Los avances de China en Latinoamérica y el Caribe se realizaron en gran parte a través de empresas chinas, que no siempre pueden ser vistas como transmisoras de los objetivos geopolíticos de la República Popular China (RPC). Sin embargo, estas empresas operan en una compleja fusión de política y negocios que carece de transparencia y expone a los países anfitriones a importantes riesgos.
Aunque las empresas chinas se clasifican principalmente como privadas o estatales, en la práctica hay menos diferencias y los límites entre ambas son difusos.
“Xi Jinping trató de enhebrar la influencia del Estado en todas las empresas: las células del partido comunista integradas en las grandes empresas deben estar al tanto de los principales movimientos y del gobierno corporativo. Los llamados fondos de orientación, creados por los gobiernos central y locales, han asumido un papel más importante en la provisión de capital a las nuevas empresas. Y el partido mantiene un férreo control sobre el suministro de capital, ya que casi todas las grandes instituciones financieras siguen siendo propiedad del Estado”, informó Reuters a finales de octubre.
Aunque los riesgos de hacer negocios con megacorporaciones privadas chinas como Huawei -instrumental en las operaciones de influencia transnacional del Gobierno de la RPC- han sido ampliamente documentados, lo que ha llevado a la prohibición de su tecnología 5G en varios países debido a amenazas de espionaje y seguridad nacional, los responsables de la toma de decisiones y el público en general a menudo saben poco o subestiman los peligros de tratar con empresas chinas menos conocidas.
Los peligros van más allá de las operaciones fraudulentas, las malas prácticas, la mano de obra chapucera, las violaciones de los derechos humanos y la degradación medioambiental, sino que también implican la posible pérdida de soberanía a medida que las empresas chinas se hacen con el control de diversos sectores.
Líneas borrosas
En una investigación conjunta publicada en julio de 2024, The New York Times y The Wire China, revelaron cómo el Partido Comunista Chino (PCCh) influye en empresarios clave como Jack Ma, cofundador de Alibaba, quien admitió: “Hago todo lo que me piden [los funcionarios chinos]”. Este informe también señalaba la presencia de altos cargos del Gobierno, incluida una hermana de Xi Jinping, en grandes empresas privadas chinas, lo que difumina aún más los límites entre el poder político y el sector privado en China.
A finales de 1978, China anunció un programa para remodelar su economía, orientándose hacia la participación en la comunidad internacional y permitiendo la aparición de empresas privadas. Aunque las empresas privadas ganaron un mayor asiento en la mesa, aprendieron que tenían que adaptarse al PCCh, indicó en un informe de 2023 de Big Data China, un proyecto entre el Centro Stanford de Economía e Instituciones de China y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Bajo el Gobierno de Xi Jinping, continuó Big Data China, “ha habido un intento aún mayor por parte de los líderes políticos de aumentar su control sobre el sector privado (…) y asegurar su lealtad al sistema.”
“Las empresas chinas operan bajo un sistema en el que la política predomina sobre la economía”, declaró Martin Hála, director de la organización no gubernamental checa Sinopsis, al medio uruguayo Diálogo Político. “El PCCh ajusta las reglas según sus intereses, preservando su poder”.
Sombra china
“Cualquier país que establezca vínculos comerciales con las empresas chinas, debe estar consciente de que la influencia del PCCh impactará la relación bilateral, especialmente si no se alinea con los objetivos estratégicos del régimen asiático”, dijo Euclides Tapia, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá, en entrevista con Diálogo.
El principal riesgo es que los países receptores quedan atrapados “bajo la sombra de China, perdiendo soberanía al depender económicamente de este régimen”, continuó Tapia. “Esto también genera presión a los gobiernos, para priorizar los intereses de China sobre los de su propio país, debilitando su autonomía en la toma de decisiones estratégicas”.
Mayor presencia en Latinoamérica
La expansión de China como socio comercial, principalmente de Sudamérica, evidencia su creciente influencia, ganando presencia en Argentina, Brasil, Chile y Perú. Aunque en México, Centroamérica y gran parte del Caribe predominan otros socios, la dependencia de los capitales chinos en la región sigue aumentando, reportó el diario argentino La Nación.
En el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, empresas estatales y privadas vinculadas al PCCh, invierten en sectores estratégicos como extracción de recursos naturales, grandes proyectos de infraestructuras como carreteras, represas, puertos y ferrocarriles, energía, tecnologías de la información y telecomunicaciones, indica la agencia alemana de noticias DW. Sin embargo, estas operaciones no están exentas de controversias.
Empresas como China Communications Construction Company (CCCC) y sus filiales, que han incurrido en corrupción, financiación abusiva, destrucción del medio ambiente y otros abusos en todo el mundo;
o China National Electric Engineering Company Limited (CNEEC) y sus filiales, que se enfrentan a un sinfín de acusaciones, fueron sancionadas por el Banco Mundial, por prácticas fraudulentas, señala The Diplomat.
Entre los proyectos que tiene la CCCC en la región, figuran el metro de Bogotá; el Tren Maya, en México; el Puerto de San Luis, en Brasil; la ampliación del aeropuerto internacional de Guyana; la Carretera Norte-Sur en Jamaica; y un puente sobre el Canal de Panamá. En muchos de estos proyectos se detectaron problemas, irregularidades y retrasos, entre otras quejas, informó The Diplomat.
“Estas y otras empresas chinas menos conocidas, erosionan la competitividad local de la mano del régimen, muchas veces sin que se advierta el impacto hasta que es irreversible. En Costa Rica, la industria del calzado es reemplazada por productos chinos de mucha menor calidad,” dijo Tapia. “Las economías latinoamericanas ven como su capacidad de competir se erosiona, ante el avance de los capitales chinos”.
Caso de estudio
Un caso reciente que refleja las prácticas controvertidas de las empresas chinas es la
construcción de la Cárcel del Encuentro, una prisión de máxima seguridad en Santa Elena, Ecuador, a cargo de la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), filial de CCCC. Según el portal brasileño Prensa Mercosur, CRBC enfrenta acusaciones globales por pésima calidad en sus proyectos, retrasos, licitaciones irregulares y violaciones a los derechos humanos.
La prisión, aún en etapa inicial de construcción, ya encendió las alarmas. Según Prensa Mercosur, CRBC está deforestando un extenso bosque primario, poniendo en riesgo hábitats silvestres y zonas arqueológicas prehispánicas y los medios de vida de comunidades locales, como Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico. Además, poco se sabe del proceso de adjudicación. No se realizó una licitación del contrato con empresas locales, según informó el diario español El País.
“Para China, la corrupción no es un problema, sino una herramienta. Sus empresas influyen en decisiones gubernamentales mediante acuerdos opacos y licitaciones diseñadas a su favor”, afirmó Tapia. “Este modus operandi no solo afecta la transparencia, sino que limita la competencia y distorsiona los mercados, ahuyentando a otras inversiones internacionales”.
Esfuerzo comunista
También se ve un esfuerzo concentrado para fortalecer la expansión de las empresas chinas en la región, con subsidios generosos de China. Entre los sectores estratégicos que el régimen ha priorizado están los vehículos eléctricos, paneles solares, baterías, digitalización, telecomunicaciones, tecnologías fintech, electrificación e inteligencia artificial, indica la plataforma de periodismo de investigación Dialogue Earth.
El modelo chino, enfocado en la integración de negocios y política, plantea desafíos fundamentales para los países que acepten su capital, concluyó Tapia. “El comercio justo con China es casi imposible, por su falta de respeto a normas internacionales. Esto pone en grave riesgo el desarrollo sostenible de las economías regionales”.
