Una organización criminal transnacional (OCT) china, integrada por ciudadanos chinos y chilenos, fue desmantelada en Iquique, tras una investigación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de Chile, con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos. Aunque la red utilizaba a decenas de subordinados para la logística local, la empresa fue identificada como una entidad de estilo tríada china que aprovechaba la región de Tarapacá como centro estratégico para delitos financieros globales.
Operando desde galpones y empresas ficticias dentro de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), esta organización liderada por chinos defraudó más de USD 200 millones a cientos de víctimas, entre ellas ciudadanos estadounidenses. Este caso expone la sofisticación de las mafias chinas a la hora de explotar los sistemas financieros locales para facilitar el fraude internacional a gran escala.
Estafas transnacionales y lavado de activos
La investigación inició en mayo de 2025, luego de una denuncia internacional del FBI en la que se detallaban estafas de inversión en línea de carácter depredador. Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales, donde se construía una relación de confianza antes de persuadirlas para que transfirieran grandes sumas de dinero hacia cuentas en Chile.
Para ocultar el origen ilícito del dinero, la banda creó cerca de 119 sociedades comerciales, entre empresas ficticias y otras legítimas, que permitieron fragmentar y triangular los fondos.
“Se demostró que existe un corredor para el lavado de activos en nuestro país”, señaló a la prensa el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI. “El dinero pasaba por distintas cuentas hasta perderse el rastro y ser instalado en empresas consolidadas, disfrazando este patrimonio”.
El operativo principal, llevado a cabo en enero de 2026, movilizó a más de 500 detectives y resultó en decenas de allanamientos. La Fiscalía Regional de Tarapacá logró la prisión preventiva de 12 cabecillas de la organización, a quienes se les atribuye el control estratégico y financiero de la red.
La vulnerabilidad de la ZOFRI
Si bien la ZOFRI es una piedra angular del comercio regional, este caso puso de manifiesto cómo sus disposiciones arancelarias y controles limitados la convirtieron en un “blanco” para las OCT. Guillermo Holzmann, analista internacional, advirtió a Diálogo que la vulnerabilidad de la zona se ve agravada por la falta de un intercambio de datos modernizado y en tiempo real. “El sistema debe modernizarse varios niveles más”, señaló.
El caso también subraya la importancia de la colaboración internacional para neutralizar el crimen transnacional. “Los hechos demuestran que existe una voluntad política de avanzar en este ámbito (…)”, afirmó Holzmann. Además, destacó cómo los grupos de trabajo integrados, como la cooperación entre la PDI y el FBI, generan resultados efectivos.
Las raíces de las mafias chinas en Chile
El caso no es un hecho aislado. Distintas investigaciones han demostrado cómo las mafias chinas han encontrado en Chile un terreno propicio para operar, aprovechando vacíos legales y su conocimiento del marco normativo local. Según InSight Crime, desde 2010 estas organizaciones han estado involucradas en delitos como robo de propiedad intelectual, tráfico de marihuana, operación de casinos ilegales, tráfico de personas, comercio sexual y lavado de activos.
Paralelamente al crecimiento del comercio y la migración, las organizaciones criminales se han arraigado. A medida que el número total de ciudadanos chinos en Chile crecía significativamente —alcanzado más de 13 000 personas en 2018, según el Servicio Nacional de Migraciones de Chile—, las células mafiosas han aprovechado estos flujos crecientes de personas para encubrir sus operaciones ilícitas.
En 2020, la Fiscalía Sur desarticuló una célula vinculada a la agrupación del crimen organizado Bang, originaria de la provincia de Fujian, China. Esta red operaba en regiones como O’Higgins y Metropolitana, y se especializaba en el cultivo de marihuana a escala industrial y el tráfico de ciudadanos chinos para trabajos forzados. El descubrimiento de invernaderos automatizados de alta tecnología y centros de entretenimiento clandestinos reflejó un nuevo nivel de sofisticación criminal y de incursión territorial en el país.
La barrera idiomática es más que un obstáculo para las investigaciones; es un mecanismo de defensa calculado. Al utilizar dialectos regionales, estas organizaciones crean un vacío que las autoridades locales tienen dificultades para penetrar. Como señaló Holzmann, este aislamiento lingüístico suele funcionar como un escudo procesal en los tribunales, donde la falta de servicios de interpretación especializados puede comprometer la capacidad del Estado para obtener una condena.
Problema transnacional
Si bien la expansión del comercio entre Chile y China se basa en acuerdos bilaterales legítimos, el mero volumen de este intercambio comercial proporciona un camuflaje para que las organizaciones criminales y, sin quererlo, las redes criminales integren sus operaciones, utilizando la apariencia de negocios legítimos para explotar las zonas grises de la normativa.
Además, aunque el Estado chino no sanciona oficialmente los actos delictivos, a menudo existe una tolerancia tácita hacia las organizaciones cuyas operaciones se ajustan a los objetivos estratégicos. Esto crea una zona gris en la que los grupos delictivos operan con un nivel de libertad que sugiere que sus actividades se consideran un beneficio neto para la influencia regional de su país de origen.
En este contexto, la presencia de estas organizaciones en Chile no solo representa un desafío para las autoridades locales, sino también para la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional. Esta evolución criminal y la falta de transparencia que la rodea suponen una amenaza significativa para la estabilidad y la seguridad a largo plazo de toda la región.
