El régimen Daniel Ortega-Rosario Murillo de Nicaragua libra una guerra contra la libertad religiosa y tiene en la mira a la Iglesia católica como la institución independiente más importante que queda en Nicaragua, advirtieron activistas de derechos humanos.
“El sandinismo nunca ha comulgado con los principios de la Iglesia católica porque los sacerdotes y obispos siempre le han dicho la verdad en público, denunciando las corrupciones y delitos que se cometen”, dijo el 26 de abril a Diálogo Martha Molina, abogada nicaragüense, autora del informe Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?, que registra los ataques a la Iglesia católica desde la crisis sociopolítica de abril de 2018. “La dictadura anhela que los clérigos sean serviles (…). Quieren una Iglesia aliada, compinche, socia, y que se haga de la vista gorda ante la injusticia”.
Una de las manifestaciones de esta guerra es la confiscación de bienes, prohibida por el artículo 64 de la Constitución de Nicaragua. Aún así, el régimen confiscó el monasterio de las hermanas trapenses, en el departamento de Chontales, para entregarlo al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, informaron en Facebook las religiosas.
Las monjas abandonaron el país el 27 de febrero de 2023 para instalarse en Panamá, siendo el segundo grupo religioso que abandona el país después de que el 6 de julio de 2022 lo hicieran las 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad.
Otro forma de ataque del régimen contra la Iglesia católica fue la suspensión de las relaciones diplomáticas con El Vaticano, el 12 de marzo de 2023. La decisión vino luego que el Papa Francisco dijera durante una entrevista con Infobae que, “no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35… son un tipo de dictaduras groseras”.
Los Ortega-Murillo, aferrados al poder desde hace 14 años, arremetieron tildando a la Iglesia católica de ser una mafia y una organización antidemocrática, publicó BBC Mundo.
La estrategia de represión utilizada en Nicaragua es conocida, y algunos consideran que incluso podrían ser copiada o influenciada por sus aliados más cercanos: Cuba, Venezuela, China o Irán.
“Ortega quiere una iglesia de sacristía, sacerdotes y fieles que estén encerrados en los templos entre cuatro paredes dando la espalda a la realidad en que viven, a las injusticias, a la represión, y a la violación de derechos humanos”, expresó José Dávila al estadounidense Diario Las Américas. “Quieren una iglesia como en China o Corea del Norte, que esté sometida al Partido Comunista y no les critique nada”.
Entre algunas de las agresiones más graves registradas en el informe de Molina, se encuentran el atentado terrorista contra la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, el 31 de julio de 2020; al ataque armado de un grupo paramilitar a una pequeña iglesia católica de Managua durante 15 horas, en julio de 2018; y el ataque con ácido sulfúrico contra el sacerdote Mario Guevara, mientras se encontraba confesando, en diciembre de 2018.
Los nicaragüenses alrededor del mundo conmemoraron cinco años del inicio de las protestas contra el régimen Ortega-Murillo, publicó el 16 de abril el diario nicaragüense Confidencial. Mientras que Amnistía Internacional denunció el 18 de abril de 2023 que Nicaragua ya está empleando “nuevos patrones” de violaciones de los derechos humanos.
“Hoy más que nunca la comunidad internacional debe seguir actuando de manera articulada y contundente”, advirtió Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Pero no sólo al momento de reconocer y condenar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino también en la manera en la que se promueven y garantizan los derechos de justicia, verdad y reparación, para las miles de víctimas que ha cobrado y sigue cobrando una política represiva que aplasta los derechos humanos”.