilitar redes criminales. Ecuador avanza así hacia un enfoque en el que la seguridad depende no solo de las instituciones estatales, sino también de la cooperación con socios internacionales y de la participación activa de la ciudadanía.
