China, el principal inversor extranjero en el sector minero de Perú, está aumentando su presencia. En octubre pasado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China firmó un acuerdo para promover mayores inversiones mineras en el país andino.
Como parte de este acuerdo, la china Minerals and Metals Group (MMG) anunció en marzo que reactivaría el proyecto minero de cobre Galeno, en la región de Cajamarca, al noreste de Perú, tras diez años de inactividad. Con una inversión estimada de USD 3500 millones, el proyecto se encuentra actualmente en la fase de prefactibilidad. En el pasado, había sido objeto de numerosas críticas medioambientales debido al riesgo de destrucción de lagunas y ecosistemas y a los impactos geotécnico-ambientales negativos. Además, estudios han identificado la presencia de sulfuros, lo que podría generar acidez y afectar la calidad del agua en la zona.
“La expansión de China es peligrosa para el ambiente y porque promueve el retroceso en el desarrollo del país. Son las empresas chinas las que imponen las condiciones en el territorio y no al revés”, explica a Diálogo la abogada peruana Isabel Recavarren, fundadora del Centro de Estudios, Formación e Información de Latinoamérica (CEFIAL), organización que promueve la colaboración y el entendimiento entre Europa y Latinoamérica. Según la experta, para darse cuenta de esto “basta con observar la mina de cobre de Las Bambas operada por MMG en el departamento de Apurimac, que ha sido un foco de constantes protestas de comunidades campesinas que denuncian incumplimiento de compromisos y contaminación”.
Según el Ministerio de Energía y Minas peruano (MINEM), las empresas chinas han comprometido en 2024 inversiones por unos USD 11 000 millones en siete proyectos mineros del país, lo que representa el 20 por ciento de la cartera total de proyectos mineros peruanos, valorada en USD 54 000 millones.
Entre las inversiones de China se encuentran la reserva de hierro de Pampa de Pongo, de Jinzhao Mining Peru S.A., y la mina de cobre Don Javier, de la filial peruana de Junefield Holdings Limited, ambas ubicadas en el departamento de Arequipa; las minas de cobre Chalcobamba y Reposición Ferrobamba, de MMG, en el departamento de Apurímac; y las de Río Blanco, del Zijin Mining Group, en Piura. A estos proyectos se suma la ampliación de la mina de cobre de Toromocho, propiedad de Chinalco, subsidiaria de la estatal Aluminum Corporation of China Ltd, ubicada en Junín.
La amenaza ambiental
En 2015, la compañía MMG realizó una modificación al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, sustituyendo la utilización de un mineroducto por el transporte terrestre de los minerales. Como resultado, se produjo un notable aumento en la circulación de camiones de gran tonelaje, con un promedio diario de 370 unidades que recorren más de 450 kilómetros hasta llegar al puerto de Matarani.
El ruido, la deforestación, la contaminación, el polvo, la pérdida de biodiversidad y la falta de compensación por el impacto negativo han sido algunos de los problemas que han afectado a cientos de comunidades locales. “Entre los principales impactos ambientales de Las Bambas se encuentran la contaminación del agua por los residuos tóxicos en los ríos y la del aire debido al polvo y a los metales pesados generados por la explotación minera”, afirma Recavarren.
Otro caso relevante es la mina Toromocho de cobre, en Junín, operada por la estatal china Chinalco. “Fue sancionada en 2020 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), debido a contaminación de ríos y lagunas cercanas con metales pesados”, dice Recavarren.
El impacto social de la minería china
Chinalco ha anunciado para 2025 una ambiciosa campaña de exploración para ampliar el tajo de la mina Toromocho. Actualmente, la mina produce 170 000 toneladas de cobre al día y cuenta con una vida útil proyectada de 36 años. La nueva fase de exploración, programada para 2025, se enfocará en las zonas norte y noreste del tajo, así como en niveles más profundos, con el objetivo de identificar nuevas reservas de cobre y molibdeno.
Sin embargo, esta ampliación ha generado preocupaciones entre las comunidades locales y organizaciones sociales. La región ya ha enfrentado consecuencias socio-ambientales debido a la minería, y se teme que la expansión pueda agravar estos problemas. Organizaciones como la Red Muqui, que apoyan a las comunidades afectadas por la minería, han señalado inconsistencias en la modificatoria del estudio de impacto ambiental presentado por Chinalco. Además, el proceso de reasentamiento de la población de Morococha, llevado a cabo para permitir la operación de la mina de Toromocho, ha sido objeto de críticas. Un informe de las Naciones Unidas de 2018 concluyó que el proceso fue incompleto y peligroso, y que Chinalco violó los derechos humanos de los peruanos al no garantizar adecuadamente las condiciones de vida de los reasentados.
“Los inversionistas chinos no realizaron el procedimiento de consulta previa. Además, en 2013 llevaron a cabo el desplazamiento forzoso y sin condiciones adecuadas de más de 5000 personas”, dice Recavarren.
Actualmente, el distrito de Morococha se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza. “Muchas familias han tenido que migrar a otras ciudades en busca de mejores oportunidades dado que la nueva ciudad de Morococha no garantiza una vida digna o un movimiento económico”, declaró el activista peruano Jaime Borda, de Red Muqui, al sitio de noticias con sede en Ámsterdam, Global Voices. Según el activista, “Chinalco se ha centrado en subcontratar y tercerizar la mano de obra, lo que ha llevado a salarios muy bajos”.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo peruano (MTPE) ha recibido múltiples denuncias contra empresas chinas, incluyendo casos documentados de explotación laboral contra Shougang Hierro Perú, compañía que ha enfrentado más de 19 conflictos laborales desde 2012.
“Las denuncias de explotación laboral incluyen condiciones de trabajo precarias, jornadas largas, bajos salarios y falta de equipos de seguridad”, dice Recavarren. Según la experta, «se han reportado también despidos de trabajadores que intentaban organizarse sindicalmente”, acciones que evidencian el control depredador de las empresas chinas en el sector.
