Las Fuerzas Militares de Colombia se movilizan para proteger los vastos espacios verdes de la nación, de los estragos de la deforestación ilegal.
Colombia ocupa una amplia franja de la región amazónica, un área cuyo tamaño se aproxima a la superficie de Alemania e Inglaterra juntas, y su singular ecosistema está en peligro. En los últimos años, el aumento del acaparamiento ilegal de tierras, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, entre otros fenómenos, han devastado la selva. Para abordar este problema, Colombia no solo tomó en 2018 la decisión trascendental de reconocer a la región amazónica como una “entidad sujeta de derechos”, sino que también amplió el alcance de su misión militar para proteger a la Amazonia y acabar con lo que el presidente colombiano Iván Duque llamó “hemorragia deforestadora”.
La última incursión de las Fuerzas Militares de Colombia iniciada el 28 de abril de 2019, denominada Campaña Artemisa en referencia a la diosa griega y guardiana de la vida silvestre y los bosques, tiene tres objetivos principales: detener la deforestación destructiva, restaurar el bosque tropical y llevar ante la justicia a los responsables del desmonte. La Campaña Artemisa, en parte estrategia militar y en parte campaña educativa, también intenta promover una cultura de responsabilidad y conservación medioambiental entre los colombianos.
El desafío es enorme. La deforestación es un problema regional que afecta a todos los estados amazónicos. Aunque los incendios de mediados de 2019 pusieron a Brasil y a Bolivia en el centro de la atención, debido a la pérdida de millones de hectáreas de bosque, Colombia también salió perjudicada.
La deforestación en Colombia surgió luego de los acuerdos de paz firmados en 2016 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las pérdidas aumentaron de 70 000 hectáreas en 2016 a 200 000 hectáreas en 2018, la cifra más alta en la historia de Colombia, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), perteneciente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. De repente, los territorios controlados por las FARC se volvieron accesibles y disponibles para su acaparamiento.
“El acuerdo de paz negociado entre las FARC y el Gobierno tenía la finalidad de acabar con el conflicto armado”, expresó Rafael Orjuela, líder comunitario del departamento de Caquetá dentro de la Amazonia colombiana, al portal de noticias online Mongabay. “Pero cuando las FARC se marcharon […] todos sintieron que tenían el derecho de manejarse fuera de la ley, y la deforestación se disparó de inmediato en magnitudes desproporcionadas”.
Si el acaparamiento de tierras y la ganadería de pequeños productores y grandes terratenientes explican la deforestación, un informe de IDEAM emitido en 2018 puso de manifiesto la influencia de disidentes de las FARC y agrupaciones delictivas que contribuyeron a la deforestación para realizar cultivos de drogas ilegales, entre otras actividades. “Los grupos armados presentes en el área promueven el desarrollo de actividades agrícolas ilícitas, así como la expansión de la infraestructura vial informal que afecta los bosques”, indicó el informe.
Con su estrategia pionera, Colombia está tomando medidas severas contra el desmonte ilegal. Desde el lanzamiento de la Campaña Artemisa, más de 22 000 militares y oficiales de policía han llevado a cabo más de 60 operaciones, en donde detuvieron a más de 120 personas que luego fueron acusadas de delitos medioambientales, como iniciar incendios en áreas protegidas.
Para el asesor presidencial de seguridad colombiano Rafael Guarín, la Campaña Artemisa representa un punto de inflexión en los objetivos a largo plazo de las Fuerzas Militares de Colombia. “Por primera vez en nuestra historia estamos alineando los objetivos de nuestra agenda interna, política exterior y seguridad nacional, con el único objetivo de proteger los recursos naturales”, dijo Guarín. “Su misión central es luchar contra la catastrófica deforestación […] y garantizar la integridad de la nación, mediante la protección de los derechos esenciales de los ciudadanos de tener acceso al agua, a un medioambiente limpio y a la biodiversidad”.