El caos sociopolítico que vive Nicaragua desde abril de 2018 no disminuye. Los exiliados tienen miedo de regresar al país, las negociaciones de paz permanecen estancadas, el presidente Daniel Ortega insiste en que no dejará su puesto y los grupos paramilitares están cada vez más activos en las calles de todas las ciudades.
Según el informe Global Peace Index 2019, elaborado por la ONG Vision of Humanity, de Australia, esas situaciones convierten a Nicaragua en el país latinoamericano donde más se degradó la paz en 2018. Las causas de inestabilidad incluyen el crimen violento, la privación de la libertad, la inestabilidad política y la intensidad de conflictos internos.
“La disminución de la paz en Nicaragua fue provocada por una continua crisis política que comenzó en abril de 2018, cuando las protestas contra la reforma del sistema de pensiones fueron reprimidas en forma violenta por el Estado y los paramilitares. El movimiento creció a manifestaciones más amplias contra la presidencia de Daniel Ortega, con demandas de reformas políticas de gran alcance incluyendo elecciones adelantadas”, asegura el informe.
Fátima Villalta, nicaragüense integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia de Nicaragua, exiliada en México, habló con Diálogo sobre la situación política que enfrenta su país. “El hecho de no informar de asesinatos masivos como en junio o julio de 2018 no es un indicador de que las cosas mejoran. Después de la represión quedó la evidencia de que la dictadura se instaló con un sistema de castigos, vigilancia y miedo”, dijo Villalta.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ONG con base temporal en Costa Rica, reporta que entre abril de 2018 a enero de 2019, el país registró 561 muertos y 4578 heridos víctimas de la represión del Gobierno de Ortega. Reporta además a 1336 personas como desaparecidas a manos de grupos paramilitares.
“Ahora hablamos de asesinatos selectivos. Asesinan a personas en situaciones no esclarecidas; a personas involucradas en las protestas, que fueron a Costa Rica y regresaron. Seguimos con lo mismo; no es posible manifestarse de ninguna manera”, asegura Villalta.
Gabriela Castro, activista y comunicadora de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, exiliada en los Estados Unidos, agrega que protestar desde la seguridad del exilio es la única forma para señalar los abusos del régimen de Ortega.
“No hay duda de que hay temor por la vida, miedo a lo que puede pasarnos si volvemos. Muchos de los que estamos en el exilio sabemos que solo se pueden denunciar los abusos de Ortega desde fuera del país”, comentó a Diálogo Castro. “En Nicaragua es riesgoso levantar la voz. Quienes estamos en otras naciones somos quienes seguimos presionando para señalar que en Nicaragua la población está sufriendo, que vivimos en una dictadura”.
A casi año y medio del inicio de las protestas en Nicaragua el panorama es sombrío. Las posibilidades de elecciones adelantadas son mínimas y la represión es la tónica en un país que ve como la paz se degrada día a día, agregó Castro.
“Algunas personas volvieron [del exilio] y muchos son asesinados, acosados, encarcelados. Daniel Ortega es el director de la Policía Nacional y él es el responsable. Los paramilitares, insertos en las comunidades, son quienes quitaron las barricadas y atacaron las universidades; vigilan, denuncian y están armados por la Policía Nacional”, finalizó Villalta.
