Organismos internacionales presionan para prevenir más abusos del Gobierno de Nicaragua y recuperar la democracia en el país.
La ONG Human Rights Watch (HRW) exhortó a la Unión Europea (UE) a implementar las sanciones individualizadas que propuso el 14 de octubre de 2019 contra el presidente Daniel Ortega y seis altos miembros de la Policía Nacional de Nicaragua, señalados de cometer múltiples violaciones a los derechos humanos.
La UE estableció medidas restrictivas contra personas y entidades responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, tras la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, que iniciaron en abril de 2018. Un comunicado de prensa de la UE indica que las persecuciones políticas no cesan y la gobernanza democrática es preocupante.
“Ahora que la UE cuenta con el nuevo marco legal para sancionar a autoridades nicaragüenses debería actuar sin demoras”, dijo a la prensa el director de HRW para las Américas José Miguel Vivanco. “La presión es crucial para prevenir más abusos y asegurar que se haga justicia por actos que constituyen graves delitos conforme al derecho internacional”.
Las medidas restrictivas consisten en la prohibición de viajar a la UE, la inmovilización de bienes para las personas y la congelación de bienes para algunas entidades. Además, las personas físicas y las empresas establecidas en la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de quienes figuren en la lista. Las sanciones son específicas y fueron creadas para no perjudicar a la población nicaragüense.
“Aunque Ortega aparenta no tener problemas con este tipo de mecanismo es un golpe duro para él, su familia y toda su base de apoyo, porque sus transacciones financieras las llevan en Europa. Ortega será incapaz de enriquecer más a sus bases, sobre todo a los hombres de negocios que lo apoyan”, dijo en Managua a Diálogo el abogado Eliseo Núñez, especialista en políticas públicas y derecho legislativo. “Confiamos en que el nuevo Consejo Europeo aplique en breve las condenas pactadas por los 28 miembros de la UE”.
La determinación también supondría consecuencias económicas al país, puesto que empresarios europeos tendrían poco interés en establecer relaciones comerciales con funcionarios sancionados, comentó a la agencia española EFE Carlos Tünnermann, jefe negociador de la ONG Alianza Cívica Nicaragua, y agregó: “El Ejecutivo tiene la oportunidad de detener las sanciones si reanuda la mesa de negociación con la que se busca encontrar una salida a la crisis”. Las medidas son un golpe político, aseguró el sitio oficialista El 19 Digital.
Las penalidades propuestas por la UE se sumarían a las implantadas en junio por los Estados Unidos y Canadá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos denunció en diciembre de 2018 que la “brutal represión” del régimen dejó más de 300 muertos y miles de exiliados. Desde entonces, el Gobierno nicaragüense intensificó la persecución contra la sociedad civil y la libertad de prensa, desapareció medios de comunicación y puso fin al mandato de varias organizaciones internacionales que monitoreaban la situación de los derechos humanos en el país.
“Para lograr la salida de Ortega la disidencia y la comunidad internacional deben intensificar la presión al Gobierno de Nicaragua, hasta recuperar la democracia en el país”, manifestó Núñez.
“El actor internacional más importante para hacerlo es EE. UU.”, dijo al diario nicaragüense La Prensa el analista político y expresidente del Movimiento Renovador Sandinista Enrique Sáenz. “El régimen cederá solo ante presiones internas y sanciones internacionales”, concluyó.