China ha provocado conflictos comunitarios en Latinoamérica entre 2000 y 2021, con impactos negativos al medio ambiente por el desarrollo de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura, aseguran las ONG Latinoamérica Sustentable (LAS), de Ecuador, y la Asociación Ambiente y Sociedad, de Colombia.
Pese a que China estableció lineamientos para financiar obras en el extranjero que abordan cuestiones sociales y ambientales, no son de cumplimiento obligatorio, indicó Ambiente en su reporte de septiembre de 2020: Cooperación de China en América Latina y el Caribe en Infraestructura. Los emprendimientos chinos, algunos en la cuenca amazónica, avanzan en áreas de gran diversidad biológica; en algunos casos en áreas protegidas legalmente y en territorios de pueblos étnicos, agregó.
En Latinoamérica hay más de 980 conflictos ambientales por desarrollos de energía, minería, transporte y comunicaciones; la mayoría de ellos con contribución china, muestra el Atlas Global de Justicia Ambiental en su portal.
Algunos ejemplos
La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida en Ecuador por la firma china Sinohydro Corporation Limited, está bajo investigación del Estado por fallas y fisuras estructurales en la cortina y en los generadores, que pueden causar un colapso parcial o total de la represa, detalló BBC. Además, Sinohydro no tramitó la licencia ambiental para el proyecto, agregó Ambiente.
En diciembre de 2020, la comunidad indígena Waorani, en Ecuador, demandó a PetroOriental, filial de China National Petroleum, por la quema de gas al extraer petróleo, cuyos efectos amenazan el equilibrio ecológico y la salud de la población, expuso Diálogo Chino, una plataforma de periodismo de investigación, con base en Londres.
La Hidrovía Amazónica desarrollada por la misma Sinohydro, en Loreto y Ucayali, que abarca 14 pueblos indígenas y cuatro áreas naturales protegidas de Perú, “pone en riesgo la vida de los ríos de enorme importancia para la cultura de los pueblos y sus economías”, dice Ambiente.
El Canal Interoceánico de Nicaragua, adjudicado a Concesión Ortega – Wang Jing, ha sido detenido “por el significativo número de poblaciones afectadas y por haberse hecho la negociación y la gestión en secreto, sin consulta pública, sin consentimiento de pueblos indígenas, sin licitación, sin autorización de alcaldías y en menos de siete días hábiles. Las comunidades se movilizaron en múltiples ocasiones en oposición al proyecto”, reporta Ambiente.
“Las empresas estatales y privadas [de China] a menudo explotan la corrupción generalizada en la región, para socavar las prácticas de contratación justa y eludir el cumplimiento ambiental”. dijo el 12 de agosto el Almirante Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, a la revista estadounidense Politico. “Una táctica común que utilizan es proporcionar recompensas lucrativas a los funcionarios locales a cambio de acuerdos favorables”.
Estas empresas “sobornan a los comisarios ejidales, los hacen firmar documentos en blanco y simulan asambleas para obtener la documentación necesaria para sus proyectos”, denunció Pedro Uc Be, vocero de la Asamblea de Defensores del territorio Maya Múuch´Xíibal en el portal El CEO, de Yucatán.
Los conflictos representan la necesidad de que las corporaciones y bancos chinos pongan en práctica protecciones socioambientales en el financiamiento, diseño, construcción y operación de emprendimientos en Latinoamérica, indicó IPS Noticias.
Los crecientes vínculos comerciales de Pekín con Latinoamérica y el Caribe aceleran el deterioro ambiental por el incremento de la contaminación, el agotamiento de recursos no renovables, y la promoción del uso insostenible de recursos renovables, señaló el portal de noticias América Latina en Movimiento en su sitio web. “La región posee un tercio del agua del mundo, una quinta parte de los bosques, así como grandes reservas petroleras y minerales”, agrega.
