En un importante esfuerzo internacional, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica, patrocinada por los Estados Unidos y Panamá, que autoriza la creación de la Fuerza de Represión de las Pandillas (GSF) en Haití. El objetivo es claro y urgente: enfrentar de manera directa al crimen organizado que, desde hace años, siembra el terror en la isla caribeña y perpetra asesinatos masivos contra la población civil.
La fuerza multinacional constará de 5550 efectivos, de los cuales 5500 serán militares y policías, y 50 civiles, según la ONU. Esta estructura marca la transición de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia. La GSF está diseñada para ser una fuerza más grande y robusta, con un mandato explícito de perseguir las redes criminales.
Primeros operativos y desafíos de seguridad regional
“La decisión de crear esta nueva fuerza es de suma importancia a raíz de que ese país atraviesa desde hace muchos años una crisis compleja en la que los grupos armados tienen a la población como rehén, sumado a que la sociedad haitiana está afectada drásticamente en el acceso a bienes y servicios esenciales como alimentos, agua, saneamiento y atención médica”, advirtió a Diálogo el experto argentino en Relaciones Internacionales y temas de seguridad, Luis Somoza.
Desde entonces, la GSF entró en acción. En colaboración con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H), llevó a cabo operaciones dirigidas y patrullajes focalizados en el departamento de Artibonite, por ejemplo, despejando la crucial ruta Petite-Rivière–Liancourt–Pont Sondé.
A pesar de la férrea resistencia de la banda criminal Gran-Griff, el equipo conjunto GSF/PNH mantuvo su misión principal: garantizar la seguridad de la carretera entre Pont Sondé y Verret, en Liancourt, y asegurar la entrega de vehículos blindados a las comisarías locales, reforzando significativamente la seguridad en la región.
La misión de la fuerza es amplia y ambiciosa. Se enfoca en operaciones dirigidas por inteligencia contra las pandillas, la protección de infraestructuras críticas y rutas clave, el fortalecimiento de las capacidades operativas de la PNH y las FAD’H, la lucha contra el tráfico y el desvío de armas ilícitas, el apoyo a la policía nacional en el mantenimiento del orden público y la captura de líderes y colaboradores criminales.
Amenaza transnacional
La crisis en Haití no es un caso aislado, sino que representa una importante amenaza para la seguridad regional que se extiende por todo el Caribe. La expansión del control de las pandillas y la violencia está directamente relacionada con las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales (OCT), que aprovechan el colapso institucional de Haití para facilitar su comercio ilícito.
Esta amenaza se ve amplificada por la expansión de grupos originarios de Venezuela, como el Tren de Aragua (TdA), un grupo que ha sido designado como organización terrorista por varios países y cuyas actividades son facilitadas por el régimen de Nicolás Maduro. Aunque el TdA explota principalmente las rutas migratorias de todo el continente para el tráfico de personas, el tráfico de drogas y la extorsión, su presencia pone de manifiesto la vulnerabilidad de los países del Caribe ante grupos terroristas sofisticados y bien dotados de recursos.
Las pandillas de Haití, empoderadas por el flujo masivo e ilícito de armas y que coordinan cada vez más sus ataques, funcionan esencialmente como socios en un ecosistema criminal regional más amplio. Por lo tanto, el éxito de la GSF en neutralizar a estos grupos armados y asegurar los puertos y rutas de tránsito clave de Haití se considera una medida esencial para prevenir la desestabilización regional y combatir las OCT que amenazan a todo el hemisferio occidental.
La crisis humanitaria es profunda. “Haití es el país más pobre del hemisferio y uno de los más pobres del mundo, pues alrededor del 60 por ciento de su población vive por debajo del umbral de la pobreza y los grupos criminales han tomado lugares estratégicos en las afueras de la capital Puerto Príncipe, lo que les facilita el tráfico de drogas y armas”, subrayó Somoza.
Reacciones internacionales y cooperación
El secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, celebró el despliegue de la GSF y abogó por una acción “rápida”, instando a que otros países se sumen al esfuerzo, según reportó EFE.
Varios países ya han comprometido personal para la fuerza. Kenia sigue siendo la nación líder, y otros países, como Guatemala, El Salvador, Jamaica, Belice y Bahamas se han comprometido o han enviado efectivos militares en apoyo a la misión.
Un ejemplo notable del compromiso es el Ejército de Guatemala. Un contingente de 150 militares guatemaltecos terminó recientemente su instrucción para integrarse a la fuerza. El Coronel Luis Alfredo Sáenz, comandante del grupo, declaró al Diario Las Américas: “Esto denota el gran compromiso que tenemos como policías militares en ser los embajadores con uniforme, guardianes de la paz y ser los soldados de la esperanza para el pueblo haitiano”.
La situación en Puerto Príncipe es crítica: los grupos armados controlan el 90 por ciento de la ciudad, bloqueando carreteras, atacando infraestructuras y aterrorizando a la población con secuestros, violaciones y asesinatos. Solo en 2024, más de 5600 personas han sido asesinadas, según indicó la ONU.
La violencia se ha extendido desde marzo de 2025 a otras áreas antes consideradas seguras, como los departamentos de Artibonite y Centro, donde el desplazamiento forzado ya afecta a más de 239 000 personas. En total, más de 1.3 millones de haitianos han sido desplazados, con servicios esenciales como la atención sanitaria y la distribución de alimentos colapsados.
Pandillas aliadas y caza de líderes
Las pandillas, otrora rivales, han dejado de lado sus diferencias para enfrentar juntas a las fuerzas del orden. “Estas facciones criminales que con anterioridad eran rivales, que en algún momento tuvieron enfrentamientos por disputas territoriales, ahora han unido fuerzas y han formado alianzas para luchar contra los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití”, alertó Somoza.
En agosto, el Departamento de Estado de los EE. UU. elevó la recompensa a USD 5 millones por información que conduzca a la captura de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el más temido líder de las bandas armadas haitianas.
La fiscal Jeanine Pirro, del Distrito de Columbia, justificó la recompensa: “Es un líder pandillero responsable de atroces abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití (…). Nuestra oficina se compromete a garantizar la seguridad de los estadounidenses en cualquier lugar del mundo, y la violencia de las pandillas que afecta a Haití debe terminar”.
El futuro de Haití: entre la esperanza y el desafío
Para Somoza, la GSF debe actuar con contundencia para contener la ola de violencia. “Es transcendental que los EE. UU y los países de la región apoyen con ayuda humanitaria y seguridad, buscando consensos diplomáticos y acuerdos de cooperación para lograr que Haití logre neutralizar a esas pandillas”, afirmó.
Desde Haití, la respuesta institucional ha sido de esperanza cautelosa. Laurent Saint-Cry, presidente del Consejo Presidencial de Transición, celebró la creación de la GSF. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, por su parte, consideró que la fuerza “constituye un avance importante en la colaboración entre Haití y la comunidad internacional”, según informó France 24.
Luis Somoza concluyó con un llamado a la acción internacional: “Una acción internacional decidida y coordinada será el eje para lograr la estabilidad de Haití, terminando con la brutalidad con la que asolan las pandillas, y de esta manera asegurar la paz en esa región caribeña”.
