Según el análisis titulado El doble rasero de la política antilavado del dictador Daniel Ortega, realizado por el centro de investigación centroamericano Expediente Abierto, el régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo emplea el Sistema Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) como herramienta para fortalecer su represión política hacia sus opositores.
Mientras, la dictadura pretende mostrar ante organismos internacionales voluntad para seguir recomendaciones y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionados al LD/FT. Sin embargo, se evidencia un doble estándar en este aparente cumplimiento, precisa el análisis dado a conocer en el primer semestre de 2023.
“Ellos [el régimen] utilizan el sistema antilavado de dinero para endilgar delitos que realmente no existen”, dijo el 10 de agosto a Diálogo Eliseo Núñez, exdiputado nicaragüense exiliado en Costa Rica. “En Nicaragua colapsó el Estado de derecho; no existen división de poderes ni capacidad jurídica autónoma de las fuerzas de seguridad, porque todo se remite a Ortega”.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), principal entidad del sistema anti-LD/FT en Managua, ve comprometida su autonomía funcional debido a que está presidida por dos oficiales activos del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, quienes mantienen su lealtad incondicional a Ortega, detalla el análisis.
Así, “los entes responsables de prevenir y perseguir el lavado de activos están bajo control y uso del dictador, como herramienta para perseguir a oponentes políticos y beneficiar a sus aliados e intereses”, agregó. “Esta falta de autonomía socava la integridad del sistema, creando impunidad en casos de corrupción y lavado de dinero”.
Evidencias
Uno de los casos que evidencia el uso del LD/FT como instrumento de represión política fue la acusación de lavado de dinero contra Cristina Chamorro, exdirectora de la ONG Fundación Violeta Chamorro, por utilizar fondos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), destacó Núñez.
En marzo de 2022 Chamorro, quien competía como candidata presidencial en los comicios de 2021, recibió una condena de ocho años de prisión por “lavado de dinero y falsedad ideológica”, informó el diario español El País. En 2023, junto con otros presos políticos, Chamorro fue expulsada del país.
En respuesta a una consulta del medio nicaragüense 100% Noticias, el Departamento de Estado de los EE. UU. afirmó que USAID realizó varias auditorías y no encontró ninguna evidencia de lavado de dinero ni desvío de fondos para otros propósitos.
Núñez mencionó otro caso relacionado con el uso del LD/FT, el de la iglesia católica. El 27 de mayo, la policía denunció una red de lavado de dinero operada en varias diócesis de diferentes departamentos del país. Sin embargo, “los fondos investigados son donaciones lícitas de organismos legales destinadas a la construcción de un hospital”.
Otra situación que ilustra esta tendencia es la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas de 2018, indica Expediente Abierto. Esta norma es ejercida por el régimen como un mecanismo de control político del Ministerio de Gobernación.
Asimismo, señala que desde que se aprobó esta ley, más de 3000 ONG fueron cerradas en el país, algunas bajo acusaciones federales de lavado de dinero. “La dictadura te da muerte civil”, aseguró Núñez. “En el régimen de Ortega no puedes asumir que lo que está diciendo es verdad”.
Lista Negra
En 2022 Nicaragua obtuvo un puntaje de 6,7 en el índice de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, experimentando una leve disminución respecto al 2021 (de 6,75). El país ocupó el segundo lugar con el mayor riesgo en Latinoamérica en ese mismo año, reporta en Internet el sitio internacional Statista.
En 2012, Ortega estableció la UAF para remover al país de la “lista negra” de organismos internacionales, expresó Núñez. “Lo que Ortega hace con el lavado de activos y el narcotráfico es simplemente administrarlos”, afirmó. “Lo hizo en los 80 y no hay ninguna diferencia ahora”.
Para Núñez, “sería más relevante evaluar la posibilidad de retirarla del GAFI, ya que utiliza el sistema con fines políticos y no con los fines para lo cual fue creado”, detalló.
Este actuar plantea un problema internacional, ya que se cuestiona la credibilidad de las acusaciones del régimen Ortega-Murillo contra alguien como lavador de dinero, cuando sabes que las acusaciones tienen motivaciones políticas, agregó Núñez. “Managua entra y sale del GAFI”.
Dinero extraviado
El autoritarismo del régimen Ortega-Murillo, la corrupción y la falta de rendición de cuentas, obtiene calificaciones negativas en evaluaciones internacionales para Nicaragua. Hoy, el país está entre los primeros con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, siendo uno de los 20 peores evaluados desde 2020, indicó Expediente Público.
Un ejemplo de esta situación es la incautación de más de USD 120 millones por parte de la policía nicaragüense entre 2007 y 2021. Sin embargo, se desconoce cómo el Estado gastó ese dinero y además no contabiliza otras divisas confiscadas en operativos antinarcóticos.
Según el análisis, casos similares que evidencian cómo las autoridades nicaragüenses siguen integrando fondos procedentes de actividades ilícitas a la economía legal, fueron registrados en los últimos años. Esta práctica de confiscación arbitraria y distribución discrecional evade los procesos legales establecidos.
Es fundamental que Nicaragua deje de tener la posibilidad de incluir individuos en el sistema, ya que su uso irresponsable “debilita la capacidad para diferenciar entre delincuentes y personas que simplemente están siendo acusadas por motivos políticos-partidarios”, finalizó Núñez.