La expansión global de empresas chinas continúa generando preocupación por violaciones a derechos humanos y laborales. En proyectos chinos de Latinoamérica se documentan abusos que incluyen pobreza extrema, salarios bajos, restricciones sindicales y condiciones cercanas a la esclavitud. Este patrón de explotación refleja la influencia de un modelo que prioriza intereses estratégicos, por encima del respeto a estándares internacionales.
En un intento por mejorar su imagen global, en 2023, el Gobierno chino lanzó la Iniciativa de Civilización Global (CGI) una herramienta propagandística promovida como un modelo de diálogo y cooperación, basado en valores como “justicia, democracia y libertad”. En realidad, el ambiguo concepto tiene implicaciones prácticas que, en última instancia, benefician a China y promueven una alternativa de Pekín al “orden internacional basado en normas”, que exige un enfoque relativista del respeto de los derechos humanos en función de las “condiciones nacionales y características únicas” de cada país, informa un reporte de la organización de noticias estadounidense The Conversation.
“En otras palabras, no debería haber un estándar universal de derechos humanos en absoluto”, añadió The Conversation.
“Antes, las empresas chinas contrataban extranjeros en puestos ejecutivos para proyectar cosmopolitismo”, comentó Julia Cuadros, economista de la ONG peruana CoperAcción. “Ahora traen más obreros chinos, como evidencian los casos recientes en Brasil, Uruguay y México”.
Si bien algunas naciones pueden verse atraídas por las inversiones chinas con la esperanza de un impulso a su economía, estas vienen con condiciones, coerción política, cargas de deuda, sin mencionar que el modelo de Pekín de llevar trabajadores chinos a proyectos en el extranjero plantea un desafío para la creación de empleo local.
Brasil y Uruguay
Casos recientes en Brasil y Uruguay exponen la magnitud del problema. En diciembre de 2024, autoridades brasileñas rescataron en Bahía a 163 trabajadores chinos en condiciones de esclavitud, en la planta del fabricante chino de vehículos eléctricos BYD. Autoridades brasileñas informan que los trabajadores fueron traídos de China a Brasil de forma irregular, algunos sin permisos de trabajo. Los empleados eran trasladados de manera indebida, sometidos a largas jornadas, condiciones insalubres y retención de salarios, informó la agencia de noticias Reuters.
Los trabajadores chinos tenían que pedir permiso para salir de sus alojamientos, sus camas no tenían colchones, su comida se almacenaba sin refrigeración y al menos 107 de ellos tuvieron sus pasaportes retenidos por sus empleadores. A menudo trabajaban siete días a la semana, se les retenía alrededor del 60 por ciento de su salario, mientras que el resto se les pagaba en moneda china, informó CNN en español.
“Hemos constatado que el trabajo de estos obreros se realizaba en condiciones similares a la esclavitud”, afirmó en una rueda de prensa la inspectora de Trabajo Liane Durao. “No se cumplían las condiciones mínimas de seguridad en el entorno laboral”. La obra de construcción de Bahía fue clausurada después de que Brasil declarara que consideraba las violaciones como trata de personas.
Mauricio Santoro, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, señaló a la plataforma alemana DW que “este caso pone en tensión la importancia de la inversión china con el cumplimiento de los estándares locales”. Destacó que la acción es aún más significativa, ya que involucra a una empresa con fuerte apoyo político debido a la importancia de sus inversiones en Brasil en los proyectos de reindustrialización.
El uso de trabajadores chinos en proyectos de construcción en el extranjero aporta pocos o ningún beneficio a los países que reciben la inversión. “Para Brasil, habría sido mejor que estos trabajadores hubieran sido locales, por los ingresos que habrían generado para ellos y sus familias, el impacto positivo en sus comunidades y la formación profesional que habrían adquirido”, dijo a DW Paulo Feldmann, economista y profesor de la escuela de negocios FIA de São Paulo. “También sería más fácil controlar sus condiciones de trabajo”.
En Uruguay, el proyecto de Cierre Anillo de Transmisión de 500 kV, a cargo de la estatal China Machinery Engineering Coporation, también enfrenta denuncias. Según el diario uruguayo La Mañana, 500 trabajadores chinos, muchos de ellos indocumentados, laboran todos los días de la semana en jornadas de 12 horas diarias, sin pago de horas extra. Una inspección en octubre reveló que estos obreros llevaban cinco meses sin salario, lo que generó 21 expedientes en el Ministerio de Trabajo.
Explotación en otros sectores
En México, la empresa china Time Ceramics fue señalada de irregularidades. En enero de 2024, la Fiscalía General de la República descubrió que de los 148 inmigrantes chinos que trabajaban para la empresa en el estado de Hidalgo, 39 no tenían los documentos de trabajo adecuados. Fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Según el medio de comunicación mexicano N+, los trabajadores chinos que habían llegado a mediados de 2023 para instalar la línea de producción en Time Ceramics fueron alojados en un hotel, donde pasaban la mayor parte del día, y solo a un grupo se le permitía salir dos veces al día para comer.
A la par, el diario mexicano El Sol de Hidalgo reportó, en mayo de 2024, que 200 trabajadores mexicanos de la misma empresa denunciaron recortes salariales, pérdida de antigüedad, falta de equipo de seguridad y condiciones de trabajo que calificaron como esclavizantes, lo que consideran una violación a sus derechos laborales.
“Muchas veces, el temor de que las inversiones chinas puedan retirarse lleva a muchas naciones a flexibilizar sus marcos legales, debilitando las normas que protegen los derechos laborales y humanos”, expresó Cuadros. “Este enfoque prioriza atraer capital a cualquier costo, incluso sacrificando la dignidad y el bienestar de los trabajadores”
Trabajadores cautivos
La explotación no se limita a las empresas en tierra, sino que también ocurre en el mar, donde la flota pesquera china depredadora agota los recursos marítimos de Sudamérica. Cada año, alrededor de 400 embarcaciones recorren más de 16 000 km, para operar en los límites de las zonas económicas exclusivas de la región, reporta en Internet la plataforma argentina Infobae.
Estas embarcaciones presentan condiciones de vida y laborales extremas, con prevalencia de tráfico de mano de obra, servidumbre por deudas, violencia, abandono y muertes. “Los abusos a los derechos humanos en estos barcos ocurren en una escala industrial y global”, señala un reporte de la organización periodística The Outlaw Ocean Project (OOP).
Según la OOP, estos barcos reclutan a hombres desesperados de China y países pobres con promesas de buenos contratos, pero les imponen costos elevados que cubren con préstamos, creando servidumbre por deudas, confiscando pasaportes y añadiendo multas por dejar el trabajo, atrapándolos aún más.
“Una vez más, estamos viendo el patrón recurrente de las inversiones chinas en Latinoamérica”, dijo a Diálogo Euclides Tapia, profesor titular de relaciones internacionales en la Universidad de Panamá. Para Cuadros, “estos casos subrayan la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión y exigir estándares internacionales, protegiendo a trabajadores y comunidades”.
