El régimen venezolano continúa sus ataques contra presuntos opositores, arrestando a actores de la sociedad civil por razones políticas, dijo la Misión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela (FFMV), en una de sus últimas actualizaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El régimen continúa sus intentos para impedir las protestas de los líderes sindicales, cerrar los medios de comunicación y atacar a las organizaciones no gubernamentales, dijo la FFMV durante una presentación a finales de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
“Estos ataques, tanto a la oposición como a los periodistas, se producen desde hace mucho tiempo, casi 20 años”, dijo a Diálogo Leonardo Paz, investigador del Centro de Prospección e Inteligencia Internacional de la Fundación Getúlio Vargas. Según Paz, el aumento de los ataques indica que el régimen tiene más control sobre los organismos reguladores, de seguridad y judiciales, lo que le da más flexibilidad para amenazar a los ciudadanos que critican al régimen.
La crisis político-económica en Venezuela, unida a la represión y los ataques a la población, trae consecuencias para todos los demás países de Latinoamérica y el Caribe.
“Un gran tema está relacionado con el flujo migratorio. Hay un gran flujo de refugiados o migrantes, especialmente en Colombia; pero también en muchos otros países, como Brasil”, dijo Paz. “También están los asuntos relacionados con las actividades delictivas. Tenemos una vieja discusión acerca de los vínculos del régimen venezolano con grupos paramilitares, exguerrilleros como las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], ya sea para garantizar de cierta manera ataques a detractores del régimen, o para ayudar en actividades ilícitas que garanticen un retorno financiero por esto”, agregó el investigador.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5 millones de venezolanos viven en el extranjero, la gran mayoría en países de Latinoamérica y el Caribe, huyendo de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
“Las acciones y decisiones del régimen, encabezado por un autócrata que desprecia totalmente la democracia, afectan naturalmente a toda la región, porque es un país importante en términos de población, y tiene una ciudadanía bastante representativa en el espacio sudamericano. Algunos países, como Brasil, acogen a venezolanos como refugiados. Esto crea un problema para los países que los reciben; es una carga, es un peso”, explica a Diálogo el profesor Paulo Afonso Velasco Júnior, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y autor, junto con el periodista Pedro Rafael Mariano de Azevedo, del libro Venezuela y el Chavismo en Perspectiva.
La expansión del crimen transfronterizo lleva a la destrucción del medio ambiente, la apertura de minas ilegales y la invasión de tierras indígenas, entre otros. Según el informe de la Misión, en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del sur de Venezuela existen denuncias de ataques a indígenas y sus líderes. Uno de estos casos fue el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, líder del pueblo Piaroa, en 2022. El informe afirma que su asesinato debería ser “seriamente investigado”.
Dos proyectos de ley recientes podrían tener un gran impacto en la capacidad de las ONG para llevar a cabo su trabajo, según la FFMV. “Si se sancionan, las nuevas normas consolidarán el control abusivo del régimen sobre la existencia, financiación y actividades de las ONG”, afirmó Francisco Cox Vial, miembro de la Misión.
La FFMV también subrayó que al menos 282 personas siguen detenidas, entre civiles y militares, que continúan privadas de acceso a alimentos y tratamiento médico y cuyas familias son objeto de amenazas y represalias. Las FFMV también destacaron la persistencia de un elevado número de muertes por enfrentamientos con las fuerzas del orden, con más de 700 fallecidos en 2022, según estimaciones de las ONG y otras fuentes.
