El día que la fachada de su modesta casa amaneció cubierta por grafiti que prometía “vamos x ti” y venía firmado “los colectivos” (pandillas armadas que defienden al régimen de Nicolás Maduro), Milagros Eulate, la diputada por el estado Vargas, en el litoral central de Venezuela, dijo a Diálogo: “Esto se va a agravar”.
“Esto” es el acoso que Maduro mantiene, por todas las vías a su disposición, contra los diputados de la oposición que, como Eulate, controlan una súper-mayoría de más de dos tercios en la Asamblea Nacional de Venezuela.
Lamentablemente, Eulate tenía razón: el 14 de mayo, la Guardia Nacional de Venezuela impidió el acceso a los diputados, empleados administrativos e inclusive a la prensa, al edificio de Caracas que alberga a la Asamblea, único poder constituido reconocido tanto por la comunidad internacional como la oposición local. La excusa oficial fue una amenaza de bomba que solamente le habría llegado a las autoridades pro-Maduro y no a ningún miembro de la oposición.
La Organización de Estados Americanos, el 13 de mayo, condenó los ataques contra los parlamentarios. Pero estos no se han detenido, sino que, como se vio el 14 de mayo, han escalado en frecuencia e intensidad.
Grafiti en las afueras de su casa no es lo peor que un diputado puede esperar del régimen: Tres permanecen encarcelados, con su inmunidad parlamentaria violada, como es el caso de Édgar Zambrano, Juan Requesens o Gilber Caro; algunos han tenido que ir al exilio, como Julio Borges o Carlos Vecchio; y otros permanecen refugiados en embajadas de países amigos sin haber podido salir de Caracas. En total, el 25 por ciento de los diputados están presos, en el exilio o han sido acosados y despojados de su inmunidad parlamentaria por un régimen que cada día toma un paso nuevo y audaz por acabar con la Asamblea Nacional.
Casi todos los diputados sufrieron grafiti en la puerta de su casa, amenazas por redes sociales, o inclusive por la televisión estatal, antes de ser encarcelados o exiliados.
El 13 de mayo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional intentó arrestar a Alfredo Ramos, otro diputado opositor y ex sindicalista, en el estado Lara de la región occidental. Los vecinos impidieron la acción, pero no todos los diputados tienen tanta suerte como Ramos.
En las afueras de su apartamento en Vargas, Eulate, no parece una amenaza para un régimen violento. Su esposo no habla, pero se ve preocupado: todas las visitas pasan por él. Las precauciones son básicas, pero efectivas. El esposo de la diputada espera los vehículos de los periodistas en una calle cercana, teléfono en mano, antes de llevarlos, a donde se halla la diputada.
“Sin duda alguna, es un plan orquestado a nivel nacional, por parte de un gobierno que ya está caído, de narcotraficantes y delincuentes”, dice Eulate, parada frente a la puerta de su casa. “Este es un plan de psicoterror, al estilo Nazi. Yo no siento nada de temor, lo que da miedo es el hambre y la falta de medicinas. Vamos a seguir en las calles”, dice, a veces mirando al grafiti.
Los atacantes “vinieron encapuchados, en un carro negro, vinieron como a las 3 de la mañana y eran cuatro personas. Este no es el primero”, dice Eulate del último ataque. Afirma haber hecho todas las denuncias ante las autoridades pertinentes, inclusive las agencias policiales que aun obedecen a Maduro.
Pero, como ya se demostró, tampoco fue el último ataque contra la oposición. El régimen “es como un animal herido. Este Gobierno está herido, y tirando mordiscos a donde sea”, afirma Eulate.