El cultivo ilegal de hoja de coca se expandió en la cuenca del Amazonas y la región andina, indicó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Informe anual 2023 publicado este marzo. Esta expansión, indica el informe, afecta significativamente a los ecosistemas locales y a la biodiversidad, provocando una considerable deforestación, degradación del suelo y pérdida de diversidad de flora y fauna.
La producción de drogas ilícitas utiliza indiscriminadamente productos químicos para aumentar las cosechas, lo que provoca una contaminación generalizada, al tiempo que se talan vastas zonas de bosques para expandir los cultivos, dando lugar a la narco-deforestación.
“El cocalero percibe que vender la hoja de coca no es lucrativo, pero sí lo es convertirla en droga. Por eso, para acelerar su producción aplica varias tecnologías, contaminantes todas. Así, si antes la coca se cosechaba tres veces al año, hoy existen sectores donde se cosecha hasta cinco veces al año”, dijo el 18 de abril a Diálogo Pedro Yaranga, analista internacional peruano especializado en narcotráfico. “La consecuencia es mayor depredación del medio ambiente, agua, suelo y aire. Esta práctica es altamente contaminante por los pesticidas, fungicidas y herbicidas que utilizan, la mayoría no autorizados para el mercado”.
“En países de la cuenca amazónica como Colombia, Perú, Bolivia o Ecuador, la expansión de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas están provocando la pérdida de bosque, violencia y el aumento de otras actividades ilícitas como la minería ilegal”, reportó el sitio de noticias medioambientales Mongabay.
En efecto, el tráfico de drogas guarda relación directa con diversas formas de explotación del medio ambiente, advierte el informe de la JIFE. En Centroamérica, los cárteles de la droga diversifican “armoniosamente” sus actividades con la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres. Actividades que suelen ir acompañadas de diversos delitos convergentes; desde el soborno hasta los delitos violentos.
“Mientras en Centroamérica el tráfico de drogas impulsa indirectamente cambios en el uso del suelo con la deforestación por prácticas ilícitas de control de capitales y de la tierra, en Ecuador el deterioro medioambiental y degradación de los recursos naturales por cultivo de coca y de producción de cocaína, ponen en peligro medios de subsistencia vulnerables en la frontera con Colombia”, expuso la JIFE.
“En tanto, en toda la cuenca del Amazonas se registran con frecuencia disputas violentas entre comunidades locales y narcotraficantes, como consecuencia de la ocupación ilegal de propiedades. En la zona de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, se concentra una intensa actividad ilícita de deforestación, impulsada por el comercio ilegal de madera, así como por el narco”.
Este aumento en la producción de drogas ilícitas contribuye al cambio climático, por la deforestación y degradación de suelos que provoca, “pero también porque para producir un kilogramo de cocaína se necesitan más de 300 litros de gasolina”, detalló el documento.
“El químico que más nos preocupa es el permanganato de potasio porque tiene manganeso, un metal pesado prácticamente imposible de recuperar o extraer de las aguas o del suelo y que afecta a humanos, animales y flora”, dijo el vicepresidente de la JIFE César Arce a Mongabay. “Hay otros productos como el ácido sulfúrico, el queroseno, el éter o la acetona que, si bien son altamente contaminantes, se diluyen, se evaporan o se disuelven. El permanganato se queda y no se puede extraer cuando se trata el agua. En nuestros países no hay aún un sistema que filtre eso”.
Actualmente, no existe una entidad en la región latinoamericana que realice monitoreo permanente, sobre qué tan contaminados están los cauces de los ríos y los suelos por el uso de los químicos relacionados con la fabricación de cocaína, advirtió Arce.
Combatiendo la demanda
La JIFE exhortó a los Gobiernos a que, con el apoyo de la comunidad internacional, adopten medidas inmediatas contra esas amenazas; medidas que deben priorizar la seguridad y el bienestar de las poblaciones locales, autóctonas y vulnerables, así como la protección del medio ambiente.
“Lograr un equilibrio entre combatir la delincuencia relacionada con las drogas y reducir al mínimo los daños ambientales sigue planteando un reto complejo. Para hacer frente al impacto ambiental del tráfico ilícito de drogas se precisa un enfoque integral”, advirtió Yaranga.
“La cooperación internacional es esencial, dado el potencial de la delincuencia relacionada con las drogas de perjudicar los ecosistemas y el bienestar de las personas”, remarcó la JIFE. “Para articular respuestas coordinadas, estas deben comprender actividades amplias de aplicación de la ley, medidas de protección del medio ambiente y estrategias de desarrollo sostenible”.
