Durante las últimas décadas, la seguridad en Latinoamérica y el Caribe ha registrado avances y retrocesos frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Mientras algunos países han logrado reducciones significativas de la violencia, otros enfrentan hoy la expansión de economías ilícitas y de organizaciones criminales transnacionales.
En entrevista exclusiva con Diálogo, el exministro de Defensa de Colombia y exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, advierte que el fenómeno va más allá de la evolución del crimen organizado. El problema central, señala, es que estas organizaciones han trascendido los mercados ilícitos y han ampliado su influencia sobre la gobernanza, las instituciones y la seguridad regional.
Pinzón sostiene que la diversificación de las economías ilícitas, la participación de actores extrarregionales, el uso de nuevas tecnologías y políticas que han permitido la expansión de las organizaciones criminales, convirtieron la seguridad en un desafío cada vez más complejo que trasciende las fronteras nacionales y exige respuestas coordinadas a nivel regional.
Diálogo: A lo largo de las últimas décadas, en Latinoamérica hemos visto ciclos recurrentes de avances y retrocesos en materia de seguridad. ¿Por qué la región ha tenido dificultades para sostener avances de seguridad a largo plazo y qué factores estructurales continúan impulsando la inestabilidad?
Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia: Hay un factor que no podemos subestimar, y es que el crimen organizado ha penetrado la política. Hemos encontrado que hay sectores políticos que se han encargado de justificar el accionar criminal o, simplemente, han tomado la decisión de no actuar frente a ellos.
Los países que, en determinado momento, enfrentaron el problema del crimen organizado y del terrorismo, como lo hicimos en Colombia con programas como el Plan Colombia, que fue sostenido durante prácticamente cuatro períodos presidenciales, lograron avances importantes. Se redujo la violencia, aumentó la seguridad y creció la inversión. En el caso de Colombia, esos fueron años de progreso sostenido en todos los indicadores económicos y sociales.
Pero, desafortunadamente, volvió a ocurrir lo mismo. En algún punto, la política se impuso y se consideró que era mejor un método basado en dar concesiones a las organizaciones criminales. No dudo que había mucha esperanza en que eso funcionara, pero la realidad es que no funcionó.
Los criminales aprovecharon y han aprovechado estas circunstancias para recuperarse y fortalecerse.
Y cuando Colombia, por su tamaño y ubicación, entra en un proceso de deterioro, se produce un efecto muy duro y negativo en Ecuador. También resulta muy problemático en la relación con Venezuela, proyecta criminalidad hacia Brasil y Argentina e, indudablemente, hacia el Caribe y Centroamérica.
Diálogo: Las pandillas fragmentadas han evolucionado hacia sofisticadas estructuras criminales transnacionales. Grupos criminales como el Tren de Aragua, surgido de sistemas penitenciarios, se han expandido a múltiples países en menos de una década. ¿Qué condiciones estructurales en Latinoamérica han permitido un crecimiento tan acelerado y una expansión transfronteriza de este tipo?
Pinzón: Esa connivencia y esas alianzas entre la política y, si se quiere, una visión ideológica para llevar a América Latina y a varios de sus países hacia esos neo marxismos de la vieja guardia, ahora apoyados por grupos criminales, han facilitado este fenómeno.
Pero tampoco hay duda de que los problemas que se enfrentan con una sola herramienta no se resuelven.
En el caso del crimen organizado y el terrorismo, en Colombia usamos de manera muy eficaz, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Ellas fueron victoriosas en su misión de fricción y confrontación con los grupos armados, pero el Estado nunca llegó con la misma velocidad para hacer presencia en materia de educación, infraestructura, vías, salud o incluso en materia de justicia y gobernanza territorial.
Y, por supuesto, esa ausencia del Estado ha permitido nuevamente que se recree y, de alguna manera, se sostenga el control de estas organizaciones. Ya no se trata únicamente de un control territorial por parte de grupos armados; muchas veces es un control social del territorio, es decir, un dominio sobre la voluntad de las personas y una extorsión permanente de sus vidas.
Diálogo: A medida que las organizaciones criminales transnacionales continúan multiplicándose en la región, seguir la evolución de su influencia y operaciones se ha vuelto cada vez más complejo. ¿Qué tendencias emergentes o tipos de organizaciones considera que representan actualmente la mayor amenaza estratégica de largo plazo para la región y por qué?
Pinzón: De alguna manera he sido repetitivo, pero quiero reiterarlo. La combinación entre la política, o sectores políticos que avalan o justifican la existencia del crimen organizado, y a su vez el crimen organizado que financia y apoya a ese tipo de organizaciones políticas, constituye hoy una verdadera amenaza para la estabilidad y la democracia.
Esto está llevando a que gobiernos que, de alguna manera, terminan siendo elegidos bajo la influencia criminal, luego trabajen desde adentro para derrumbar las instituciones, destruirlas y, muchas veces, incluso imponer modelos socialistas que no han funcionado en ninguna parte y que terminan empobreciendo aún más a las naciones.
