Al cumplirse la sexta semana desde que el régimen de Nicolás Maduro decretó la “alarma nacional”, las manifestaciones comienzan a multiplicarse en todo el país, algunas de ellas acompañadas por actos vandálicos y saqueos.
Sucesos como los de Cumanacoa, una población del estado Sucre a 900 kilómetros al este de Caracas, y Upata, a 800 kilómetros al sureste de la capital, en los que fueron vandalizados comercios, con saldo parcial de siete personas heridas y una muerta (Upata), son un indicador de lo que Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Provea calificó como “el inicio de las movilizaciones populares”.
“Nos preocupan las condiciones en las que se está desarrollando esta cuarentena. No hay servicios de agua ni luz, como pasaba también antes de la epidemia. Tampoco hay combustibles. Pero ahora además tenemos una mayor tasa de informalidad laboral superior al 50 por ciento, lo que hace muy difícil asegurar los alimentos para la población”, explicó el portavoz de la entidad de defensa de Derechos Humanos.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, a partir de marzo la falta de combustibles surgió como un factor detonante de las protestas, en especial en las áreas centro-norte, andina y occidental del país. Las colas para surtirse de gasolina son prolongadas en Distrito Capital, donde se reportan lapsos de más de medio día para obtener 20 litros de hidrocarburo.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las policías han tenido que emplazar funcionarios para evitar enfrentamientos y arbitrariedades. Aunque la situación en Caracas y el estado Miranda pareciera anunciar protestas similares a las de Sucre y Bolívar, los expertos creen que la reacción militar será mucho más rápida y contundente.
“En Upata y Araya, dejaron desarrollar las protestas, y luego entraron en acción. Pero esos son pueblos aislados. La FANB administra la fuerza como le conviene. Una cosa distinta sería si eso se presentara en ciudades grandes”, explicó el General de División (retirado) del Ejército venezolano Gonzalo García Ordóñez.
Este oficial comandó cinco guarniciones actuales Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI)), para luego ser jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (CUFAN), equivalente al actual Comando Estratégico Operacional de la FANB.
En su criterio, hay un tratamiento diferenciado del Gobierno hacia la capital con respecto al resto del país. Dijo que la escasez de gasolina ha sido recurrente en los estados andinos desde 2015, algo que ocurre en Caracas apenas desde finales de marzo de 2020. Advirtió que cualquier protesta en Distrito Capital como las reportadas en Sucre y Bolívar será impedida a toda costa, puesto que se trata del centro de decisiones políticas, y hay mayor visibilidad.
Esta diferencia también fue observada por la directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Recordó que hasta 2017 los cuerpos represivos actuaban para lograr el “aplastamiento” de las manifestaciones.
“Es posible que al verse ellos afectados también, así como sus familias, se coloquen como simples observadores de esta dinámica. Ahora, el comportamiento no es apretar el gatillo desde el inicio”, indicó.
Doble cansancio
En la medida en que se prolonga la cuarentena y crece la exigencia por un mayor control, también arreciará el cansancio de los miembros de cuerpos de seguridad encargados de aplicarlo.
Según San Miguel, este será un “elemento clave” en la toma de decisiones por parte del régimen.
“Hay otros cuerpos de seguridad distintos a la Guardia Nacional. Están aplicando un concepto de unión cívico-militar-policial. Es a lo que Maduro echará mano, a través de la Milicia Nacional Bolivariana”, dijo.
Para el ex jefe del CUFAN, el régimen podrá mitigar el cansancio físico de los militares y policías al establecer pautas de relevos. Sin embargo, para él la mayor presión para los funcionarios es en el aspecto sicológico. Indicó que se exige lealtad total al gobierno, pues de lo contrario los cuerpos de contrainteligencia podrán ir incluso contra los familiares de quienes manifiesten algún descontento.
“Estamos ante un mando militar absolutamente politizado, y esto también produce agotamiento en las partes inferiores de la Fuerza Armada Nacional (…) Ya no es suficiente cumplir con la misión. Tienes que ir más allá, para eliminar toda duda”, afirmó.
Otro factor que incide sobre el cansancio es la perspectiva de prolongación de la cuarentena, que ya fue extendida por Maduro hasta el 13 de mayo. García Ordóñez indicó que la imposibilidad de atacar efectivamente la pandemia, así como la escasez de combustibles, obligará al régimen a extender la medida por lo menos hasta julio.
En Provea, calculan un confinamiento obligado más largo.
“Habíamos hecho una planificación de trabajo de tres meses, hasta junio. Pero ya evaluamos un alargue de este período hasta el mes de agosto”, reveló Uzcátegui.