Un reciente informe publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, un think tank de seguridad con sede en Suiza, titulado La Quinta Ola, advierte sobre la transformación del crimen organizado. Además de alcanzar nuevos niveles de sofisticación gracias a los drones y la inteligencia artificial, las redes criminales se infiltran cada vez más en los mercados legales.
Según el informe, en el futuro “los mercados serán turbios y las distinciones tradicionales entre lo lícito y lo ilícito serán menos distinguibles. Las actividades legales y las empresas delictivas pueden llegar a ser indistinguibles entre sí”.
Un ejemplo significativo en Latinoamérica es el de Brasil. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización de la sociedad civil que monitorea el crimen organizado, el Primer Comando de la Capital (PCC) factura actualmente en la economía legal más de USD 25 000 millones. Según el Instituto del Combustible Legal, una organización no gubernamental que trabaja para proteger al sector legal, el grupo ha llegado a infiltrarse en la cadena de producción de combustible del país latinoamericano, gestionando desde pozos hasta refinerías y estaciones de servicio.
“En la región la creciente diversificación de las actividades de los grupos criminales organizados es cada vez más evidente”, afirma Tamara Taraciuk Broner, directora del Centro Peter Bell para el Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, un think tank con sede en Washington. En un informe titulado Experiencias de (in)seguridad pública en San Pablo y Río de Janeiro, Broner explica cómo en la región amazónica del norte de Brasil “se ha desarrollado un complejo ecosistema de actividades ilícitas, caracterizado por la tala ilegal, la deforestación, el acaparamiento de tierras, el tráfico de vida silvestre y la minería ilegal”.
Estas amenazas emergentes se están extendiendo también a otros países panamazónicos y a varias zonas trifronterizas (Brasil-Bolivia-Perú, Brasil-Colombia-Perú, Brasil-Colombia-Venezuela y Brasil-Venezuela-Guyana). “El control de las fronteras es un reto importante, no sólo por su extensión territorial, sino también porque son puntos clave para el tráfico, el contrabando, el blanqueo de dinero y otras actividades que se llevan a cabo a través de rutas terrestres, acuáticas y aéreas”, afirma el informe.
“Hay una expansión geográfica de las redes criminales y la generación de alianzas entre diferentes grupos. Este es el caso del PCC que surgió en San Pablo y que hoy tiene una presencia internacional imponente. Es un buen ejemplo de este fenómeno”, explica a Diálogo Emiliano Rojido, investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro y asesor sobre políticas de seguridad pública en el Ministerio del Interior de Uruguay.
Según el experto, “hay también una mayor dispersión de las redes criminales que deriva en la sustitución de los capos del crimen organizado por un sistema de brokers o intermediarios, de manera que las redes se vuelven más difusas o menos evidentes”.
En Latinoamérica, la ‘Ndrangheta lleva años utilizando esta estrategia, como demuestran, por ejemplo, los casos de sus brokers más famosos, Rocco Morabito y Nicola Assisi, ambos detenidos en Brasil tras años huidos. En Ecuador, esta mafia italiana ha preferido que el envío de cocaína a Europa sea gestionado por delincuentes albaneses con los que históricamente ha colaborado durante años también en el viejo continente.
“De los capos al estilo Pablo Escobar del pasado se ha pasado a las redes criminales. La principal consecuencia de este cambio es que las instituciones necesitan estrategias más sofisticadas. Detener a los líderes de una organización no siempre da grandes resultados, ya que con frecuencia se crean vacíos de poder que conducen a un aumento de la violencia, la inestabilidad y la evolución de otros grupos delictivos”, explica Broner.
La expansión generalizada y el coste social del narcotráfico
El crimen organizado también ha cambiado en su expansión geográfica dentro de Latinoamérica. La globalización de cárteles criminales capaces de operar en varios continentes ha hecho que incluso países de la región que antes no se veían afectados por la violencia de los grupos criminales hayan perdido en los últimos años su inmunidad frente a la delincuencia. Según el Estudio Global sobre Homicidios 2023, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Chile, junto con Argentina, Costa Rica y Uruguay, tenía hasta hace poco más de una década una de las tasas de homicidios más bajas de la región: 2,5 por cada 100 000 habitantes. En 2022, la cifra había aumentado a 6,7 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Datos de la ONU revelaron que los homicidios aumentaron 25,8 por ciento también en Uruguay entre 2021 y 2022. Durante este período, el país fue el segundo, dentro de 45 seleccionados de todo el mundo, con más porcentaje de homicidios relacionados con el crimen organizado y las pandillas, siendo sólo superado por Jamaica.
“Uruguay es un país con un mercado interno muy pequeño, que tradicionalmente ha sido, en relación a las drogas, un mercado de tránsito y de consumo”, dice Rojido. Sin embargo, según el experto, “en los últimos años se ha vuelto un país de acopio también, porque al menos se han incautado grandes volúmenes de drogas en estancias del país, por ejemplo, y se han incautado también grandes volúmenes de drogas en Europa de embarcaciones que han pasado por el Uruguay o que han salido del Uruguay”.
El costo social y económico de esta transformación es pesado no sólo para Uruguay, sino para toda la región. Según un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la delincuencia cuesta una media del 3,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina. Esto equivale a casi el 80 por ciento de los presupuestos públicos de educación, el doble en asistencia social y 12 veces más en gastos de investigación y desarrollo.
“Esta violencia afecta a las personas, a las víctimas directas, pero también a sus familias y, asociado como un todo, afecta a la economía, destruye recursos, aumenta los costos, afecta al sistema de justicia, al sistema sanitario, al sistema de justicia penal”, afirma Rojido.
El papel de la cooperación
Ante un escenario tan complejo, la cooperación interregional e internacional son instrumentos clave para contrarrestar la evolución de la delincuencia organizada en Latinoamérica. “La cooperación internacional es muy importante para trabajar en estas redes que indican la existencia de una cadena global o transnacional”, dice Rojido. Para el experto, el creciente espacio dado a la regulación para prevenir y controlar el lavado es también un componente clave en la lucha contra el crimen organizado. “En esta perspectiva, en el ámbito de las políticas públicas este tema se está instalando en la agenda de varias agencias internacionales, como la Organización de Estados Americanos”, afirma Rojido.
En julio de 2024, la entonces secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet L. Yellen, anunció la Iniciativa de la Región Amazónica contra las finanzas ilícitas y para combatir los delitos contra la naturaleza, una asociación con los países de la cuenca amazónica: Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. En diciembre de 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó una alianza regional de seguridad contra la delincuencia, que reúne a 18 países de Latinoamérica y el Caribe.
“Estamos intentando organizarnos en una iniciativa regional porque la delincuencia organizada no tiene fronteras nacionales”, dijo a la prensa Ilan Goldfajn, presidente del BID. Desde 2023, Europa y sus socios de Latinoamérica y el Caribe también se han unido en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional a través del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado 2.0 (El PacCTO 2.0) que proporciona asistencia técnica.
Gracias a estos programas se han intensificado las operaciones contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico.
“La cooperación internacional es necesaria porque estas organizaciones no tienen fronteras geográficas. Son individuos y organizaciones que operan más allá de las fronteras nacionales”, dice Broner. Por lo tanto, se necesita una estrategia global para contrarrestar la mayor amenaza para la seguridad de Latinoamérica, concluyó.
