El ataque perpetrado el 13 de octubre de 2025 en el barrio Los Cedros, al norte de Bogotá, contra dos activistas venezolanos ha reavivado las alarmas sobre la seguridad de los exiliados del régimen de Nicolás Maduro en la región. Para muchos refugiados, no se trata de un hecho aislado, sino un escalofriante punto de inflexión de una estrategia de persecución que traspasa fronteras con apoyo, complicidad o tolerancia estatal.
Yendri Velásquez, activista de derechos humanos, y Luis Peche Arteaga, analista político, ambos residentes en Colombia desde 2024, fueron blanco de un ataque planificado, informó la revista Semana. Presuntos sicarios los esperaron mientras salían de un edificio en el norte de la ciudad y efectuaron al menos quince disparos. Ambos sobrevivieron.
La acusación del Tren de Aragua-Maduro
El tiroteo alarmó a figuras de la oposición y analistas de seguridad, que relacionaron el intento de doble homicidio con la doctrina establecida de represión transnacional del régimen. Los líderes de la oposición venezolana y los analistas de seguridad creen que el ataque fue probablemente perpetrado por el Tren de Aragua (TdA). Se cree que esta organización criminal transnacional (OCT), declarado organización terrorista por varios países de la región, ejecuta la doctrina del régimen de guerra híbrida o asimétrica, lo que permite a Caracas proyectar la violencia política más allá de sus fronteras mientras mantiene una negación plausible.
Ambos activistas habían huido de la creciente represión en su país el año pasado, informó la agencia AP. Según Laura Christina Dibb, directora del programa sobre Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), lo ocurrido refleja una cadena de tragedias que golpea de forma recurrente a la diáspora venezolana, dejando al descubierto la vulnerabilidad de los exiliados y el alcance transnacional de la represión del régimen.
Un éxodo bajo amenaza
Velásquez y Peche forman parte del creciente número de líderes opositores y miembros de la sociedad civil que abandonaron Venezuela tras las elecciones de 2024, denunciadas por organismos internacionales como manipuladas por el régimen de Maduro. Aquella votación desencadenó una nueva ola represiva que dejó más de 2000 detenidos, entre ellos defensores de derechos humanos y críticos del régimen.
Con su salida, ambos se sumaron a los casi 8 millones de venezolanos que han abandonado su país desde 2018, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Muchos encontraron refugio en Colombia, aunque líderes de la diáspora advierten que esa protección se ha vuelto cada vez más frágil ante los nuevos episodios de violencia.
Tras el reciente atentado, representantes de la comunidad venezolana y organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el aumento del miedo entre quienes antes consideraban seguras a las naciones andinas. Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia (ColVenz), señaló que el temor a una posible persecución ha estado latente desde hace años, especialmente por la facilidad con la que pueden contratarse sicarios en Colombia debido a la presencia de grupos criminales, informó AP.
El éxodo venezolano se ha convertido, además, en un blanco múltiple de amenazas. Mientras el régimen busca extender su control más allá de las fronteras para intimidar y silenciar a activistas en el exilio, los migrantes también quedan expuestos a redes criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad. En las rutas migratorias y en los países de acogida, organizaciones dedicadas al tráfico de personas, la explotación sexual y el trabajo forzoso encuentran terreno fértil ante la falta de protección y el desamparo institucional que enfrentan miles de desplazados.
Las OCT como herramientas de guerra asimétrica
“La migración venezolana es utilizada como un arma de guerra”, dijo a Diálogo Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, en Bogotá, al referirse al uso del éxodo venezolano por parte de organizaciones criminales como el TdA.
Una opinión que comparte el analista panameño y profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia, quien señaló a Diálogo que “la organización criminal venezolana TdA ha visto en la migración masiva una mina de oportunidades, utilizándola como plataforma para expandir sus operaciones delictivas”.
El experto en seguridad y defensa señaló que esta situación debe entenderse en el marco de una guerra híbrida o asimétrica, en la que Estados autoritarios, e incluso criminalizados, como el venezolano, emplean estrategias de desestabilización a través de actores no estatales como el TdA. “Desde la época de Hugo Chávez se adoptó en Venezuela una doctrina de guerra asimétrica, en la cual el uso de estructuras criminales forma parte de la estrategia de seguridad nacional”, dijo Chacón.
El precedente de Ronald Ojeda en Chile
El atentado contra los dos activistas venezolanos en Colombia no es un caso aislado. El secuestro y asesinato en Chile del militar disidente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en 2024, marcó un precedente alarmante. Ojeda, un fuerte crítico de Maduro y participante en el levantamiento militar de 2017, fue hallado muerto tras ser secuestrado en Santiago.
Las investigaciones concluyeron que el crimen tuvo un trasfondo político, orquestado desde Venezuela y ejecutado por miembros del TdA. En enero de 2025, la Fiscalía chilena confirmó que la hipótesis central apuntaba a una operación financiada por altos mandos del régimen, incluido Diosdado Cabello, el llamado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Maduro, considerado el principal operador político e ideólogo de la inteligencia chavista. Según reveló el diario La Tercera, el pago por el asesinato habría sido canalizado a través de un intermediario, con apoyo de una facción del TdA.
El exembajador de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, advirtió a AP que el régimen de Maduro “tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque de este tipo en Colombia” y que desde hace tiempo vigila a sus adversarios en el país vecino. “Todos los miembros de la oposición que vivían en Bogotá estaban preocupados por la posibilidad de sufrir un ataque o estar bajo vigilancia”, señaló.
El TdA, brazo operativo del régimen
Refugiados y organizaciones de la diáspora venezolana en Colombia sostienen que el ataque en Bogotá confirma un patrón de intimidación transnacional. En 2024, Semana recogió testimonios de perseguidos en Bogotá, Cali y ciudades fronterizas que denunciaban el seguimiento y hostigamiento por parte de presuntos agentes de inteligencia venezolanos.
Los testimonios apuntan al TdA, declarado ya como organización terrorista por varios países de la región, como brazo operativo y proxy del régimen. El grupo, según Semana, mantiene vínculos con altos mandos chavistas, incluido Cabello.
“El crimen organizado transnacional, como el TdA, representa una de las mayores amenazas globales porque combina actividades ilícitas, terrorismo y control territorial como herramientas de guerra moderna”, comentó Chacón.
Según datos de Insight Crime y Transparencia Venezuela, el TdA opera actualmente en más de una docena de países de la región, con presencia consolidada en Chile, Perú, Colombia y Brasil. La organización se especializa en el tráfico de personas, la explotación sexual y el control de economías ilícitas en zonas fronterizas, además de tener actividad en el Caribe. Asimismo, ha extendido su influencia hacia Guyana y Surinam, vinculada al control de la minería ilegal en el sur de Venezuela.
