El Gobierno de Bolivia informó que en los últimos 10 años fueron destruidas en todo el territorio un total de 35 878 fábricas de cocaína y 321 toneladas de estupefaciente, mientras se efectuaron 116 440 operativos de la fuerza combinada antidroga. El informe, entregado el 26 de mayo por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia Felipe Cáceres, estimó que la ofensiva del Gobierno propinó un golpe al narcotráfico equivalente a USD 176 millones.
El informe, el más completo entregado hasta ahora por Bolivia, detalló que los operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía Boliviana coordinan diariamente sus actividades con unidades militares que otorgan apoyo logístico, por ejemplo, en el manejo de helicópteros, avionetas, lanchas y también en el desplazamiento por tierra. “Es un esfuerzo conjunto”, destacó Cáceres.
Sin embargo, para el ex zar antidroga y experto en la materia, Ernesto Justiniano, quien ejerció las funciones de viceministro de Defensa Social entre el 2002 y 2003, el narcotráfico crece de manera descomunal en Bolivia y el Gobierno “está ocultando datos”.
“Pongo en duda cualquier número que dé el Gobierno”, dijo Justiniano a Diálogo. “Pienso que ellos manejan desde un punto de vista político y no técnico y no hay quien confirme los datos”.
Según un informe publicadó en agosto de 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en Bolivia aumentaron un 6 por ciento entre 2016 y 2017, pasando de 23 100 a 24 500 hectáreas. Por su parte, el Departamento de Estado de los EE. UU. en su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2019, estima que la superficie total de cultivos de coca está a 31 000 hectáreas.
Ambas cifras superan los límites legales establecidos por el Gobierno de Bolivia. En marzo de 2017, Morales firmó una ley que aumentó la superficie legal de cultivos de coca de 12 000 a 22 000 hectáreas.
Según el informe de la UNODC, hasta el 48 por ciento de la coca cultivada en 2017 fue utilizada de forma ilegal. En su informe, el Departamento de Estado estima que Bolivia produjo unas 249 toneladas de cocaína en 2017.
En septiembre de 2018, el Gobierno de los EE. UU. designó a Bolivia y Venezuela como países que fallaron de manera demostrable durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos antinarcóticos internacionales. La designación de Bolivia fue en parte por falta de justificación para el aumento de la producción de coca autorizada por la nueva ley.
Además la UNODC reporta que casi el 91 por ciento de la coca cultivada en el Chapare, departamento de Cochabamba, es desviada del mercado legal. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lleva más de 30 años como líder de los sindicatos de productores de coca del Chapare, una región que cuenta con unos 931 sindicatos y alrededor de 50 000 cocaleros afiliados.
“Lo que ha sucedido es que han puesto a los ratones cuidando el queso”, puntualizó Justiniano.
Cáceres presentó los datos ante la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. Sostuvo que todas las acciones se vieron reforzadas con el trabajo del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos ubicado en Bolivia, en la que participan efectivos de los países limítrofes –Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Peru.
El ministro agregó que el Gobierno asigna anualmente un promedio de USD 50 millones para la lucha contra el narcotráfico, y que en la última década ha destinado USD 430 millones para financiar esas tareas. Bolivia expulsó a la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. en 2008 y rechazó la cooperación antidroga proveniente del Gobierno estadounidense.
“Tal vez va a ser difícil todavía llegar a cero narcotráfico, pero si a cero tolerancia al narcotráfico. Es una misión”, dijo Morales a la prensa a inicios de junio.