En los últimos años, los drones comerciales han transformado capacidades antes asociadas principalmente con fuerzas militares avanzadas en herramientas accesibles que están redefiniendo la seguridad en Latinoamérica. La caída en los costos de desarrollo, la rápida difusión tecnológica y la creciente militarización de drones comerciales por parte de actores no estatales han convertido estas plataformas en piezas clave para la seguridad y defensa en la región.
De acuerdo con el informe de dos partes, Cielos en disputa, elaborado por la Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), los drones se han convertido en herramientas utilizadas tanto por gobiernos como por organizaciones criminales. El reporte advierte que los drones comerciales están revolucionando las actividades ilícitas, permitiendo tareas como vigilancia, transporte de drogas e incluso ataques con explosivos. “Estas tecnologías, junto con criptomonedas, están facilitando operaciones más sofisticadas y difíciles de rastrear”, señala el informe.
En toda la región, las fuerzas armadas han integrado drones en misiones de inteligencia, vigilancia, seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, sectores civiles como la agricultura y la logística están experimentando un notable auge en su uso, lo que muestra la versatilidad de estas herramientas. Sin embargo, el creciente uso de los drones por parte de organizaciones criminales genera preocupación entre autoridades y analistas de seguridad. Según el informe de FIU, durante la última década, tecnologías de bajo costo como drones han transformado las tácticas de los cárteles y bandas criminales, reduciendo barreras y erosionando el control estatal sobre el espacio aéreo y los sistemas financieros.
Analistas advierten que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación en México, el Primer Comando de la Capital en Brasil y otras organizaciones criminales están incorporando cada vez más estas tecnologías de doble uso en sus operaciones.
Jean Paul Pinto, experto ecuatoriano en seguridad internacional, explicó a Diálogo: “En la región andina, grandes organizaciones criminales ya emplean drones con fines ofensivos. Las disidencias de las FARC en Colombia, por ejemplo, los utilizan contra fuerzas convencionales, al igual que el Clan del Golfo. En Ecuador, grupos como Los Lobos y Los Choneros han protagonizado ataques con drones en cárceles de máxima seguridad”.
Uno de los ejemplos más recientes y letales ocurrió en abril de 2026, cuando un ataque con drones atribuido al grupo armado colombiano Comandos de la Frontera dejó tres soldados muertos y dos heridos cerca de la frontera con Ecuador, reportó AP. Las autoridades colombianas aseguran que grupos armados y organizaciones criminales recurren cada vez más a drones comerciales modificados para transportar explosivos en ataques contra fuerzas de seguridad y grupos rivales.
El creciente uso de drones armados se ha convertido en una importante preocupación de seguridad en Colombia. Según Anadolu Agency, las autoridades colombianas registraron más de 8000 ataques con drones en 2025 perpetrados por grupos guerrilleros y criminales, reflejando un importante cambio táctico en el conflicto interno del país. Autoridades colombianas señalan que grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han adaptado cada vez más drones comerciales para transportar artefactos explosivos improvisados. Los analistas de seguridad señalan que Colombia se ha convertido en uno de los principales laboratorios de la región, donde los grupos criminales emplean cada vez más sistemas comerciales modificados para lanzar explosivos, realizar labores de reconocimiento y apoyar sus esfuerzos de control territorial.
Ecuador también ha registrado incidentes relacionados con drones y crimen organizado, particularmente dentro del sistema penitenciario. Medios ecuatorianos informaron en marzo de 2026 que la policía interceptó un dron cargado con explosivos que se dirigía al Centro de Privación de Libertad El Oro No. 1, en Machala. El incidente se suma a otros casos registrados en cárceles del país, incluido un episodio ocurrido en 2023 en la prisión de La Roca, en Guayaquil, donde las autoridades neutralizaron un dron cargado con explosivos antes de que alcanzara el recinto.
Miguel Navarro, analista internacional chileno, subraya a Diálogo que la accesibilidad de esta tecnología representa un desafío creciente para la seguridad pública. “La tecnología de drones está al alcance de prácticamente cualquiera, lo que facilita su uso masivo incluso con fines criminales”.
