A medida que continúan los desafíos de seguridad y humanitarios en Haití, el país enfrenta la difícil tarea de reducir la violencia mientras reconstruye la confianza pública en las instituciones del Estado. Los grupos armados han ampliado su presencia en amplias zonas de la capital, Puerto Príncipe, contribuyendo al desplazamiento masivo de personas y a interrupciones en la vida cotidiana, las rutas de abastecimiento y el acceso a alimentos, atención médica y otros servicios esenciales.
En este contexto, los esfuerzos para restablecer la seguridad van más allá de enfrentar a las pandillas. También implican fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la población civil, mantener el acceso a servicios esenciales y generar condiciones que permitan a las comunidades recuperarse y avanzar hacia una mayor estabilidad.
En ese escenario, la Fuerza de Represión de Bandas (GSF), respaldada por los Estados Unidos y socios internacionales, refleja una respuesta más coordinada y sólida que ya se está implementando, orientada no solo a reducir la violencia, sino también a fortalecer la credibilidad institucional a largo plazo.
Autorizada a finales de septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la GSF se basa en el Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS) liderado por Kenia, reuniendo hasta 5500 efectivos de diversas regiones, con el apoyo de un componente civil y del respaldo logístico de la ONU.
Varios países de Latinoamérica y el Caribe continúan desempeñando un papel en el esfuerzo multinacional. Guatemala, El Salvador, Jamaica, las Bahamas y Belice contribuyeron previamente con personal bajo la misión MSS, experiencia que ahora ayuda a orientar la transición hacia la GSF. Asimismo, socios regionales como las Bahamas, El Salvador, Guatemala y Jamaica participan en la estructura de coordinación de la misión junto con contrapartes internacionales, reflejando una cooperación hemisférica más amplia para abordar desafíos de seguridad compartidos.
Enfoque multidimensional para construir confianza
Una de las características más destacadas de la misión es la integración de capacidades civiles junto con las operaciones de seguridad. Aunque limitado en tamaño, este componente civil contribuye a la supervisión, la coordinación y la vinculación con instituciones y comunidades.
Esto responde a una comprensión más amplia de que restablecer la seguridad en Haití no puede depender únicamente del uso de la fuerza. Los esfuerzos de estabilización también requieren fortalecer la capacidad institucional, la rendición de cuentas y la confianza pública en las autoridades.
En este sentido, la ONU ha establecido mecanismos de seguimiento que prevén informes periódicos sobre los avances de la misión, con el objetivo de reforzar la transparencia y permitir ajustes durante su implementación.
Al mismo tiempo, iniciativas como la formación de periodistas en cobertura en zonas de conflicto y el apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por la violencia buscan fortalecer los vínculos entre la misión y la sociedad civil.
“Trabajar con socios diversos es positivo y, de cara al futuro, será observando señales concretas de la sociedad y su retorno a la normalidad —por ejemplo, con la reapertura continua de las escuelas— como se medirá el impacto del buen funcionamiento de esta estrategia”, explicó a Diálogo el experto en seguridad con sede en Washington Scott Morgan.
Cambio en el enfoque operativo
La GSF también refleja un cambio en el enfoque operativo. Mientras que el MSS se basaba principalmente en unidades policiales, el nuevo esfuerzo incorpora un componente militar más sólido, lo que permite operaciones más robustas en zonas donde los grupos armados mantienen un control significativo.
“Es un cambio significativo porque cambian las reglas de enfrentamiento. La opción militar opera en el terreno de manera más contundente, permitiendo, por ejemplo, expulsar a las pandillas de los barrios incluso mediante el uso de la fuerza, si es necesario”, explicó Morgan.
En una conferencia de prensa celebrada pocos días antes de la aprobación de la resolución, Henry Wooster, encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos en Haití, describió el cambio de estrategia definiendo el nuevo mandato como “más sólido, más contundente” y con una “libertad de maniobra para perseguir a estas bandas, para llevar la lucha directamente a su territorio”.
Entre los desarrollos más relevantes se encuentra el despliegue de tropas de Chad, cuyo ejército ha reforzado su reputación en los últimos años por su capacidad para operar en entornos complejos y de alto riesgo. “La reputación del ejército chadiano en operaciones de mantenimiento de la paz ha mejorado considerablemente en los últimos años. En Mali demostraron ser eficaces operando en terrenos difíciles. Esta es una ventaja que la policía keniana en Haití no tenía”, explicó Morgan.
Estas capacidades resultan especialmente relevantes en un contexto en el que la violencia se ha extendido más allá de Puerto Príncipe hacia departamentos como Artibonite y el Centro, donde grupos armados —incluidas pandillas como Gran Grif y la coalición Viv Ansanm— han consolidado su control sobre rutas clave recursos locales.
Datos recientes reflejan la magnitud del desafío. Solo en 2025, más de 5900 personas fueron asesinadas en Haití, frente a más de 5600 en 2024. En algunas zonas de Puerto Príncipe, las tasas de homicidio figuran entre las más altas del mundo.
Más allá de la seguridad
El impacto de la GSF se mide cada vez más por su contribución a restablecer la presencia del Estado en zonas durante largo tiempo afectadas por el control de las pandillas. Esto incluye mejorar el acceso a carreteras y rutas de suministro, facilitar la entrega de ayuda humanitaria y crear condiciones para la reapertura de escuelas, mercados y servicios esenciales.
A medida que avanzan las operaciones y mejora la coordinación, la presencia de fuerzas de seguridad más coordinadas y sostenidas contribuye a restablecer el orden y la previsibilidad en las comunidades afectadas, un paso clave para reconstruir la confianza en las instituciones. En un contexto en el que los grupos armados han ejercido control mediante la coerción y donde la presencia del Estado ha sido limitada, la presencia sostenida de fuerzas de seguridad profesionales y responsables resulta esencial para restablecer la normalidad y reforzar la confianza pública.
