Este artículo se publicó originalmente en UPI el 30 de enero de 2026
Gran parte del debate sobre la creciente presencia de China en América Latina se centra en el comercio y los grandes proyectos de infraestructura. Se presta mucha menos atención a una dimensión más oscura que cada vez tiene mayores consecuencias: la expansión del crimen organizado transnacional chino en toda la región. Las actividades delictivas implicadas, en particular la minería, la tala, la pesca y el tráfico de vida silvestre ilegales, suponen un grave perjuicio para los recursos naturales de América Latina, debilitan las instituciones y crean retos que van mucho más allá del daño medioambiental.
Las redes criminales chinas se han arraigado profundamente en las economías ilícitas de toda la región. En zonas donde la gobernanza es débil, la geografía es remota y la capacidad de aplicación de la ley sigue siendo limitada, estas redes explotan las vulnerabilidades existentes desde hace tiempo con habilidad y persistencia. En sectores como la minería ilegal de oro, proporcionan capital y equipo, gestionan la logística y aseguran el acceso a los canales de exportación. El daño va más allá de la degradación medioambiental y se extiende a la consolidación de ecosistemas criminales que erosionan el estado de derecho.
En la cuenca del Amazonas y otras regiones ricas en recursos, las operaciones mineras ilegales vinculadas a actores chinos han contribuido de manera significativa a la destrucción del medio ambiente. Estas operaciones provocan la deforestación, contaminan las vías fluviales con mercurio, dañan ecosistemas frágiles y desplazan a las comunidades indígenas.
Una dinámica similar caracteriza a la tala ilegal, en la que la madera se extrae y se blanquea a través de cadenas de suministro legales utilizando documentación falsificada. Una vez que estos productos entran en los mercados internacionales, resulta mucho más difícil establecer la responsabilidad.
La pesca ilegal representa otra área de creciente preocupación. Grandes flotas de pesca de altura vinculadas al crimen organizado chino se han dedicado repetidamente a la pesca ilegal y no declarada a lo largo de las costas del Pacífico y el Atlántico de América Latina. Estas prácticas agotan las poblaciones de peces y socavan la seguridad alimentaria, mientras que los Estados costeros pierden ingresos vitales y luchan por hacer cumplir eficazmente la normativa marítima.
Lo que hace que estas redes delictivas sean especialmente difíciles de combatir es su capacidad de adaptación y de operar a través de las fronteras. Se apoyan en redes empresariales étnicas y sistemas financieros informales, a menudo reforzados por la corrupción, para proteger sus operaciones del escrutinio.
El lavado de dinero a través de propiedades inmobiliarias, esquemas basados en el comercio, empresas ficticias y otros intermediarios financieros permite que las ganancias de los delitos ambientales circulen dentro de las economías locales, lo que afianza aún más la influencia ilícita y corrompe la actividad empresarial legítima.
Las consecuencias van mucho más allá del daño ambiental. A medida que los actores criminales se infiltran en los mercados legales y las instituciones públicas, debilitan la autoridad del Estado y erosionan la confianza pública. En países que ya se enfrentan a retos de gobernanza, la presencia de sofisticadas organizaciones criminales transnacionales agrava las vulnerabilidades existentes y obstaculiza el desarrollo económico a largo plazo.
Para Estados Unidos y sus socios, estos acontecimientos exigen una atención constante.
Los delitos ambientales vinculados a la delincuencia organizada no son problemas locales aislados, sino operaciones transnacionales que distorsionan los mercados, socavan la credibilidad institucional y complican la cooperación regional. Si no se abordan, corren el riesgo de encerrar a las zonas vulnerables en ciclos de ilegalidad que son mucho más difíciles de revertir que de prevenir.
Por lo tanto, las respuestas eficaces deben ser deliberadas y sostenidas. Es esencial reforzar la cooperación regional y mejorar el intercambio de información, así como desarrollar de forma específica la capacidad de las instituciones policiales y judiciales. Una mayor transparencia en las cadenas de suministro mundiales, en particular en lo que respecta a los minerales, la madera y los productos del mar, puede reducir las oportunidades de que los productos ilícitos entren en los mercados legales.
La colaboración diplomática con los socios latinoamericanos debe tratar los delitos medioambientales como una cuestión de seguridad, y no solo como un problema de conservación.
La creciente presencia de China en el mundo ofrece tanto oportunidades como riesgos. Ignorar la dimensión delictiva de esa presencia en América Latina sería un error muy costoso. El reto que se plantea es hacer frente de manera decidida al crimen organizado, al tiempo que se fortalecen las instituciones y se protegen los recursos naturales de los que depende el futuro de la región.
Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor. No reflejan necesariamente la política o posición oficial de ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos, de la revista Diálogo o de sus miembros. Este artículo de Academia fue traducido por máquina.