En este contexto, los expertos coinciden en que la cooperación internacional es esencial para afrontar esta amenaza. Pinto plantea que los países deben trabajar juntos para desarrollar tecnologías antidrones de bajo costo y mejorar la coordinación regulatoria. “Lo que ocurre entre el Reino Unido y Ucrania es un ejemplo claro: mientras los británicos entrenan a los ucranianos, también aprenden de su experiencia práctica en el uso de drones para vigilancia y ataque”, señala.
Regulación y cooperación: adaptación ante la amenaza de los drones
Los gobiernos de Latinoamérica están pasando cada vez más de una regulación tradicional de drones a estrategias operacionales antidrones, a medida que grupos armados y organizaciones criminales amplían el uso de sistemas no tripulados.
Colombia se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esta transición. Tras el fuerte aumento de ataques con drones comerciales adaptados para transportar explosivos, el Gobierno colombiano anunció en enero de 2026 una iniciativa nacional antidrones de USD 1680 millones destinada a fortalecer la capacidad del país para detectar, rastrear y neutralizar amenazas aéreas no tripuladas. El proyecto incluye la adquisición de sistemas antidrones, el fortalecimiento de la protección de unidades militares desplegadas en zonas de conflicto y la creación de capacidades operacionales especializadas enfocadas en guerra con drones.
El Gobierno colombiano también endureció las restricciones a la importación de drones mientras las fuerzas de seguridad enfrentan ataques cada vez más sofisticados realizados con tecnología comercialmente disponible. Analistas advierten que los grupos armados se están adaptando rápidamente, incorporando tácticas observadas en conflictos como el de Ucrania al entorno de seguridad interna colombiano.
Ecuador también ha reforzado su respuesta frente al creciente uso criminal de drones como parte de la campaña del Gobierno contra el crimen organizado transnacional. Las autoridades ecuatorianas han ampliado operaciones militares y policiales alrededor de cárceles e infraestructura estratégica tras múltiples incidentes relacionados con drones utilizados para transportar contrabando o explosivos. Funcionarios de seguridad consideran cada vez más estos sistemas no tripulados como parte del arsenal operativo de organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros, particularmente dentro del sistema penitenciario del país.
Expertos señalan que la rápida expansión de tecnologías de bajo costo está obligando a los países de la región a replantear los modelos tradicionales de seguridad. Además de actualizar regulaciones aeronáuticas, los gobiernos invierten cada vez más en sistemas antidrones, capacidades de guerra electrónica, monitoreo del espacio aéreo y entrenamiento especializado para enfrentar amenazas que evolucionan más rápido que las estructuras de seguridad convencionales.
En Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha advertido sobre los riesgos asociados a esta tecnología y ha establecido alianzas estratégicas con organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional, la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.
“Con estas entidades se intercambian estándares, criterios técnicos y lecciones aprendidas, para monitorear tendencias emergentes, avanzar en la armonización regulatoria e intercambiar información técnica y operacional, especialmente en relación con incidentes y riesgos”, dijo a Diálogo la DGAC.
Argentina también ha avanzado en la modernización de sus regulaciones sobre drones. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó un nuevo marco normativo orientado a integrar de manera más segura y eficiente el uso civil, comercial y científico de drones al sistema aeronáutico nacional, en línea con estándares internacionales.
La rápida expansión del uso de drones en la región plantea desafíos para gobiernos y fuerzas de seguridad, pero también abre oportunidades para fortalecer capacidades de vigilancia y operación en ciudades y áreas rurales. En palabras de Pinto: “Estas herramientas podrían ser muy útiles para operaciones de vigilancia sin necesidad de desplegar grandes contingentes humanos. Sin embargo, el éxito radica en la capacidad de los países para adaptarse a esta amenaza dinámica y mantener una regulación efectiva”.
La tecnología de drones se ha convertido en un arma de doble filo en Latinoamérica. Mientras su potencial civil y comercial continúa expandiéndose, su creciente uso por parte de organizaciones criminales ha expuesto vulnerabilidades en las estrategias regionales de seguridad. En este contexto, la cooperación internacional, el desarrollo de capacidades antidrones y la actualización de marcos regulatorios son cada vez más importantes para enfrentar una amenaza que redefine rápidamente la seguridad en el hemisferio.
