Las organizaciones criminales transnacionales (OCT) amenazan cada vez más a la Amazonía brasileña, contribuyendo seriamente a la deforestación a través del narcotráfico, la minería de oro y la tala de árboles. Sus actividades contaminan y degradan el medio ambiente y favorecen la violencia, dice un estudio publicado recientemente.
Según la tercera edición de Cartografías de la Violencia en la Amazonia, del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en colaboración con el Instituto Mãe Crioula, que estudió datos entre 2021 y 2023, las OCT ocupan más de 25 millones de hectáreas de tierras públicas. Un tercio de los municipios de la Amazonia Legal brasileña están bajo la influencia de estos grupos criminales.
La Amazonia brasileña está formada por nueve estados, con 772 municipios. De estos, 260 tienen presencia de alguna facción criminal, y en 176 de ellos las OCT tienen el control total, según el estudio. El Comando Vermelho controla 130 municipios, mientras que el Primer Comando de la Capital domina 28. El resto está bajo el control de otros grupos criminales.
Según el estudio, el 59 por ciento de la población, o 15,4 millones de personas, vive en zonas bajo el control de las OCT. En total 19 facciones criminales entre brasileñas, bolivianas, colombianas y venezolanas, operan en la Amazonia. Esta realidad se refleja tanto en el porcentaje de violencia como en la destrucción de la selva. Según el estudio, la tasa de muertes violentas intencionales en la Amazonia es de 32,3 muertes por cada 100 000 habitantes, lo que es un 41,5 por ciento superior a la media brasileña, considerando datos de 2023.
En el área ambiental, el informe Amazon Underworld, un proyecto de los medios InfoAmazonia, Armando.Info y La Liga Contra el Silencio, y las organizaciones no gubernamentales Amazon Watch y Global Initiative Against Transnational Organised Crime, muestra que la crisis climática de la Amazonia es parte de un círculo vicioso, alimentado por economías criminales y actividades ilícitas que llevan a la devastación ambiental, lo que a su vez abre más oportunidades para que los mercados criminales se expandan.
“Cuando miramos, por ejemplo, a los países andinos, toda la economía [criminal], principalmente la producción de skunk [marihuana] y Erythroxylum [coca], que es la planta que origina la cocaína, ocupa áreas vastas”, dijo a Diálogo Roberto Magno Reis Netto, especialista en relaciones internacionales, que estudia la violencia en la Amazonía. “Así que hay una afectación de grandes áreas destinadas a la agricultura para estas especies ilícitas, y esto obviamente afecta al bioma”, añade Netto.
Otras actividades de las OCT que contribuyen al avance de la deforestación, según Netto, son la instalación de laboratorios de procesamiento de drogas en medio de la selva, y estructuras para transportar el producto ilícito, como pistas de aterrizaje.
Los gobiernos regionales han venido intensificando las acciones de lucha contra los delitos medioambientales a través de las OTC, con varias declaraciones ambiciosas en las que se comprometen a aumentar el apoyo, a la lucha contra la delincuencia organizada que impulsa la deforestación ilegal, la extracción de oro, el narcotráfico y otras actividades ilegales relacionadas. Más recientemente, y quizá una de las acciones regionales más importantes, fue la creación en Manaos del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonia (CCPI-Amazônia), que reúne a los ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), así como a socios de los Estados Unidos y la Unión Europea y decenas de otros países.
Lanzado en 2024, “el CCPI-Amazonía es un proyecto coordinado por la Policía Federal [PF], creado para fortalecer la lucha contra la delincuencia en la región amazónica”, dijo la Oficina de Prensa de la PF en un comunicado. “Su objetivo es promover la cooperación y el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad pública nacionales e internacionales, con enfoque principal en la lucha contra los delitos ambientales y la preservación de la biodiversidad”, añadió la PF.
En julio de 2024, los EE. UU. pusieron en marcha una iniciativa en colaboración con los países de la cuenca del Amazonas, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, que tiene por objeto combatir las ganancias de los delitos contra la naturaleza, como la tala y la minería ilegales. La Iniciativa de la Región Amazónica contra la Financiación Ilícita, pretende aprovechar los recursos de los socios regionales para combatir las OCT y sus amenazas para las economías locales y el medio ambiente.
En Brasil, a finales de enero de 2025, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Ricardo Lewandowski, presentó una evaluación de las acciones del FP en 2024, señalando varios avances como el aumento de las incautaciones de drogas, la reducción de la deforestación y el refuerzo de la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada.
En 2024 la PF incautó 74,5 toneladas de cocaína, un 2,8 por ciento más que la cantidad incautada en 2023. En todo Brasil se produjo un descenso del 30 por ciento en las áreas deforestadas, pasando de 16 500 kilómetros cuadrados en 2023 a 11 500 kilómetros cuadrados. En total, se abrieron 5690 investigaciones policiales por asuntos medioambientales.
Andrei Rodrigues, director general de la PF, hizo hincapié en el compromiso de la PF de ampliar las operaciones fronterizas integradas. “Se han llevado a cabo más de 400 operaciones, más de 2000 órdenes de registro e incautación, y varias detenciones preventivas y temporales en todos los estados fronterizos en los que intervenimos. Muchas de estas operaciones implican incluso la cooperación internacional con los países vecinos”, afirmó.
En Colombia, primer productor mundial de cocaína, la Operación Orión reunió a instituciones de 62 países para combatir el narcotráfico, y recientemente incautó 1400 toneladas de droga, por un valor aproximado de USD 8500 millones, durante una operación de 45 días, el Ministerio de Defensa colombiano indicó en un comunicado de noviembre de 2024.
“Estos resultados (…) nos demuestran que la sinergia entre aliados internacionales, es indispensable para seguir enfrentando las redes criminales transnacionales”, afirmó el Vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada de Colombia, durante la presentación de los resultados de la operación.
Para Netto, para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos ambientales en la Amazonia, “los esfuerzos nacionales son esenciales, pero la cooperación internacional es indispensable”, concluyó.
