El Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional, iniciaron la Operación Artemisa a finales de abril de 2019, donde participan 17 000 elementos para neutralizar la tala causada por la siembra de cultivos ilícitos, así como el tráfico de flora y fauna y de minería ilegal.
“La protección de la biodiversidad es ahora un tema de interés nacional principal. Son objetivo estratégico los recursos hídricos, la biodiversidad y el medio ambiente”, dijo el presidente de Colombia Iván Duque en el lanzamiento de la campaña militar. “Gracias a las aeronaves remotamente tripuladas [realizamos] ejercicios de inteligencia que miden el impacto de las acciones en el terreno”.
El Coronel del Ejército de Colombia Jorge Armando Rodríguez Malaver, jefe del departamento del Comando de Ingenieros Militares, habló con Diálogo, sobre los resultados de las dos fases iniciales de la operación.
“En dos meses, Artemisa logró la recuperación de 461 hectáreas y tres vías ilegales, la captura de 20 personas, la recuperación de 10 menores y la neutralización de armamento y equipos dedicados a la producción de coca y estructuras dedicadas a la minería ilegal”, dijo el Cnel. Rodríguez.
Las áreas protegidas son el primer objetivo de la Operación Artemisa, que inició en el Parque Nacional Chiribiquete en los departamentos de Caquetá y Guaviare, el bosque tropical más grande del país con cerca de 4,3 millones de hectáreas, utilizado por los Grupos Armados Organizados (GAO) por su abundancia de vida silvestre y para la siembra de cultivos ilícitos. La otra zona intervenida fue el área de la Macarena, en el departamento del Meta, donde están los parques Macarena, Picachos y Tinigua.
“La deforestación en Colombia alcanza las 200 000 hectáreas anuales, una cifra en crecimiento desde 2016”, aseguró a la prensa el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales colombiano. “De 1996 a 2018 el país perdió más de 4 millones de hectáreas de bosque”.
El propósito nacional es vincular a las comunidades a los programas de reforestación para que la conservación de los bosques genere un beneficio económico, y que las comunidades sean las primeras en actuar ante la tala ilegal. “El creciente tráfico de fauna y flora silvestre permite a los GAO generar finanzas a través de talas e incendios forestales para capturar especies del bosque de alto precio en el mercado negro, sobre todo a nivel internacional; luego comercializan los terrenos para cultivos ilícitos”, finalizó el Cnel. Rodríguez.