La articulación creciente entre estructuras criminales venezolanas y redes transnacionales ha convertido al Caribe en un corredor estratégico para el tráfico de cocaína. Altos mandos militares y operadores políticos del régimen de Nicolás Maduro, que conforman el Cártel de los Soles (CdS), protegen este movimiento de cargamentos ilícitos hacia el arco insular, obligando a los Estados caribeños a reforzar la vigilancia marítima y la cooperación operativa.
Como señala Armando Rodríguez Luna, experto de la consultoría mexicana de seguridad e inteligencia Nzaya, “en los últimos años coincidieron factores que fortalecieron las rutas por Venezuela: el aumento de la producción [de droga] colombiana, de unas 2200 a casi 3000 toneladas métricas, la creciente colaboración del régimen de Maduro con redes criminales, y la expansión del mercado europeo”.
Corredor estratégico en expansión
La amenaza se ve agravada por la expansión transnacional de otras organizaciones criminales venezolanas. El Tren de Aragua (TdA), designado como organización terrorista por varios países, utiliza las mismas redes establecidas por la crisis migratoria para facilitar el tráfico de personas, la extorsión y las operaciones de contrabando, lo que contribuye aún más a la inestabilidad transfronteriza y a la penetración criminal en el corredor caribeño, todo ello con el apoyo tácito y la complicidad del régimen de Maduro.
Los analistas de seguridad internacional y los grupos de expertos subrayan que Venezuela se ha consolidado como una de las principales rutas de tránsito de cocaína hacia los mercados europeo y estadounidense. Este fenómeno responde a la inestabilidad política, la corrupción y el involucramiento de funcionarios del aparato de seguridad en operaciones ilícitas.
Rodríguez detalla que “la relación entre el régimen venezolano y el crimen organizado se sostiene con la participación de funcionarios, sobre todo de las Fuerzas Armadas y operadores políticos que facilitan el movimiento de cargamentos desde aduanas, carreteras, puertos y pistas aéreas. Así, se habilita la operación de redes venezolanas, colombianas y mexicanas”.
Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la cocaína colombiana ingresa a Venezuela por zonas fronterizas como Catatumbo y Vichada, para luego ser movilizada por rutas marítimas y aéreas bajo el control de redes asociadas al CdS. En altamar, los cargamentos transitan entre islas en lanchas rápidas para evadir los patrullajes.
InSight Crime, organización dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, describe al CdS como una red descentralizada de células militares que combinan contrabando, minería ilegal y narcotráfico. Oficiales facilitan vuelos clandestinos y movimientos de carga a cambio de sobornos o participación directa.
Esta dinámica ilícita alimenta la corrupción y fortalece redes de violencia transfronterizas, impulsando la actividad de pandillas, el tráfico de armas y otros delitos conexos, indica el CSIS. El resultado es una erosión progresiva de la estabilidad y la capacidad institucional de los Estados caribeños.
Cooperación regional frente a una amenaza compartida
Ante el avance del tráfico de drogas vinculado a Venezuela, los países del Caribe han intensificado su coordinación operativa, utilizando marcos regionales e internacionales clave.
La integración operativa se gestiona principalmente a través de dos organizaciones interrelacionadas. El Sistema Regional de Seguridad articula funciones cruciales, como la vigilancia marítima, el control fronterizo y despliegues rápidos de fuerzas militares y policiales entre sus miembros. Por su parte, el Tratado de San José, promovido por el Organismo de Implementación para la Seguridad y la Lucha contra el Crimen (IMPACS) de la Comunidad del Caribe (CARICOM), y que entró en vigor en 2008, es responsable del intercambio de información táctica y del refuerzo de los patrullajes conjuntos y la vigilancia aérea.
Estas asociaciones se extienden a los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, la Operación Calypso, una colaboración entre la Organización Mundial de Aduanas y la CARICOM IMPACS, desarrollada en noviembre de 2024, ha mejorado la cooperación aduanera y permitido interceptar rutas marítimas utilizadas para el tráfico ilícito.
Los resultados tangibles de este marco reforzado son evidentes en las recientes iniciativas de interceptación. La República Dominicana, un socio fundamental, ha fortalecido su colaboración con CARICOM IMPACS mediante programas de interdicción marítima, capacitación y bases de datos compartidos, informa la Cancillería dominicana.
