Guatemala fue el epicentro de un ambicioso esfuerzo regional al reunir a líderes de fuerzas de seguridad, autoridades locales, expertos y representantes de la sociedad civil en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial. El evento, realizado a mediados de febrero, marcó el lanzamiento del Grupo Latinoamericano y del Caribe en Seguridad y Democracia (GLACSED), una iniciativa clave cuyo objetivo es articular respuestas regionales efectivas frente al creciente poder del crimen organizado.
La propuesta busca consolidar políticas de seguridad pública basadas en evidencia, colaboración multinivel y un fortalecimiento institucional sólido, informó el Ministerio de Gobernación guatemalteco. El foro se produce en un momento en que las redes criminales están expandiendo su alcance a través de las fronteras, desafiando las respuestas nacionales y aumentando la presión por una acción regional coordinada.
“Buscamos reunir a los mejores expertos regionales y globales para enfrentar el crimen organizado, la corrupción y la criminalidad. Esto, unido al trabajo de las instituciones democráticas, puede marcar una diferencia significativa”, afirmó Carlos Alvarado, expresidente de Costa Rica y presidente del GLACSED, durante la inauguración del evento. Alvarado destacó que el propósito es dotar de herramientas y prácticas efectivas a quienes diariamente enfrentan estos desafíos en los territorios.
Cooperación técnica y diseño estratégico
El Foro cuenta con el respaldo técnico de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), reconocida por su experiencia en el análisis y asesoramiento sobre fenómenos criminales complejos. Este apoyo contribuye al desarrollo e implementación de un plan de trabajo para el resto de 2026.
“Estamos construyendo una plataforma que descansa en tres pilares fundamentales: consenso político para respuestas efectivas dentro del marco de la ley, conocimiento de expertos con experiencia comprobada, y acciones prácticas en el terreno”, enfatizó Mark Shaw, director ejecutivo de GI-TOC y secretario técnico del GLACSED. Shaw subrayó que nunca ha sido más urgente responder al crimen organizado con soluciones concretas y legales.
En este contexto, se establecieron tres ejes fundamentales en el Plan de Trabajo presentado durante el evento: gobernanza territorial y estrategias contra la extorsión; reformas en los sistemas judiciales y penitenciarios para combatir las redes criminales con mayor eficacia; y cooperación internacional para fortalecer capacidades y garantizar acceso a financiamiento. Estás áreas reflejan algunos de los desafíos más persistentes en la región, donde las redes criminales continúan aprovechando la débil coordinación institucional y las brechas entre las respuestas nacionales.
Coordinación regional y fortalecimiento del Estado
Eddy Morales, criminólogo y exdirector general del sistema penitenciario de Guatemala, destacó que esta alianza tiene el potencial de fomentar una coordinación regional más sólida y un espacio de cooperación multilateral en el que los países puedan compartir información de inteligencia, experiencias y estrategias contra el crimen transnacional. “La respuesta conjunta es vital para combatir organizaciones como los cárteles de drogas, el tráfico de armas y la trata de personas”, afirmó Morales en declaraciones a Diálogo.
El crimen organizado no solo amenaza la seguridad de los ciudadanos, sino que busca usurpar el control legítimo del territorio en zonas vulnerables. Por esta razón, el Foro subrayó la importancia de recuperar la presencia del Estado en áreas donde las redes ilícitas han ganado terreno. Esto incluye esfuerzos por evitar que las cárceles funcionen como centros de operación criminal, una problemática recurrente en la región.
Además, Morales puntualizó que el fortalecimiento institucional es esencial y depende en gran medida de capacitaciones técnicas, avances tecnológicos y apoyo financiero dirigido a las agencias de seguridad y justicia. “Sin reformas internas que garanticen transparencia, control de la corrupción y capacidad institucional, cualquier ayuda externa, aunque eficaz a nivel operativo, tendrá poco impacto a nivel estructural”, advirtió Morales.
Necesidad de integración regional
Aunque Latinoamérica y el Caribe han registrado una disminución moderada en las tasas de homicidio en los últimos años, los niveles de violencia siguen siendo elevados y desiguales en la región. Países como Ecuador han experimentado incrementos significativos, alcanzando algunas de las tasas de homicidio más altas del hemisferio, mientras que otros continúan enfrentando dinámicas criminales arraigadas que dificultan avances sostenidos.
El Brigadier General Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, destacó que la falta de integración regional es uno de los mayores obstáculos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. “El delito no tiene fronteras; somos nosotros quienes las establecemos, a menudo dificultando la cooperación”, afirmó en una entrevista con Canal Antigua de Guatemala.
Además, expertos como el doctor Henry Rodríguez, especialista en Políticas Públicas, señalaron que los grupos criminales han sufrido una transformación radical, adoptando tecnología avanzada para optimizar su logística delictiva, controlar territorios y enfrentarse a las entidades estatales. Esto obliga a las fuerzas de seguridad a adoptar una estrategia multidimensional que supere la reacción inmediata y aborde las raíces estructurales del problema.
En el cierre del foro, Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación de Guatemala, destacó que una respuesta eficaz debe centrarse en atacar las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de la seguridad regional debe respetar los principios democráticos que legitiman la acción del Estado, asegurando que las medidas implementadas no comprometan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El GLACSED representa un esfuerzo coordinado para avanzar de diagnósticos compartidos hacia una acción regional más estructurada frente al crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe. Al alinear prioridades en torno al control territorial, la reforma de los sistemas de justicia y la cooperación transfronteriza, la iniciativa busca traducir el diálogo en medidas prácticas que puedan adaptarse a nivel nacional.
