“La concentración de poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial de facto, donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades”, dijo el 6 de diciembre de 2021 Fiorella Melzi, coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (MESENI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Melzi hizo estas declaraciones durante el conversatorio virtual “Nicaragua: retrato de la captura institucional en las Américas”, organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Servicio Judío Americano Mundial.
Según Melzi, el régimen de Ortega-Murillo realiza el control y la vigilancia de la ciudadanía a través de instituciones de seguridad estatal y paraestatal, con el aval de los demás poderes del Estado. “No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”, denunció Melzi.
Represión creciente
Durante los últimos tres años, la CIDH ha alertado a la comunidad internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. “[Las violaciones incluyen] hostigamiento y represión contra cualquier persona considerada como opositora al gobierno, uso arbitrario de la fuerza letal y no letal, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, retaliaciones y malos tratos”, dijo Melzi.
Según la experta, el régimen de Ortega-Murillo también utiliza la criminalización mediante cientos de procesos judiciales “bajo cargos infundados o desproporcionados como terrorismo o crimen organizado”.
En los siete meses que precedieron las elecciones generales de noviembre de 2021, el régimen de Ortega-Murillo intensificó la represión con la detención arbitraria y la criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, precisó la abogada. Entre estas personas están siete candidatos a la presidencia que aún permanecen privados de libertad. Melzi también denunció el hostigamiento a líderes de movimientos sociales y estudiantiles, así como el continuo cierre de espacios para la prensa independiente.
Concentración de poder
Según la CIDH, la concentración del poder en Nicaragua comenzó en 1999 con un pacto entre el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), dirigido por Ortega; y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), liderado por el entonces presidente Arnoldo Alemán. Por medio del llamado “Pacto Alemán-Ortega”, ambas fuerzas políticas negociaron una serie de acuerdos para asegurar el control del poder Ejecutivo y la subordinación de los demás poderes del Estado.
“[El Pacto] instauró un sistema bipartidista para facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública”, sostiene la CIDH en el informe “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, publicado el 25 de octubre de 2021. La concentración de poder por el Ejecutivo se intensificó en 2007, cuando Ortega asumió su segundo mandato, y se consolidó con la represión a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018.
En octubre de 2021, el MESENI constató que la represión a las protestas resultaron en al menos 328 víctimas fatales y 1614 personas privadas de su libertad, además de 150 estudiantes expulsados, más de 405 profesionales de la salud despedidos y más de 103 600 nicaragüenses exiliados, según el informe del organismo. “Estas acciones se materializaron con el aval de diferentes instituciones estatales: la Asamblea General, el Poder Judicial (particularmente la Corte Suprema) y el Consejo Supremo Electoral”, dijo Melzi en su presentación.
El acuerdo entre el FSLN y el PLC se consolidó gracias a reformas constitucionales, electorales y legales que quebrantaron el principio de separación de poderes, señaló la CIDH. En 2010, por ejemplo, la Corte Suprema permitió que Ortega se presentara como candidato a la presidencia en las elecciones de 2011, a pesar de existir una prohibición constitucional sobre la reelección.
En 2014, la mayoría del oficialista FSLN de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida. La reforma, aprobada por 64 votos a 25, también dio a la presidencia la facultad de emitir decretos con fuerza de ley, informó en la ocasión la BBC.
“La Asamblea General de la OEA [Organización de los Estados Americanos] ha planteado como esencial que se tomaran medidas con el fin de promover elecciones libres y justas en Nicaragua”, dijo Melzi. “Ninguna de las medidas planteadas por la Asamblea General de la OEA fue implementada”, concluyó.