Hay, obviamente, economías ilegales que financian todo esto. El narcotráfico sigue siendo un gran problema, pero más recientemente también la minería ilícita. Y a mí siempre me ha preocupado mucho el lavado de activos asociado a estas actividades, porque termina penetrando la política, pero también otras actividades económicas, creando economías ilegales muy confusas y difíciles de administrar.
Diálogo: ¿Qué papel desempeñan las organizaciones criminales extrarregionales en el entorno de la seguridad en Latinoamérica y, en particular, ¿cómo evalúa la creciente presencia de las redes criminales chinas y su influencia en la expansión de las economías ilícitas en la región?
Pinzón: Ese es un tema muy preocupante porque varios países del mundo no han actuado con la misma firmeza contra el crimen transnacional con la que actúan frente al crimen dentro de sus propias fronteras.
Y lo digo para poner un ejemplo específico, el caso de China. China es un país que le da un gran valor a su seguridad interna y actúa con contundencia. Pero, por otro lado, a nivel internacional, en cierto sentido se hace de la vista gorda frente al lavado de activos, es decir, frente a la compra de bienes con recursos provenientes del narcotráfico y de la criminalidad, así como frente a la venta de precursores químicos, que al final terminan siendo un elemento fundamental para la producción de narcóticos.
Entonces, uno quisiera tener una colaboración más fuerte y hoy esta no existe. Al contrario, se convierte en un factor de desestabilización.
Y está el otro extremo, que es el caso de Irán y de sus agentes, como Hezbolá y Hamás, que de una u otra manera han encontrado fuentes de financiación en las economías criminales de América Latina.
Por eso, son temas que deben analizarse desde una visión geopolítica integral. El tema de los minerales críticos, por ejemplo, no es un asunto menor. Hoy todos sabemos que la competencia geopolítica está determinada, en gran medida, por la capacidad de producir tecnología en materia de energía, computación y otros sectores estratégicos, y los minerales críticos son fundamentales para ello. Esto representa incluso una oportunidad para América Latina.
Sin embargo, muchas veces parte de esa explotación se realiza de manera ilegal, beneficiando a actores extrarregionales que no están promoviendo un mayor orden institucional ni un desarrollo más beneficioso para la región.
Diálogo: A raíz de que las organizaciones criminales transnacionales ya no se limitan a una sola actividad ilícita, sino que operan simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión, tráfico de armas y delitos financieros, ¿cómo cambia esta convergencia de economías ilícitas la forma en que los Estados deben comprender y enfrentar el crimen organizado?
Pinzón: Si los Estados no se alinean, no trabajan conjuntamente y no definen líneas rojas frente al crimen organizado, lo que ocurre es que estas estructuras criminales toman ventaja de lo que sucede en uno u otro lado de la frontera o de las fronteras. De allí que se requieran políticas regionales importantes.
Creo que la iniciativa del Escudo de las Américas tiene la oportunidad de convertirse en una herramienta que puede ser operacionalizada. Considero que fue una buena iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos, en la que se sumaron varios países.
Diálogo: Las organizaciones criminales combinan cada vez más el control territorial con capacidades cibernéticas, comunicaciones encriptadas, criptomonedas, esquemas de fraude y redes financieras transnacionales. ¿Hasta qué punto esta evolución ha transformado el entorno de seguridad en Latinoamérica? Frente a estas amenazas cada vez más complejas, ¿considera que los gobiernos y las instituciones de seguridad están adaptándose con la rapidez y coordinación necesaria?
Pinzón: Sí, la tecnología es siempre la gran oportunidad. Personalmente, creo que los Estados, si hacen una buena apuesta en materia de seguridad y, por supuesto, en otros campos del desarrollo tecnológico, siempre encuentran respuestas.
En el caso de Colombia, lo digo desde mi propia experiencia, incluso durante el periodo en que fui ministro, mi gran apuesta fue siempre por la tecnología de punta que logramos adquirir. Y la verdad es que marcó la diferencia en inteligencia, en la entrega de armas, en la aplicación de la fuerza, en la localización del enemigo e incluso en la protección de la población.
La tecnología evoluciona muy rápido, en especial todo lo asociado al mundo ciber en distintos campos. Hay un tema que se ha vuelto muy importante y que para Colombia es un problema grave, y es el uso de drones, porque la tecnología está hoy disponible para todos y, si los Estados no la incorporan, sus adversarios, los criminales, también tienen acceso a ella.
Hoy en Colombia hemos visto el tema del lavado de activos en mercados financieros que evolucionan constantemente y que deberían ser una oportunidad para el desarrollo social, pero que terminan siendo utilizados por narcotraficantes y estructuras del crimen organizado.
