La última oleada represiva del régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo golpea a la Iglesia católica en Nicaragua, castigando severamente a quienes intentan denunciar la situación que viven los nicaragüenses, dice en agosto el informe Suplemento de Análisis Político, del laboratorio de ideas Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), con sede en Costa Rica.
Por su parte, el informe Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? 2018-2022 de la abogada Martha Patricia Molina, integrante del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua, registra y sistematiza los ataques a la Iglesia católica desde que estalló la crisis sociopolítica de abril de 2018 hasta mayo de 2022.
“La dictadura Ortega-Murillo quiere aniquilar por completo a la Iglesia católica de Nicaragua porque los obispos y sacerdotes hablan con la verdad, condenando en todo momento las arbitrariedades, corrupción, impunidad, injusticias, uso desproporcionado de la fuerza de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua”, dijo a Diálogo el 12 de septiembre Molina. “La Iglesia católica no está dispuesta a adular a la dictadura, que ha desaparecido por completo la división de poderes y la institucionalidad en el país.
“La confrontación del régimen (…) con la Iglesia católica está llegando a uno de sus puntos más álgidos y los quiere forzar a tomar uno de tres caminos: el silencio ante la situación del país, la cárcel, o el destierro, en caso de no bajar la cabeza”, reportó el CETCAM. “Esta escalada de confrontación (…) en contra de la iglesia [busca] terminar de silenciar todas las voces críticas o no subordinadas que existen. De ahí que la iglesia y particularmente ciertos líderes religiosos, son vistos por Ortega y Murillo como ‘enemigos’ que dificultan la imposición de su poder dominante”.
De acuerdo con Molina, se produjeron ataques de diversa índole a la iglesia, como pintas en templos y mensajes anónimos; profanaciones de templos y robos; amenazas públicas de personas afines al régimen; agresiones, persecución, hostigamiento y presiones para abandonar el país; obstáculos y cancelación de personerías jurídicas a organizaciones religiosas sin fines de lucro y caritativas.
La dictadura arreció su ofensiva contra los líderes de la Iglesia católica el 1.º de agosto, cuando ordenó cerrar ocho emisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa, denunció el portal Vatican News. Días posteriores, fue desplegado un cerco policial en la Curia Episcopal de Matagalpa, donde permanecieron retenidos por 15 días el obispo Rolando Álvarez, 10 religiosos y un camarógrafo.
La Policía, acusó por Twitter a “la Iglesia católica encabezada por el obispo monseñor Rolando Álvarez (…) a organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población. [Esto] altera la paz y la armonía en la comunidad (…)”, y confirmó el 19 de agosto, que Álvarez se mantendría en “resguardo domiciliar” y el resto de los religiosos serían trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocidas como “El Nuevo Chipote”.
Ese mismo día, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la represión contra el clero, urgiendo al régimen a cesar de inmediato esos actos, a la liberación inmediata del obispo Álvarez y de las personas detenidas, e informar inmediatamente su paradero y a garantizar su vida e integridad personal.
Yader Morazán, abogado y especialista en Administración de Justicia de Nicaragua, quien lleva un registro minucioso de los procesos del régimen contra la Iglesia católica, dijo a Diálogo el 8 de septiembre que la Policía no tiene facultades para imponer “arresto o resguardo domiciliar”, porque esto es potestad exclusiva del poder judicial mediante un proceso o audiencia, con hechos concretos expresados formalmente delante de un imputado acompañado de su defensa.
En 2022, el régimen Ortega-Murillo también castigó con el destierro a otros miembros de la Iglesia católica. En julio la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la fundación de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, y expulsó a 18 misioneras que mantenían un hogar para infantes.
En marzo, el régimen expulsó al arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Managua desde 2018. El Vaticano declaró que la disposición resultaba incomprensible, pues durante su misión el obispo trabajó incansablemente por el bien de la iglesia y del pueblo nicaragüense.
“Todos los juicios en contra de los 205 presos políticos, incluidos sacerdotes, seminaristas y laicos, no están apegados a derecho. En Nicaragua en este momento está imperando la ley de la selva, la del más fuerte que en todo caso es Daniel Ortega y su consorte, pues tienen a los cuerpos armados a su favor”, finalizó Molina.