Las organizaciones criminales transnacionales sofistican sus mecanismos para ocultar ganancias ilícitas combinando criptomonedas, plataformas digitales y sistemas financieros tradicionales. Las autoridades del hemisferio refuerzan, en respuesta, sus capacidades de persecución. Un caso reciente quedó al descubierto en Chile: una investigación desarticuló una red vinculada al Tren de Aragua que habría movilizado millones de dólares mediante criptoactivos, empresas fachada y operaciones bancarias.
La investigación, denominada Operación Tokio, estableció el lavado de unos USD 80 millones entre 2022 y 2025, provenientes de extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando, informó La Tercera. Según el fiscal a cargo, el dinero circulaba por diversas cuentas bancarias para perder trazabilidad y luego se transformaba en criptomonedas para operar en el extranjero. El expediente refleja la adaptación de los métodos criminales para dificultar la detección de ganancias provenientes de distintas economías ilícitas.
Velocidad de criptoactivos desafía el congelamiento de fondos
Reconstruir la trazabilidad de las transacciones con criptoactivos es posible y las policías y organismos del Estado chileno disponen del software para esto, aunque congelar activos resulta viable “solo a veces”, dijo a La Tercera Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía de Chile. “Estas investigaciones demuestran que se falla en términos de oportunidad [de persecución]”, dijo Fernández, debido a la velocidad de las transacciones con monedas digitales.
“Cuando capturan el computador a una empresa, o a un organismo del Estado, el rescate lo piden en criptoactivos. En los fraudes masivos o los fraudes en materia online, o las financieras ilegales, o en todo los mundos online de delincuencia, normalmente todos los pagos o los movimientos de dinero son vía criptoactivos”, dijo Fernández. “No solo está asociado a una criminalidad organizada de sangre, sino que también a criminalidad organizada más financiera, que utiliza los activos digitales porque son baratos y rápidos. No tiene los controles de la banca, ni los altos costos de transferencia que tiene cualquier transacción internacional vía bancaria”.
Atacar las utilidades golpea el incentivo que mantiene cohesionadas a las bandas
“Si analizamos el fenómeno desde una perspectiva de seguridad no politizada, el principal objetivo de las organizaciones criminales es generar utilidades, funcionando como una empresa ilegal que ofrece bienes o servicios ilícitos”, dijo a Diálogo Vanessa Cárdenas, investigadora en crimen organizado del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, de Chile. “Aunque a veces parezca que su objetivo principal es ejercer violencia, esta, junto con la corrupción y la intimidación, son en realidad herramientas para proteger esos negocios”.
“Seguir la ruta del dinero resulta mucho más efectivo que concentrarse únicamente en capturar individuos o construir mega cárceles”, dijo Cárdenas. “Cuando se afectan los activos, las cuentas bancarias, las empresas fachada y los mecanismos de lavado, se golpea directamente el corazón del negocio y el incentivo que mantiene unidas a estas organizaciones”.
Cooperación, inteligencia artificial y formación especializada para cerrar la brecha
Entre fines de junio y principios de julio, Chile acogió la Semana de la Recuperación de Activos, que reunió en Santiago a fiscales, magistrados, analistas financieros, fuerzas de seguridad y unidades de inteligencia financiera de países de Latinoamérica y Europa. La iniciativa, impulsada por el programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea junto con instituciones chilenas y con la colaboración del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) e INTERPOL, abordó la identificación temprana y recuperación de bienes ilícitos, el intercambio seguro de información, la coordinación entre autoridades y la recuperación de criptoactivos.
“Queremos evitar que estructuras criminales, a través de estos dineros obtenidos de manera irregular, logren permear las economías o generar estructuras paralelas para blanquear el resultado de sus actividades”, dijo a La Tercera el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Cerna. “El trabajo colaborativo, la confianza mutua, la agilidad de los procesos y el cruce de información punto a punto, es esencial”, agregó. Ese enfoque refleja una evolución en la persecución patrimonial del crimen organizado: además de “seguir el dinero”, las autoridades buscan ahora “seguir los datos” que permiten reconstruir los flujos financieros y las redes que los sostienen.
En octubre de 2025, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) incorporó una herramienta basada en inteligencia artificial para automatizar la evaluación de los programas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de las entidades vigiladas, como parte de su estrategia de Supervisión Digital. “La iniciativa busca modernizar la forma en que se vigila al sector financiero mediante analítica avanzada y tecnologías emergentes, para fortalecer la capacidad del Estado en la protección de la estabilidad y la confianza del mercado”, escribió en el portal Portafolio Luis Arregocés, líder del Centro de Excelencia e Inteligencia Artificial de la SFC.
En enero de 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organizó un curso de alto nivel sobre cadenas de bloques, activos virtuales y prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, para fortalecer las capacidades regulatorias, de supervisión y operativas nacionales. Participaron 35 representantes de instituciones panameñas: los ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio e Industrias, el Poder Judicial, la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.
“El futuro de la lucha contra el lavado de activos dependerá de quién logre adaptarse más rápido a la transformación digital: las organizaciones criminales o el Estado”, dijo Cárdenas. “Se necesitan instituciones más flexibles, ágiles y con herramientas que permitan seguir la ruta del dinero, levantar el secreto bancario cuando corresponda e identificar a quienes, desde el poder político, el sistema financiero o las instituciones de seguridad, puedan estar colaborando con el crimen organizado”.
Los casos recientes muestran que debilitar las finanzas del crimen organizado ya no depende únicamente de seguir transferencias bancarias. Requiere integrar inteligencia financiera, información policial y judicial, análisis de criptoactivos y datos sobre empresas y beneficiarios finales para identificar los bienes ilícitos antes de que atraviesen nuevas cuentas o jurisdicciones.
Ese enfoque ya comienza a traducirse en capacidades regionales. La cooperación entre fiscalías, fuerzas de seguridad y unidades de inteligencia financiera, junto con herramientas para el intercambio seguro de información y la localización y recuperación de activos en el extranjero, permite transformar los datos en acciones operativas. Para las organizaciones criminales transnacionales, perder acceso a sus cuentas, empresas y activos no representa solamente una pérdida financiera: reduce su capacidad para financiar operaciones, corromper estructuras, expandirse y reconstruirse después de los golpes policiales.
