China ha fortalecido su influencia en Latinoamérica mediante mecanismos de presión política que complementan su creciente presencia económica. Un caso reciente en Panamá ilustra claramente cómo Pekín interviene en decisiones internas para proteger sus intereses geopolíticos. Según el medio de investigación centroamericano Expediente Público, diputados panameños enfrentaron presiones para cancelar un viaje a Taiwán.
Diplomacia en Panamá
En noviembre de 2025, la embajada de China en Panamá instó a varios legisladores a suspender su visita a Taiwán, argumentando que violaba directamente el principio de “una sola China”, como reportó el diario panameño La Prensa. Los diputados confirmaron haber recibido mensajes directos de la embajadora Xu Xueyuan, lo que provocó críticas en el Parlamento, que los calificaron de forma de presión diplomática destinados a influir en las decisiones internas.
En respuesta, la Cancillería panameña emitió un comunicado en el que rechazó cualquier intento de injerencia externa, afirmando que la política exterior es competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo. Aunque aclaró que el viaje no contaba con el respaldo oficial del Estado, enfatizó la importancia de preservar la autonomía institucional ante presiones diplomáticas externas.
Este incidente desató un debate interno sobre los límites de la interlocución diplomática. En lugar de utilizar los canales formales entre Estados, la embajada china entabló una comunicación directa e informal con legisladores individuales. Analistas consultados por Expediente Público advirtieron que esta metodología funciona como una técnica precisa de presión política diseñada para eludir los protocolos tradicionales. Esto permite a una potencia extranjera ejercer influencia en lo más profundo de las estructuras funcionales de un gobierno anfitrión, moldeando eficazmente los resultados políticos mediante un acercamiento personal de alta presión. A pesar de la presión de Pekín, los diputados decidieron continuar con su viaje a Taipéi.
Luis Fleischman, profesor de sociología y ciencias políticas en la Universidad Estatal de Palm Beach, y copresidente del Palm Beach Center for Democracy, explicó a Diálogo que “la capacidad de presión de China en Latinoamérica se apoya en su peso económico y en la alta permeabilidad política de la región”. Advirtió que esta vulnerabilidad no se limita a casos de corrupción directa, sino que se ve exacerbada por entornos institucionales frágiles que facilitan la injerencia externa.
Patrón más amplio de presión
El caso panameño no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia documentada. En toda la región, China ha empleado sistemáticamente advertencias diplomáticas y contactos políticos de alto nivel para desalentar iniciativas relacionadas con Taiwán. Esta práctica refleja un patrón de influencia dirigido a actores clave específicos en el proceso de toma de decisiones, según Expediente Público.
En 2024, legisladores de Bolivia, Colombia, Eslovaquia, Macedonia del Norte y Bosnia Herzegovina denunciaron públicamente presiones por parte de Pekín para que no asistieran a una conferencia mundial en Taiwán. Los parlamentarios informaron que los esfuerzos chinos buscaban evitar cualquier señal de respaldo político a Taipéi, evidenciando una prueba más de la extensión de la diplomacia china más allá de los canales formales.
Guatemala y Paraguay también han enfrentado presiones políticas vinculadas al objetivo de China de aislar diplomáticamente a Taiwán en Latinoamérica. En ambos casos, Pekín combinó incentivos económicos con gestiones diplomáticas dirigidas hacia actores políticos, aunque sin lograr cambios formales de reconocimiento diplomático, según el centro de análisis AidData.
En Brasil, en 2020, la embajada de China solicitó formalmente a diputados federales que se abstuvieran de pronunciamientos públicos a favor de Taiwán, considerando el tema un “asunto interno” de Pekín. Los legisladores brasileños calificaron la comunicación como una presión sobre una institución independiente, lo que generó críticas públicas con respecto a la injerencia de China en el debate político interno, reportó el medio brasileño UOL.
Fleischman advirtió que este tipo específico de presión política también está relacionada con el interés de China para influir en decisiones sobre sectores estratégicos. “Recursos como el litio, esenciales para la producción de microchips y tecnologías digitales, ocupan un lugar central en esta lógica, debido a su valor para la competitividad tecnológica y la proyección económica a largo plazo”, afirmó.
Estrategia de captura de élites
Según Expediente Abierto, China ha implementado una “estrategia de captura de élites”, que combina presión diplomática, opacidad en los acuerdos y recompensas selectivas a actores locales alineados con sus intereses. Esta práctica trasciende embajadas o Institutos Confucio, incluyendo interacciones directas con figuras políticas y económicas para influir en decisiones internas.
La misma fuente advierte que esta estrategia halla terreno fértil en países con instituciones débiles o élites con prácticas iliberales, lo que puede resultar en una cesión gradual de soberanía política. En este contexto, China prioriza influir en élites políticas antes que en la ciudadanía o en grandes proyectos de infraestructura, un enfoque que resulta más rentable desde el punto de vista geopolítico.
Préstamos, donaciones y proyectos específicos han servido para integrar actores clave en redes vinculadas al Partido Comunista de China (PCCh), especialmente en Asia-Pacífico, África y Latinoamérica. Esta dinámica permite a Pekín moldear decisiones internas y consolidar su influencia sin recurrir a mecanismos coercitivos tradicionales.
Respuesta regional y fortalecimiento institucional
Desde una perspectiva de política internacional, Fleischman sostiene que “la principal defensa frente a la presión política selectiva es el fortalecimiento efectivo del Estado de derecho”. Subrayó que “el desafío no radica en la ausencia de marcos legales, sino en su aplicación consistente, particularmente en la independencia judicial y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos”.
Asimismo, advirtió que la corrupción representa el mayor factor de vulnerabilidad institucional en Latinoamérica. “Sistemas judiciales frágiles, prácticas políticas opacas y la presencia del crimen organizado generan condiciones propicias para estas presiones”, una dinámica que, según el académico, “no se revierte solo con enfoques económicos, sino con mayor transparencia y responsabilidad pública”.
