Latinoamérica ocupa un lugar cada vez más central en la estrategia de abastecimiento de oro de China, que, según una cifra citada por la Fundación Francesa para la Investigación Estratégica (FRS), ya podría representar hasta el 10 por ciento de las reservas mundiales. Para China, el oro es una herramienta para reducir la dependencia del dólar y reforzar la seguridad de los recursos, pilar del “concepto global de seguridad nacional” de Xi Jinping.
“El oro, como moneda universal que puede circular fuera del sistema financiero mundial, no solo sirve como reserva de valor, sino también como herramienta para eludir las sanciones económicas en caso de crisis diplomáticas”, explica a Diálogo el experto en cadenas de suministro ilícitas y explotación criminal de recursos extractivos, David Soud, responsable de investigación y análisis de I.R. Consilium, una consultora internacional especializada en seguridad global, derecho y delitos relacionados con los recursos.
El Partido Comunista de China participa directamente en la adquisición de oro, tanto a través del Banco Popular y los brokers como con políticas que incentivan las compras y la extracción en el extranjero. Estas iniciativas suelen basarse en cadenas de suministro opacas con elevados costes medioambientales y sociales.
Un ejemplo emblemático es el Mirador, un megaproyecto de cobre y oro situado a unos 1000 metros de altitud en la Cordillera del Cóndor, en la provincia ecuatoriana de Zamora-Chinchipe. Considerado uno de los yacimientos más grandes del mundo, alberga 4,82 millones de onzas de oro y 6,34 millones de plata. La empresa transnacional china Ecuacorriente S.A. (ECSA), parte del consorcio estatal China Railways Construction Corporation (CRCC)-Tongguan, es la titular de la concesión y ha sido acusada de corrupción y graves desastres medioambientales en China y otros lugares.
Según un informe de la organización no gubernamental Acción Ecológica y de la Universidad Central del Ecuador, la expansión del Mirador ha provocado varios problemas: el deterioro de las carreteras por el tráfico pesado, el desplazamiento de las comunidades locales, la grave contaminación de los ríos con repercusiones en la pesca y la salud, condiciones laborales abusivas y un clima de violencia marcado por el asesinato, en 2014, del líder indígena shuar José Tendetza.
“El precio colectivo del comportamiento depredador que con demasiada frecuencia caracteriza la explotación desenfrenada del oro es devastador: se daña el medioambiente, se compromete la salud pública y se priva a los países de ingresos fundamentales derivados de los recursos”, afirma Soud.
En la misma zona, otra empresa minera china, Totalfor, se retiró repentinamente en mayo, dejando a decenas de familias en la ruina, sin pagar los más de USD 1,9 millones que debía a las empresas y los trabajadores locales. Los contratos incumplidos, los cheques sin fondos y los daños medioambientales han convertido la promesa de desarrollo en pobreza y deudas.
Entre la minería informal y la ilegal
Según un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la creciente demanda china, que ha impulsado los precios por encima de los USD 3000 la onza, está favoreciendo en Latinoamérica un mercado ilegal de oro. Esta economía ilícita aumenta la inestabilidad regional, en la que operan diversos actores criminales, desde los cárteles de la droga hasta las mafias chinas, como las tríadas y la de Fujian.
En Bolivia, las redes criminales chinas se esconden detrás de cooperativas locales que reciben a cambio una pequeña parte de las ganancias. En Perú, están transformando la pequeña extracción artesanal en actividades industriales de alto impacto ambiental, especialmente en Madre de Dios, en la Amazonía, Puno y los Andes, en la frontera con Ecuador. El uso del cianuro altamente tóxico es frecuente porque permite a los mineros extraer dos o tres veces más oro del mismo mineral que con el mercurio.
También en Guyana y Venezuela, las autoridades han identificado a inversores y operadores chinos como figuras centrales en el tráfico ilegal de oro, con redes logísticas que facilitan su transporte. En Ecuador, informes recientes señalan su presencia en las zonas mineras del norte, en la provincia de Imbabura. Entre 2017 y 2024, la extracción ilegal de oro ha devastado más de 1700 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, especialmente en la provincia de Napo. Análisis clínicos realizados en 2024 han detectado metales pesados en la sangre de las comunidades indígenas kichwaruna, mientras que la violencia va en aumento. El pasado mes de mayo, 11 militares fueron asesinados en la provincia de Orellana durante una operación contra grupos armados vinculados al tráfico de oro.
La red china de comerciantes internacionales
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica (OCMAL), desde 2020 se han disparado las exportaciones de concentrados de oro desde Perú, casi todas con destino a China. En 2024 alcanzaron casi 400 000 toneladas, por un valor de USD 884 millones, 20 veces superior al de 2019.
Los principales exportadores no son empresas mineras, sino comerciantes internacionales, que compran el concentrado a terceros sin declarar su origen en el momento del envío. Entre los principales operadores en Perú se encuentran IXM, controlada por el consorcio chino CMOC, y Humon Latin America, parte del grupo Humon que opera fundiciones en China.
“Algunas empresas chinas que exportan, por ejemplo, mineral en bruto o concentrado son filiales de, o están estrechamente vinculadas a, empresas chinas especializadas en la extracción de minerales críticos”, dice Soud.
Los concentrados de oro son, de hecho, multimetálicos. Por eso, según el experto, a menudo, cuando se exportan, solo se declara el metal principal, como el oro, lo que permite que otros elementos preciosos que contienen, incluidas las tierras raras y los minerales críticos, se envíen a China.
Según OCMAL, los concentrados de oro también llegan a Perú desde países vecinos como Ecuador, Colombia y Bolivia, a través de comerciantes chinos como IXM, que utilizan los depósitos del puerto de Callao como centro logístico para luego enviar los cargamentos, junto con los de origen peruano, a China.
También se utilizan mulas chinas para transportar concentrado de oro a su país, y en los últimos meses se han producido varias incautaciones en los aeropuertos brasileños, siendo Hong Kong uno de los destinos más frecuentes.
“El concentrado de oro se presta perfectamente al blanqueo de capitales: parece arena, no tiene referencias de precio reconocidas, es difícil de identificar para la mayoría de los funcionarios de aduanas y puede facturarse fácilmente de forma fraudulenta o declararse de forma inexacta”, dice Soud. Esta opacidad y su uso para delitos financieros representan un reto fundamental para la seguridad regional.
Para prevenir el comercio ilícito de oro, según el experto, se necesitan incentivos concretos para la regularización de los pequeños mineros, un control estatal más estricto de los puertos y las zonas de libre comercio, y una vigilancia más estrecha de los flujos de mineral en bruto y concentrado.
