El régimen de Daniel Ortega-Rosario Murrillo autoriza la persecución judicial para castigar a funcionarios públicos y a todos los que se atrevan a investigar la corrupción dentro de Nicaragua. Esta es una de las principales conclusiones de un informe presentado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), un instituto de investigación social radicado en Costa Rica.
“Se usa al sistema penal como instrumento y herramienta política, para desplazar los derechos de las personas perseguidas e investigadas, violentado los límites supralegales de derechos humanos para realizar actos contrarios a los mismos”, dijo a Diálogo el 29 de octubre Elvira Cuadra, directora de CETCAM y experta en seguridad. “De esta manera los regímenes políticos controlan y neutralizan a los grupos críticos, opositores o personas consideradas una amenaza contra ellos, pretendiendo legalizar estos actos despóticos perpetrados”.
De acuerdo con el informe de CETCAM, presentado el 28 de septiembre, el régimen de Ortega-Murillo construyó un Estado totalitario al desmantelar a grupos organizados de la oposición, aplastar las voces de la iglesia católica y eliminar a miles de organizaciones civiles, para consolidar su control sobre las instituciones públicas a través de cuerpos legales aprobados entre 2020 y 2021.
“La forma de ejercicio del poder punitivo del Estado es la instrumentalización del derecho penal con fines eminentemente políticos o judicialización de la política”, dijo a Diálogo Juan-Diego Barberena, abogado e investigador de Sistemas de Justicia Penal del CETCAM. “Esto es una manifestación de la involución del Estado de derecho. El poder ya no está sujeto a la ley, sino que la ley está sujeta al poder”.
La primera es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley N.° 1040), publicada en octubre de 2020, que declara a toda organización de la sociedad civil y personas naturales, como agentes al servicio de fuentes extranjeras que atentan contra la soberanía nacional al inmiscuirse en los asuntos internos y externos de Nicaragua.
“Un procedimiento tan recurrente como perverso en Nicaragua y otras dictaduras: inventar requisitos sobre la marcha, denunciar, sin pruebas ni posible defensa, su incumplimiento y adjudicar las consecuencias que el poder disponga contra quienes quieren eliminar del camino”, aseveró el periódico costarricense La Nación. “Su oscurantismo y carácter represivo están volcados exclusivamente hacia el control, no a la calidad de vida presente y futura del pueblo”.
El régimen también creó, en octubre de 2020, la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley N.º 1042), que impone la censura a medios de comunicación independientes y a usuarios de redes sociales, que el sitio de noticias centroamericano Divergentes describió como “un hacha contra la libertad de expresión”.
En diciembre de 2020 la Asamblea Legislativa publicó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación (Ley N.º 1055), que califica a toda persona como traidora a la patria por incitar a la intervención extranjera, pedir y aplaudir sanciones u obtener financiamiento extranjero, con el objetivo de atentar contra la integridad de la soberanía nacional.
“La acusación de traición a la patria, que tanto gusta al régimen sandinista, no es más que la conversión de la libertad de expresión en un delito grave, la traición, que generalmente solo se puede llevar a cabo en una guerra o en situaciones de enfrentamiento extremo”, aseveró José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús sobre Nicaragua, en el medio nicaragüense Confidencial. “La persecución a las iglesias y a las obras de estas continúa. Las radios, cuentas, instalaciones y organizaciones de ayuda de parroquias, diócesis e iglesias evangélicas, continúan bajo el control y el poder ineficiente del Estado sandinista”.
La Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal (Ley N.º 1060), publicada en febrero de 2021, incorporó la facultad de la autoridad judicial de dictar prisión hasta por un plazo de 90 días, mientras la Fiscalía y la Policía Nacional investigan al detenido para proceder a su acusación.
“Estamos ante la manifestación de la judicialización de la política y un sistema penal de máxima persecución, que inició con el asedio de la oposición política organizada”, añadió Barberena. “Continuó con el hostigamiento religioso, persiguiendo a la sociedad civil organizada y que ya llegó al nivel de persecución de la educación superior”.
Los Ortega-Murillo han ordenado el cierre de unas 3000 organizaciones no gubernamentales, informa el periódico salvadoreño El Diario de Hoy. Entre ellas fueron clausuradas más de una veintena de universidades, en el marco de un recrudecimiento de leyes tras las protestas del 2018, que dejaron unos 300 muertos en choques entre opositores y oficialistas.