En la Venezuela de Nicolás Maduro, surgió un nuevo ecosistema criminal, ya que el autócrata venezolano ha logrado incorporar a su círculo tanto a los grupos criminales más poderosos como a las principales guerrillas, tejiendo una red de intereses que trasciende las fronteras nacionales.
El núcleo de esta criminalidad vinculada al Estado es el Cártel de los Soles (CdS), una red de altos mandos militares y funcionarios del régimen venezolano liderada por Maduro. Los señalamientos de los Estados Unidos y múltiples socios regionales, incluidas las designaciones como organizaciones terroristas en 2025 contra del CdS el y Tren de Aragua (TdA), reflejan un cambio profundo en la estructura del delito organizado en el país.
De la bonanza a la violencia: el legado de Chávez
El auge del crimen organizado en Venezuela no es un fenómeno reciente. Durante el mandato de Hugo Chávez, la bonanza petrolera, la corrupción desenfrenada y la destrucción institucional sentaron las bases para una explosión de criminalidad violenta que ubicó al país entre los más peligrosos del mundo.
En diciembre de 2014, el Observatorio Venezolano de la Violencia advirtió que Venezuela tenía la segunda tasa de homicidios más alta del planeta. El caos institucional permitió la proliferación de bandas criminales en todo el territorio. Un estudio de 2015 del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado identificó 28 “megabandas” con capacidad de operar a gran escala.
El estado Bolívar se convirtió en uno de los territorios más violentos, donde organizaciones criminales se disputaban a sangre y fuego el control de las zonas mineras. En 2016, Ciudad Guayana, su capital, figuraba en el puesto once entre las 50 ciudades más violentas del mundo, según la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz. Sin embargo, la dinámica de la violencia ha cambiado en los últimos años.
De la masacre a la convivencia: la nueva simbiosis criminal
Mercedes de Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, describe una transformación dramática en la relación entre el Estado y los grupos armados. “Actualmente no se reportan las grandes masacres de antaño, en las que intervenían tanto bandas armadas como grupos guerrilleros y las fuerzas militares venezolanas. Ahora se observa una ‘convivencia’ entre los grupos armados irregulares y las fuerzas del Estado”, explicó en conversación con Diálogo.
De Freitas señala que los líderes criminales se han convertido en figuras de referencia local, con más poder que los alcaldes, y mantienen una relación “realmente muy extraña con el Estado”.
Esta simbiosis no se limita a Bolívar. En Táchira, por ejemplo, los empresarios que distribuyen alimentos son víctimas de un esquema de extorsión en el que participan tanto la guerrilla como las fuerzas militares, conocido como el “sistema Bernal”, en alusión al gobernador Freddy Bernal. En este sistema, la coima pagada a un operador en San Cristóbal garantiza que los transportistas no sean molestados por las autoridades.
Represión y la consolidación criminal
Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) —una controvertida iniciativa del régimen contra la delincuencia que implicó redadas de seguridad masivas en barrios de bajo ingresos— fueron factores determinantes en la consolidación del poder criminal en torno al oficialismo. Entre 2015 y 2017, al menos 505 personas murieron durante las OLP, según datos recopilados por la Fiscalía y posteriormente presentadas a organismos internacionales, en operativos donde participaron fuerzas policiales y militares. Poco después de la publicación de estos datos, la fiscal general Luisa Ortega Díaz fue destituida y obligada a huir del país.
Organizaciones como Human Rights Watch estiman que las muertes durante las OLP se cuentan por miles. Tras dos años de estas operaciones, la represión fue delegada a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) de Venezuela, hoy extinta. Después de una década de represión letal, solo han sobrevivido las estructuras criminales vinculadas a las altas esferas del poder, asegurando así la impunidad.
Guerrillas y crimen transnacional: la frontera como zona de influencia
Entre las organizaciones que han prosperado bajo este nuevo orden figuran las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con amplia presencia en los estados fronterizos. Ambas han recibido respaldo público del régimen de Caracas. En 2019, Maduro dijo que los líderes de las FARC Iván Márquez y Jesús Santrich eran “bienvenidos en Venezuela” a pesar de ser buscados por Colombia, informó entonces Reuters.
La historia del TdA, la banda criminal más notoria de Venezuela, ilustra la complejidad del fenómeno. Según el régimen, la organización fue desmantelada en septiembre de 2023 tras la intervención militar en el penal de Tocorón.
Sin embargo, el comisario Iván Simonovis (exfuncionario de alto nivel de seguridad convertido en una destacada figura de la oposición) sostiene que la banda, liderada por Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, sigue operando con fuerza y proyección internacional, gracias al respaldo del oficialismo. Aunque Guerreo es formalmente buscado por las autoridades, Simonovis afirma que se mueve libremente por todo el país, protegido por el aparato de Maduro.
Simonovis afirmó a Diálogo que el TdA ejecuta actividades en las que el autoritarismo venezolano no quiere aparecer vinculado directamente. Un ejemplo es el secuestro y asesinato en Chile del Teniente retirado Ronald Ojeda, perpetrado en febrero de 2024.
Tras la intervención en Tocorón, ningún miembro de la cúpula del TdA ha sido capturado en Venezuela. Por el contrario, el régimen ha intentado obstaculizar las investigaciones sobre las actividades internacionales de la banda. La reciente solicitud de extradición a Colombia de Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, unos de los fundadores y líderes originales del TdA, quien fue detenido en julio de 2024, es un ejemplo de los esfuerzos de la dictadura por controlar el relato y proteger a sus aliados.
La creciente condena internacional de las organizaciones criminales transnacionales con sede en Venezuela alcanzó su punto álgido este año: Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú se encuentran entre los países que han designado a la TdA y al CdS como organizaciones terroristas.
Venezuela, un “Estado delincuente”
La centralización del poder criminal en torno al régimen ha transformado al país en lo que el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas de Venezuela, Carlos Tablante, denomina un “Estado delincuente”.
“Ocuparon una serie de espacios, de actividades del control criminal que fueron debilitando el Estado de derecho, para crear una situación en la cual cualquier ciudadano, para resolver cualquier asunto frente al oficialismo, tiene que relacionarse con una estructura cada vez más comprometida con la actividad criminal”, explicó Tablante a Diálogo.
El tráfico internacional de drogas, el comercio de armas, metales preciosos y personas, son actividades clave en este entramado. Pero, según Tablante, el epicentro de la acción criminal del régimen de Maduro es la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), de donde se obtienen los recursos para sostener el régimen.
Corrupción y rentas ilícitas: el costo global del régimen
El efecto expansivo de la corrupción bajo el régimen venezolano es innegable. Transparencia Venezuela ha documentado 178 casos judiciales en 30 países durante las eras de Chávez y Maduro.
Más allá de la renta petrolera, la organización calcula que la renta ilícita derivada de la participación venezolana en la industria de la cocaína se calculan en miles de millones de dólares, con algunas estimaciones que superan los USD 8000 millones, con un papel fundamental del CdS.
La Venezuela de Maduro, lejos de erradicar el crimen, lo ha centralizado y convertido en un instrumento clave de poder, con consecuencias que trascienden sus fronteras y amenazan la estabilidad de toda la región.
