El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro nominó a 16 oficiales militares que se encuentran en reserva activa, algunos sancionados por corrupción, para las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela. Algunos de ellos incluso podrían estar aún en servicio activo, ya que no se han publicado los pronunciamientos de sus jubilaciones.
Estos nombres fueron divulgados por Maduro como parte de los 120 candidatos postulados para la renovación de los diputados de la Asamblea Nacional, reportó el periodico El Universal de Venezuela. Entre las nuevas caras, destacan las del General en Jefe Jesús Suárez Chourio, ex comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); y del Mayor General Alexis Rodríguez Cabello (primo de Diosdado Cabello), ex jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, y ex comandante del Ejército Bolivariano.
El régimen ilegítimo también nominó a los mayores generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Manuel Quevedo y Antonio Benavides Torres, quienes respectivamente vienen de ocupar la presidencia de Petróleos de Venezuela y la comandancia general de la GNB.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a los generales Suárez Chourio, Quevedo y Benavides Torres, por su apoyo al régimen de Maduro, su participación en el desvío corrupto de recursos necesarios para mitigar la emergencia humanitaria en Venezuela, y las violaciones a los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía. El Gral. Suárez fue incorporado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) del Departamento del Tesoro, en julio de 2017, el May. Gral. Quevedo en febrero de 2019 y el May. Gral. Benavides Torres en marzo de 2015.
El May. Gral. Benavides Torres también fue sancionado por la Unión Europea (UE), en una decisión aprobada por su parlamento en enero de 2018.
Según Luis Alberto Buttó, historiador venezolano especializado en relaciones cívico-militares, y director del Centro Latinoaméricano de Estudios de Seguridad, de la Universidad Simón Bolívar, la decisión de promover a estos oficiales para la Asamblea Nacional es el producto de un modelo político que se gestó hace dos décadas.
“La dirigencia del régimen siempre se ha referido a una dirección político-militar de la revolución, lo cual quiere decir que los militares son actores políticos de primera línea. De ejecutores de políticas públicas pasaron a ser gobierno, y con ellos [Maduro] ahora quieren controlar el poder legislativo”, afirmó Buttó.
Indicó que esta fracción de candidatos al Parlamento venezolano surgida de las filas de la FANB representa el reconocimiento de una cuota de poder, para los militares dentro del oficialismo.
“Existe una simbiosis entre el alto mando y la dirigencia revolucionaria. Eso no necesita ninguna discusión. Esa identidad es previa a esta elección, porque se trata de un proyecto de origen militar”, explicó.
Desconocimiento internacional
Los EE. UU. y la UE anunciaron que no reconocerán los resultados de este falso proceso electoral, por considerar que no se cumplen las condiciones mínimas para garantizar la igualdad y transparencia en los resultados, exigiendo elecciones presidenciales y parlamentaria libres y justas.
La oposición encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, anunció que no participaría. Los representantes de otros factores políticos de oposición, como Henrique Capriles, también optaron por retirar las candidaturas de sus partidos, una vez que los europeos decidieron no enviar una misión de observación electoral, según declaró el 30 de septiembre Josep Borrell, encargado de política exterior de la UE.
Según el General de Brigada (r) del Ejército Bolivariano Juan Antonio Herrera, presidente encargado del Frente Institucional Militar, una organización que agrupa a 266 oficiales retirados con el propósito de impedir que la FANB se desvíe del precepto constitucional, el lanzamiento de las candidaturas de estos oficiales “politiza aún más a la Fuerza Armada en todos sus elementos”, en abierta violación a las disposiciones del artículo 328 de la Constitución, según la cual la institución militar estará solamente al servicio de la nación y no de alguna preferencia política.
El Gral. de Brig. Herrera indicó que el propósito del régimen es consolidar a la FANB como el “brazo armado” del oficialismo.
“Esa facción militar legislará en favor de la politización de la Fuerza Armada, poniéndola al servicio de un proyecto político”, advirtió.
La propia institución militar conduce una operación de respaldo y vigilancia del proceso electoral, y durante la última semana de octubre, llevaron a cabo los primeros simulacros de votación en todos los estados del país.
El Gral. de Brig. Herrera observó que este proceso, en el que los militares son árbitros y también una parte interesada alimenta conflictos y contradicción en el seno de la FANB, todavía “queda un sector que lee la Constitución”.
Según Buttó, el debate debe centrarse en la poca legitimidad de los comicios, y en el hecho de que los resultados no contarán con el reconocimiento formal de la comunidad internacional.