El Primer Comando de la Capital (PCC), la agrupación narcotraficante más importante de Brasil, está involucrada cada vez más en la minería ilegal en la Amazonia brasileña. “Además del narcotráfico, la organización explota prostíbulos, la venta de gasolina, alimentos, bebidas y seguridad privada”, reveló un reportaje del portal brasileño UOL, basado en información proporcionada por las autoridades de seguridad pública de Brasil, que se publicó a principios de febrero de 2022. Según la nota, esta actividad se concentra principalmente en el estado de Roraima, aunque además existen miembros de la agrupación criminal que controlan partes del territorio yanomami.
Los mineros ilegales que hablaron con UOL dijeron que hoy en día nadie puede excavar en busca de oro en la región, sin autorización del PCC. “El PCC controla incluso las crecientes de los ríos, [en donde] exige peajes. Hay demasiados bandidos”, dijo un minero anónimo a la organización brasileña de periodismo de investigación Amazônia Real.
Aunque se desconoce el número de miembros del PCC involucrados en la minería ilegal en Roraima, el Sargento Roney Cruz, jefe de la División de Inteligencia y Captura del sistema penitenciario de Roraima, indicó que unos 25 prófugos de las cárceles estatales, vinculados al PCC, operan en yacimientos mineros a lo largo del río Uraricoera, que corre por el norte del estado hasta las cercanías de la frontera con Venezuela.
Expansión en áreas mineras
Según varios portales de noticias, la participación del grupo delictivo en la minería se hizo más evidente en 2018, cuando una serie de motines liderados por el PCC en las cárceles de Roraima terminaron en la fuga de decenas de presos, que buscaron refugio en minas ilegales. Según Amazônia Real, gracias a las intercepciones telefónicas de la Policía Federal (PF) durante la Operación Érebo en 2018, las autoridades captaron conversaciones de un miembro del PCC que describía la expansión de la organización criminal en áreas mineras.
“Para los criminales, el oro ilegal es la mejor manera de lavar dinero en Brasil”, señaló el fiscal Paulo de Tarso Moreira Oliveira al diario brasileño O Globo. “El hecho de que el PCC esté operando en las minas es un proceso natural; y no solo el PCC, sino cualquier organización que comercie con dinero ilegal”.
Además, el aumento del precio del oro se convirtió en un atractivo. En el 2000 la onza de oro costaba USD 400, mientras que en 2022 subió a USD 1800. En la actualidad, Brasil se encuentra entre los 10 principales exportadores de oro del mundo, según el portal web internacional de noticias Mongabay. No obstante, parte de este metal proviene de las más de 320 minas ilegales que operan en el país, en las que está infiltrado el crimen organizado.
Violencia
Según la ONG brasileña Instituto Socioambiental (ISA), que aboga por el medioambiente y los derechos de los pueblos originarios, en 2020 la minería ilegal destruyó aproximadamente 2400 hectáreas de selva en el territorio de la etnia indígena yanomami, una superficie equivalente a 500 canchas de fútbol. La minería aurífera no solo acelera la deforestación, sino que también promueve la violencia.
“Diariamente los yanomamis sufren intimidación. Hay mucho acoso como amenazas de muerte, gritos, amenazas con armas, detonación de bombas”, afirmó a ISA el representante de la comunidad yanomami Dário Kopenawa. En mayo de 2021, por ejemplo, mineros ilegales presuntamente vinculados a organizaciones criminales abrieron fuego con armas automáticas contra una comunidad indígena yanomami, indicaron dirigentes locales a la BBC.
Las autoridades toman medidas para combatir los problemas relacionados con la minería ilegal. Además de las operaciones de investigación de la PF para clausurar los yacimientos ilegales, el Ministerio Público Federal recomendó en 2020 una serie de medidas a los organismos legales de control, para crear un sistema de certificación y aumentar la trazabilidad del oro brasileño.