El éxito de esta cooperación quedó demostrado el 15 de noviembre de 2025, cuando las autoridades dominicanas, en su apoyo de la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) del Comando Sur de los EE. UU., interceptaron un barco frente a la costa e incautaron 500 kilogramos de cocaína. La operación, que contó con la acción coordinada de unidades aéreas, marítimas y terrestres, pone de relieve la eficacia de la mejora de la inteligencia regional y la capacidad operativa.
Nodos criminales en el Caribe
Rodríguez destaca que “las redes vinculadas a funcionarios venezolanos operan con mayor fuerza en Aruba, Trinidad y Tobago y Jamaica”. Las dos primeras, por su proximidad a las costas venezolanas, funcionan como puntos naturales de acopio, mientras que Jamaica, aunque más distante, se ha consolidado como un puente hacia Europa, fortaleciendo así sus organizaciones criminales.
El experto recalca que el incremento del flujo ilícito exige mejorar las capacidades de inteligencia y la coordinación regional. Muchos Estados insulares cuentan con recursos limitados para monitorear sus espacios marítimos, mientras que México y algunos países centroamericanos se enfrentan actualmente a importantes retos para su estabilidad interna, entre ellos la vulnerabilidad a la corrupción y la influencia del crimen transnacional, lo que puede limitar su papel en la lucha contra esta amenaza.
Asistencia internacional y avances conjuntos
Si bien los organismos regionales lideran la aplicación de la ley a nivel local, la asistencia especializada de los Estados Unidos y multilateral es vital para mejorar las capacidades financieras y tecnológicas de los Estados socios del Caribe.
La Iniciativa de Seguridad del Caribe, liderada por los EE. UU., canaliza recursos esenciales para entrenamiento, equipamiento tecnológico y fortalecimiento de las capacidades operativas de guardacostas y fuerzas de seguridad. El objetivo es mejorar la gestión portuaria, la detección de cargamentos y la respuesta ante flujos ilícitos.
Esta cooperación permite el intercambio de inteligencia de alto nivel y operaciones conjuntas entre organismos internacionales y nacionales. Estos esfuerzos se coordinan a través de mecanismos como la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-Sur), componente del Comando Sur, así como ejercicios multinacionales para identificar rutas, rastrear embarcaciones y coordinar unidades nacionales en operaciones conjuntas.
Las organizaciones multinacionales también promueven la gobernanza especializada. La Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante su Programa de Seguridad Multidimensional, fomenta mesas de trabajo especializadas en gobernanza marítima, buscando mejorar la interoperabilidad entre fuerzas navales y optimizar los canales de comunicación en la lucha contra el tráfico de drogas y armas.
Esta colaboración permite a las fuerzas de seguridad del Caribe participar en operaciones de gran impacto mucho más allá de sus fronteras marítimas tradicionales, lo que demuestra el alcance de la inteligencia compartida.
El 14 de junio de 2025, la Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) fue pieza clave para desmantelar una red transnacional durante la Operación Vikings, incautando más de 1.5 toneladas de cocaína en un yate frente a las Islas Azores, en Portugal. Este importante golpe transatlántico fue posible gracias a la colaboración de la Unidad de Crimen Organizado Transnacional de la TTPS, el apoyo de inteligencia de la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA), y autoridades de Dinamarca España y Portugal, informó el diario Trinidad and Tobago Newsday.
Hacia una cooperación más profunda
“La región necesita una participación más activa de organismos internacionales, con la OEA como eje de articulación”, sostiene Rodríguez. “Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, afirma, pueden impulsar inversiones orientadas a fortalecer la seguridad pública y reducir el tráfico de drogas, especialmente en países con menor capacidad institucional”.
Además, Rodríguez enfatiza la importancia de dinamizar los mecanismos regionales, como el Sistema de la Integración Centroamericana y CARICOM, para mejorar la coordinación operativa y el intercambio de inteligencia. A su juicio, “fortalecer las unidades de investigación judicial es esencial para sostener procesos más sólidos contra las redes criminales que operan en el corredor caribeño”.
El Caribe se encuentra en una encrucijada frente al avance del narcotráfico facilitado pr el Estado y vinculado al régimen de Maduro. Sin embargo, la intensificación de la cooperación regional e internacional abre una ventana de oportunidad para contener esta amenaza política y criminal y fortalecer la resiliencia institucional de los Estados insulares.
