A medida que las organizaciones criminales transnacionales continúan adaptando sus métodos de tráfico a través del Atlántico, las autoridades de Latinoamérica y Europa buscan fortalecer no solo los esfuerzos de interdicción, sino también las investigaciones y la coordinación judicial posteriores a las grandes incautaciones de droga.
En este contexto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con socios belgas y países de Latinoamérica y el Caribe, lanzó el proyecto Legal Fast en marzo de 2026. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades investigativas posteriores a las incautaciones, mejorar la cooperación judicial internacional y promover respuestas más sostenibles de aplicación de la ley al crimen organizado.
El proyecto surge en medio de una creciente preocupación internacional por el papel que continúan desempeñando los puertos europeos —particularmente el puerto de Amberes-Brujas, en Bélgica— como importantes puntos de entrada para cargamentos de cocaína procedentes de Latinoamérica.
Según las autoridades belgas, agentes aduaneros incautaron aproximadamente 55 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes durante 2025, un aumento con respecto a las 44 toneladas decomisadas en 2024.
Para la UNODC y los gobiernos participantes, el desafío va mucho más allá de interceptar cargamentos. Legal Fast busca fortalecer las “investigaciones posteriores a las incautaciones”, los mecanismos de cooperación judicial, el intercambio de información y las capacidades de procesamiento penal entre los países participantes, con el objetivo de desmantelar las redes criminales detrás de las rutas de tráfico que conectan Latinoamérica y Europa.
Kaitlin Meredith, representante de UNODC para Centroamérica y el Caribe, subrayó: “La naturaleza transnacional de estas organizaciones exige niveles de cooperación sin precedentes entre actores nacionales, regionales y globales”.
Impacto en Latinoamérica
El narcotráfico continúa teniendo consecuencias significativas en toda Latinoamérica, afectando la seguridad, la gobernanza, la infraestructura comercial y la estabilidad institucional de los países que funcionan como puntos de tránsito o centros logísticos para las organizaciones criminales.
Para países como Brasil y Ecuador —importantes centros de tránsito y exportación de cargamentos de cocaína hacia Europa— así como Panamá y Paraguay, que desempeñan funciones logísticas y de transbordo dentro de las redes regionales de tráfico, iniciativas como Legal Fast podrían fortalecer la coordinación investigativa, el intercambio de inteligencia y la cooperación judicial vinculada a casos transnacionales.
Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar la capacidad de las autoridades para dar seguimiento a las investigaciones criminales más allá de la incautación inicial, apuntando a las estructuras financieras, facilitadores logísticos, redes de corrupción y conexiones internacionales que permiten las operaciones de tráfico a gran escala.
Panamá se ha posicionado cada vez más como un socio regional clave en estos esfuerzos.
Según autoridades panameñas, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 3000 paquetes de sustancias ilícitas en puertos e instalaciones marítimas durante los primeros meses de 2026. El país también ha continuado fortaleciendo sus capacidades de interdicción marítima en cooperación con los Estados Unidos mediante la entrega de embarcaciones interceptoras y patrulleras al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
En palabras del ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Ábrego: “Cada inversión en capacidades operativas impacta directamente en la estabilidad regional y en la defensa de los intereses de Panamá”.
Seguridad portuaria e infiltración criminal
Una de las principales preocupaciones en torno al tráfico internacional de cocaína sigue siendo la vulnerabilidad de los grandes puertos comerciales frente a la infiltración del crimen organizado.
El experto ecuatoriano en seguridad Jean Paul Pinto destacó a Diálogo la creciente “permeabilidad” de los puertos utilizados por organizaciones criminales para contaminar cargamentos legítimos.
En el puerto de Amberes-Brujas, las autoridades belgas han intensificado las medidas de seguridad en los últimos años ante la creciente preocupación por la corrupción y la infiltración del crimen organizado vinculadas a las redes de tráfico de cocaína.
Según reportes de medios belgas, las inspecciones de seguridad realizadas a más de 16 000 trabajadores portuarios en 2025 resultaron en 320 evaluaciones de seguridad negativas relacionadas con preocupaciones por crimen organizado y vulnerabilidades vinculadas al narcotráfico.
Pinto enfatizó la necesidad de fortalecer sistemas de trazabilidad mediante una combinación de tecnologías avanzadas y coordinación público-privada para reducir las oportunidades de infiltración criminal a lo largo de las cadenas logísticas marítimas. También advirtió que las redes de tráfico operan cada vez más allá de los propios puertos, extendiéndose hacia la logística naviera, las operaciones marítimas y las estructuras financieras internacionales.
Mientras tanto, el endurecimiento de los controles en Amberes y otros grandes puertos europeos ha llevado a las organizaciones criminales a diversificar rutas y utilizar cada vez más puertos más pequeños y métodos de ocultamiento más sofisticados.
Para los países participantes, Legal Fast representa un esfuerzo para enfrentar esta amenaza en evolución mediante una coordinación internacional más estrecha y el fortalecimiento de las investigaciones posteriores a las incautaciones, capaces de atacar redes criminales transnacionales en lugar de enfocarse únicamente en cargamentos individuales de droga.
En un entorno de seguridad donde el crimen organizado opera cada vez más a través de sistemas logísticos y financieros transnacionales, las autoridades de Latinoamérica y Europa consideran la cooperación, el intercambio de inteligencia y la coordinación judicial como componentes esenciales de los esfuerzos de seguridad regional a largo plazo.
