Existe información de inteligencia que asegura que una embarcación transportará una gran cantidad de cianuro de hidrógeno hacia la Isla Roja, y que el químico venenoso e inflamable tiene envases y etiquetas falsas. Existe el riesgo de que el compuesto pueda ser utilizado en actividades terroristas. Después de un operativo conjunto, expertos militares y civiles de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Panamá y Paraguay lograron detener la embarcación junto con la materia prima, que planteaba grandes desafíos para la seguridad de Sudamérica.
Este ejercicio ficticio basado en un mapa imaginado fue el escenario del Ejercicio de Gabinete Multilateral de Contraproliferación 2019, en el marco de la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (PSI en inglés). La operación regional localizaba a seis países identificados con nombres de colores en Isla Roja, y fue diseñada y organizada por el trabajo combinado del Ministerio de Defensa de Argentina con el Departamento de Defensa de los EE. UU., en Buenos Aires, del 11 al 13 de junio. Brasil asistió como observador.
La PSI incorpora a más de 100 países para prevenir el tráfico de armas de destrucción masiva (WMD en inglés), sus componentes y sus materiales relacionados. Con esta iniciativa los Estados miembros establecen la cooperación y desarrollan herramientas legales, diplomáticas, económicas, terrestres y marítimas, para combatir los flujos de WMD que amenazan la seguridad de la comunidad internacional. Argentina ingresó a la organización en 2005.
Durante el ejercicio, los representantes de los países invitados trabajaron en la mesa de interdicción marítima, exportación ilícita y de tránsito de materia prima para armas químicas, para combatir su proliferación, comentó a Diálogo Hugo Armellino, director nacional de Contralor de Material Sensible del Ministerio de Defensa de Argentina.
“Los casos expuestos por los Estados Unidos fueron motivo de análisis y de oportunidad para compartir con otros países de la región las experiencias para realizar una interdicción, desde el análisis del origen de la información, a la legislación y las autorizaciones que demanda la acción”, dijo a Diálogo el General de Brigada (R) del Ejército Argentino Guillermo Sevilla, coordinador del ejercicio PSI 2019.
“Hay materiales de uso dual que al quedar bajo el control de agentes no oficiales, grupos terroristas o del crimen organizado, constituyen un serio riesgo para la supervivencia de la humanidad”, comentó el Gral. Sevilla. “Las organizaciones terroristas utilizan las WMD en pequeña escala para alcanzar sus objetivos. Pueden existir grupos delictivos que extorsionen a un Estado, organización o persona con su uso, si no aceden a sus condiciones”, agregó.
Shipment interception capabilities cover a wide array of multilateral and bilateral agreements and treaties, as well as UN resolutions. “It’s the duty of each PSI member nation with production, commercial, and financial controls to disrupt, or at least hamper, these organizations’ activities,” said Gen. Sevilla.
In addition to learning about the threat of WMD, terrorist organizations’ innovation, financial proliferation, the armed forces’ efforts to manage dangerous shipments, and devising concrete tools, military and civilian experts agreed to optimize the exercises. Each country agreed to have their vessels or aircraft registered if they are suspected of shipping WMD.
In addition, nations are committed to strengthen exchanges of sensitive information and the control of their exports. “Legislation to support the armed and security forces’ legal actions is necessary in every case, so they can fulfill their interception role in every scenario, whether it’s land, maritime, riverine, or air,” concluded Gen. Sevilla.
El Consejo de Seguridad de la ONU dice que el terrorismo, que cada vez tiene más interés en este tipo de armas, busca lograr uno de los puntos fundamentales de su actividad: la propagación del pánico. Ante este escenario, la cooperación internacional es la base para enfrentar al fenómeno y garantizar la estabilidad internacional.
La capacidad de interceptación de cargamentos abarca un amplio abanico de convenios, tratados y acuerdos multilaterales y bilaterales, así como resoluciones de la ONU. “Es una tarea de cada país miembro del PSI con controles productivos, comerciales y financieros, para impedir, o al menos dificultar, el accionar de esas organizaciones”, dijo el Gral. Sevilla.
Además de conocer la magnitud de la amenaza de las WMD, la innovación de los grupos terroristas, la proliferación financiera, el funcionamiento de las fuerzas armadas ante un caso de cargamentos peligrosos y de plantear herramientas concretas, los expertos militares y civiles acordaron optimizar los ejercicios. Cada país determinó permitir que sus embarcaciones o aeronaves sean registradas si existe la presunción de transporte de armas de destrucción masiva.
Además, existe el compromiso para fortalecer el intercambio de datos sensibles y el control de sus exportaciones. “En todos los casos es necesario disponer de una legislación que ampare a las fuerzas armadas y de seguridad; que deben actuar ajustadas al derecho, para cumplir con su función de intercepción, ya sea en un escenario terrestre, marítimo, fluvial o aéreo”, concluyó el Gral. Sevilla.