El mundo ciber sigue siendo un reto global. El cibercrimen y los ciberataques, incluso con objetivos de guerra por parte de Estados, se han convertido en una amenaza creciente. Se habla, por ejemplo, de la presencia de Rusia en el uso de redes sociales para influir en procesos electorales.
Y finalmente está el tema de los drones, que en el campo táctico, en el caso colombiano, ha generado una ventaja en el terreno y cierta superioridad aérea, incluso, para grupos criminales frente a las fuerzas del Estado. Estos son temas que los Estados deben equilibrar y enfrentar con urgencia.
Diálogo: Más allá de la violencia, el crimen organizado socava cada vez más la confianza ciudadana en las instituciones, la gobernanza y el Estado de derecho. ¿Qué tan grave es esta erosión de la legitimidad institucional en Latinoamérica y qué riesgos de largo plazo representa para la estabilidad democrática de la región?
Pinzón: Es muy grave. Hace varios años, la Universidad de Vanderbilt realizó estudios que miden la confianza y la credibilidad en la democracia. Cuando uno observa los resultados de los últimos años, se evidencia un deterioro año tras año en la confianza que tienen los ciudadanos en el modelo democrático.
Mucho de esto está asociado a la percepción de la corrupción como un hecho permanente, tanto en la política tradicional para sostenerse en el poder como en estas nuevas connivencias entre el crimen organizado y la actividad política. Esto, sin duda, se ha convertido en un factor que incluso pone en entredicho la estabilidad de las instituciones y de la democracia.
Pero más preocupante aún es que ya existe evidencia de una frustración de la sociedad y de las comunidades con el modelo de gobierno.
Diálogo: La cooperación entre las instituciones del Estado aparece como un elemento para obtener resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. Desde su experiencia, ¿qué tan determinante es la coordinación interinstitucional para enfrentar de manera efectiva a estas estructuras criminales?
Pinzón: Es vital. Hay toda una teoría que surgió en los años 1990 sobre los espacios no gobernados. Esta plantea que, cuando existe un espacio sin gobernanza, alguien lo termina ocupando, bien sea un Estado o una organización criminal.
La única manera de combatir estos espacios no gobernados es, sin duda, con la presencia de fuerzas armadas que estabilicen el territorio, brinden seguridad, eliminen la amenaza y garanticen la protección de la población. Pero la pregunta clave es cómo lograr que ese espacio no gobernado pase a ser efectivamente gobernado. Y ahí es donde deben entrar de manera sostenida las agencias de carácter social, de infraestructura, justicia, educación, salud, entre otras.
Colombia es un buen ejemplo de esto. Las Fuerzas Armadas colombianas han sido históricamente exitosas cuando se les ha dotado y se les ha liderado, han logrado derrotar amenazas armadas. Sin embargo, en muchos casos el Estado no ha llegado con el resto de sus instituciones.
Y, usando el caso de Colombia como referencia, cuando esto no ocurre, los problemas no solo se recrean, sino que se profundizan, y la desconfianza en las instituciones incluso aumenta.
Diálogo: Colombia ha sido reconocida durante mucho tiempo tanto por la magnitud de sus desafíos de seguridad como por sus esfuerzos sostenidos para enfrentarlos, incluso mediante una estrecha cooperación bilateral con Estados Unidos. Con base en su experiencia como ministro de Defensa, ¿qué tan importante ha sido esa asociación para los avances de seguridad de Colombia, y qué lecciones de la experiencia colombiana podrían ser útiles para otros países que enfrentan amenazas criminales transnacionales y desafíos de gobernanza?
Pinzón: Para Colombia fue extraordinario todo el proceso de alianza estratégica con Estados Unidos. Esta relación tuvo múltiples niveles, sin duda, todo lo relacionado con seguridad, justicia e inteligencia, pero también un trabajo importante en el desarrollo económico y social.
Tuvimos un acuerdo de libre comercio que ha facilitado la inversión y el comercio entre ambos países. Y, por otro lado, avanzamos también en normas que contribuyeron a elevar la protección del medio ambiente y de los derechos humanos como elementos centrales.
En general, la relación ha sido positiva. Me imagino una relación entre Colombia y Estados Unidos a futuro aún más estratégica, no solo en los temas de seguridad, inteligencia y justicia, que deben seguir siendo muy fuertes, sino también en la discusión sobre el uso de minerales críticos, la transferencia de nuevas tecnologías, mayor comercio e inversión, y educación, donde países como Colombia pueden aprovechar el sistema educativo de Estados Unidos para fortalecer su mercado laboral.
Creo que hay mucho por desarrollar y muchas lecciones positivas en la relación. En materia de seguridad, fue extraordinaria. Colombia fortaleció no solo su inteligencia, sino también su movilidad aérea y sus capacidades de operaciones especiales, y abrió el camino hacia una visión más global.
En su momento, logramos convertir a Colombia en socio global de la OTAN, y el país llegó a su punto más alto como aliado estratégico no miembro de la OTAN, lo cual representó el nivel más alto de la relación.
