Dieciocho países de Latinoamérica y el Caribe unieron esfuerzos, en una alianza regional para combatir el crimen organizado; una amenaza creciente que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad de la región. Con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta iniciativa, lanzada el 12 de diciembre de 2024, busca abordar de manera conjunta esta problemática, indicó el BID en un comunicado.
La estrategia Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo se basa en tres pilares clave: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados y flujos financieros ilegales. Este enfoque prioriza la implementación de políticas sustentadas en evidencia y acciones concretas, buscando una respuesta coordinada y eficaz entre los países miembros, detalló el BID.
Entre las naciones participantes se encuentran Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay; demostrando el compromiso colectivo de la región para garantizar la seguridad y promover el desarrollo, abundó el comunicado.
“El crimen organizado trasciende fronteras y su combate requiere una acción regional audaz y coordinada. La Alianza será clave para movilizar recursos, fortalecer capacidades y proteger a nuestras comunidades”, declaró Ilan Goldfajn, presidente del BID. “La iniciativa también busca concretar asociaciones estratégicas y maximizar el impacto de los esfuerzos nacionales contra el crimen organizado”.
La Alianza estará dirigida por un comité directivo y tres grupos técnicos, que incluirán la participación de más de 20 países. Sus esfuerzos estarán enfocados en reducir la violencia en comunidades vulnerables, modernizar los sistemas de seguridad mediante tecnología y colaboración, y combatir los mercados ilícitos con herramientas avanzadas, precisó el BID.
Colaboración internacional
Once organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Interpol, el Banco Mundial, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se sumaron a la Alianza. Su lanzamiento oficial tuvo lugar en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, celebrada en Bridgetown, Barbados.
“Estas alianzas recurren a organizaciones como Interpol, Europol y agencias estadounidenses, ya que cuentan con vasta experiencia, mayores recursos y alta capacitación en el manejo de amenazas transnacionales”, afirmó Jorge Serrano, asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Perú, en una entrevista con Diálogo.
Ecuador asumirá la presidencia pro tempore, mientras el BID desempeñará el rol de Secretaría Técnica, proporcionando apoyo estratégico y movilizando recursos esenciales. En el Caribe, la Alianza implementará sus acciones a través del programa One Safe Caribbean against Organized Crime (Un Caribe seguro contra la delincuencia organizada), alineado con la estrategia regional ONE Caribbean 2024-2028, para garantizar sinergias y eficiencia en sus objetivos.
“Esta nueva Alianza debe contar con el respaldo pleno de los gobiernos de cada país miembro, con un compromiso sólido con la seguridad interna y recursos humanos, infraestructura, tecnológicos y económicos, suficientes para cumplir sus objetivos”, aseguró Serrano. “Además de decisión política, será necesario desarrollar estrategias sostenibles en el tiempo, para combatir al crimen organizado y el narcotráfico”.
El auge del crimen organizado
El incremento del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe responde a una combinación de factores estructurales e históricos. Entre ellos destaca la producción récord de drogas y la apertura de nuevas rutas en países como Argentina, Costa Rica y Paraguay, así como el surgimiento de nuevos mercados de consumo, señala un reporte del centro de investigación español Real Instituto Elcano.
Durante más de cuatro décadas, la región ha sido un eje central para la producción y tráfico de estupefacientes. Según el reporte, Bolivia, Colombia y Perú, lideran la producción mundial de cocaína; mientras que Centroamérica, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, se han consolidado como puntos estratégicos de exportación hacia Europa y los Estados Unidos.
En paralelo, el crimen organizado diversifica sus actividades hacia delitos como el tráfico de personas, la minería ilegal, la extorsión, la tala indiscriminada y la producción de drogas sintéticas como el fentanilo; que transforman las dinámicas regionales y globales, destaca el Instituto español.
Según un reporte de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, un esfuerzo conjunto del Council on Foreign Relations y el Instituto Technológico Autónomo de México (ITAM), la conectividad impulsada por los avances tecnológicos, genera dinámicas en las que “productores ubicados en el Caribe, Centroamérica, Colombia, Ecuador, México y Perú, se abastecen de precursores químicos provenientes de potencias asiáticas como China, la India y Singapur, entre otras”.
Un factor clave que facilita estas actividades es la corrupción, que permite a las redes criminales infiltrarse en economías legales y perpetuar su impunidad. Según un análisis del sitio de noticias In.Visibles, una plataforma de periodistas y académicos especializados en crimen organizado en Latinoamérica, el lavado de dinero no solo financia estas actividades, sino que afecta la salud pública, la justicia, la competitividad empresarial, el salario, el empleo, la inversión y la percepción de la seguridad, indicó Foreign Affairs Latinoamérica.
“Además del lavado de dinero, la región sudamericana enfrenta un nuevo y poderoso desafío criminal: la explotación ilegal de oro, que en los últimos años superó al narcotráfico en ingresos”, aseveró Serrano. “Este delito opera junto al narcotráfico, que a su vez colabora con grupos terroristas como Hamas y Hezbolá, generando un círculo vicioso que corrompe la burocracia y agrava la crisis regional”.
Intensificar la guerra
El respaldo de los Estados Unidos a la región complementa los esfuerzos de la nueva Alianza, fortaleciendo la seguridad en Latinoamérica, mediante proyectos como la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe; y acuerdos bilaterales para combatir actividades ilícitas.
“Los Estados Unidos están profundamente involucrados en temas de seguridad global, con un énfasis particular en el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional en Latinoamérica”, destacó Serrano. La influencia de los EE. UU. ha sido decisiva en las estrategias de seguridad contra las drogas, señala un reporte de la fundación política colombiana Friedrich-Ebert-Stiftung.
Autoridades como el Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM); la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA); y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), lideran operaciones, investigación y capacitación con las fuerzas de seguridad de las naciones socias en la región. Adicionalmente, la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), implementa programas orientados al desarrollo y prevención en comunidades vulnerables.
“Además de las alianzas regionales, enfrentar las amenazas en la región requiere que los tres poderes del Estado de cada país, junto con representantes de la sociedad civil y las ONG, trabajen de manera coordinada para reducir los actos de corrupción y brindar pleno respaldo a este tipo de iniciativas”, remachó Serrano. “El narcotráfico y el crimen organizado son las amenazas principales en la región”.
