El Gobierno de Paraguay ha dado pasos decisivos para afianzar sus lazos con los Estados Unidos, mientras intensifica su lucha contra el crimen organizado a través de una integración diplomática y militar de alto nivel con Washington.
A finales de 2025, ambos países formalizaron su alianza en materia de seguridad con la firma de un moderno Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA). El instrumento, firmado en Washington por el por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, tiene como objetivo facilitar de manera más eficiente los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen transnacional regional.
La Cancillería paraguaya señaló que el acuerdo responde al compromiso del presidente paraguayo Santiago Peña de profundizar la relación bilateral y de fortalecer la vigencia de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el hemisferio. El acuerdo facilita la cooperación que puede respaldar una amplia gama de actividades, que abarca desde el entrenamiento militar, la asistencia humanitaria, hasta ejercicios técnicos para desarrollar habilidades en la lucha contra las redes criminales.
Paraguay toma la delantera en la lucha contra el crimen organizado
En una medida sin precedentes, Paraguay designó oficialmente como organizaciones terroristas a las bandas brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV). Esta reclasificación se concretó en octubre de 2025 durante una sesión de alto nivel del Consejo de Defensa Nacional (CODENA). El Consejo, que asesora a la presidencia en materia de seguridad y defensa, buscó dotar al Estado de las herramientas legales necesarias para utilizar la inteligencia militar y los recursos especializados contras estas facciones. La clasificación tiene por objeto permitir sentencias más agresivas, la extradición acelerada y la congelación de activos ilícitos.
La urgencia de la medida quedó validada casi de inmediato por un recrudecimiento de la violencia en Brasil, desencadenado por uno de los mayores operativos policiales en Río de Janeiro contra el CV a finales de octubre, que dejó más de 130 muertos y pusieron de relieve el alcance letal de estos grupos criminales.
Ante el riesgo de que la violencia se extendiera a países vecinos, el Comando Tripartito de la Triple Frontera, conformado por fuerzas de Argentina, Brasil y Paraguay, emitió una alerta de alto nivel sobre la posible entrada de facciones criminales a territorios limítrofes. Posteriormente, el presidente Peña elevó al máximo el nivel de alerta en toda la franja fronteriza con Brasil.
Operativo Escudo Guaraní: Respuesta contundente en las fronteras
Coincidiendo con estos cambios, Paraguay desplegó en noviembre la Operación Escudo Guaraní. Esta movilización interinstitucional masiva contó con la participación de 4000 efectivos militares y 7000 policías, desplegados en los departamentos fronterizos con Argentina y Brasil. La operación fue diseñada para neutralizar la creciente influencia de las organizaciones criminales transnacionales (OCT) que amenazan las fronteras del país y disuadir las incursiones de las facciones.
“La combinación de fuerzas policiales y militares nos hace invencibles”, afirmó el ministro del Interior Enrique Riera en octubre de 2025 en la reunión del CODENA. “El Estado paraguayo usará toda su fuerza disponible para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad de nuestras instituciones democráticas”.
El Contralmirante de la Armada de Paraguay Cíbar Benítez, secretario del CODENA, aclaró aún más la gravedad de las nuevas designaciones. “Estas organizaciones (PCC y CV) trascienden la criminalidad común, y son auténticamente terroristas que amenazan la vida de las personas y la soberanía del país; (…) estas acciones son preventivas y buscan proteger a la población”.
Tendencia regional
La decisión de Paraguay de catalogar a las organizaciones criminales como entidades terroristas refleja una tendencia regional más amplia en Latinoamérica.
En consonancia con el llamamiento de Washington a un enjuiciamiento más enérgico de las OCT, varios países han adoptado un marco jurídico de narcoterrorismo para ampliar sus capacidades tácticas. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue pionero en este enfoque en enero de 2024, cuando designó a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas para permitir la intervención militar en la seguridad interna.
Esta decisión fue posteriormente respaldada por los Estados Unidos, que en febrero de 2025 emitió una oleada de designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) para grupos como el Tren de Aragua, la MS-13 y los principales cárteles mexicanos. En abril, el Congreso peruano siguió su ejemplo y designó al Tren de Aragua como organización terrorista para combatir su influencia desestabilizadora, una medida que también adoptaron Trinidad y Tobago, entre otros países.
Esta sincronización internacional no ha hecho más que profundizarse a medida que las naciones reconocen la superposición entre las amenazas globales y regionales. A mediados de 2024, el Gobierno argentino del presidente Javier Milei designó oficialmente a Hamás como organización terrorista, tras su anterior reconocimiento del estatus terrorista de Hezbolá, una medida que subrayó el compromiso de Argentina de erradicar a los representantes iraníes en el hemisferio.
Esta arquitectura regional se consolidó aún más a finales de 2025, cuando el presidente Noboa firmó un decreto en el que designaba a Hamás, Hezbolá y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como grupos terroristas. Poco después, Argentina reciprocó esta cooperación regional designando a las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas, lo que refleja la naturaleza interconectada de las amenazas modernas a la seguridad.
“En el fondo, esto es una guerra de inteligencia entre los países y las organizaciones criminales. El Estado ha intentado hacerla más eficiente mediante un trabajo interagencial”, explicó a Diálogo el analista Guillermo Holzmann, de la Universidad de Valparaíso. “Ese esfuerzo se apoya, además, en la cooperación de los EE. UU. y de organismos internacionales, que hoy proveen buena parte del apoyo técnico y operativo en esta materia”.
Asegurar el futuro
La combinación de las nuevas designaciones terroristas y el acuerdo SOFA modernizado marcan una era transformadora para la soberanía paraguaya. Este fortalecimiento de los lazos nacionales e internacionales se refleja además en el papel de Paraguay como socio regional; el país está previsto que sea sede de Fuerzas Comando en agosto de 2026. Esta prestigiosa competencia de Operaciones Especiales, patrocinada por el Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), reunirá a equipos de élite de toda las Américas, lo que subraya la creciente importancia de Paraguay como centro de cooperación regional en materia de seguridad.
Para la administración Peña, uno de los objetivos finales es recuperar las fronteras de la nación del control de las OCT. Como aliado proactivo y confiable, Paraguay se asegura de que la lucha contra el crimen organizado cuente con el apoyo de una sólida red de socios comprometidos con los mismos principios de democracia y estado de derecho.
