En un movimiento similar al realizado por el dictador nicaragüense Daniel Ortega, el régimen venezolano de Nicolás Maduro ordenó el 4 de agosto intervenir la Cruz Roja, desatando la alarma entre las organizaciones de derechos humanos por la persecución de las ONG que operan en el país.
En mayo, el régimen nicaragüense suprimió la organización humanitaria tras confiscar todos sus bienes. La intervención en Venezuela fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia a petición del fiscal Tarek William Saab, y el Tribunal Supremo ordenó la destitución “inmediata” del jefe de la Cruz Roja Mario Enrique Villarroel, que dirigió la organización durante 45 años, acusándole de “acoso y maltrato” a los empleados de la organización.
Diosdado Cabello, el segundo líder del Partido Socialista Unido de Venezuela de Maduro, también acusó a Villarroel de conspirar contra Maduro y de “actividades mafiosas” en la gestión del presupuesto del grupo. El régimen instaló en el lugar de Villarroel a Ricardo Cusanno, exdirigente de Fedecámaras, el principal gremio empresarial del país.
William Clavijo, politólogo de la Universidad Católica de Táchira, Venezuela y experto en Venezuela, dijo a Diálogo que el régimen de Maduro basó las acusaciones contra Villarroel en ocho testigos anónimos y que la iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia no buscaba esclarecer los supuestos delitos. Para Clavijo se trató de un proceso arbitrario, con la designación de un empresario que nada tiene que ver con la institución y que no tiene experiencia en la dirección de una organización que trabaja en temas de asistencia humanitaria.
“En este contexto de consolidación autoritaria, Maduro y sus colaboradores ya vienen trabajando desde el año pasado para cerrar el espacio cívico con diversos episodios en los que la instrumentación del poder judicial ha sido la vía utilizada por el régimen para someter a las organizaciones de la sociedad civil, en una clara violación de los derechos de asociación, contemplados en la Constitución venezolana”, dijo Clavijo.
“En la Asamblea Nacional, bajo control del chavismo, ya se está discutiendo la promulgación de una ley que pretende aumentar el control sobre la financiación que están recibiendo las organizaciones de las sociedades civiles, principalmente internacionales, obviamente para ahorcar a estas organizaciones para que no reciban fondos y criminalizar a los defensores de los derechos humanos”, añade el politólogo.
El 9 de agosto, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), con sede en Ginebra, emitió un comunicado en el que informaba que enviaría a Caracas a altos funcionarios para que se unieran a su delegación permanente en el país, para hacer un seguimiento del caso.
“Nuestra prioridad es proteger el papel fundamental de la Cruz Roja Venezolana y de sus voluntarios y personal en el país: su acción humanitaria neutral, imparcial e independiente ha sido esencial para salvar vidas. Actualmente estamos siguiendo de cerca la situación, evaluando el mejor camino a seguir”, dice el comunicado. “Cualquier intervención estatal en nuestras sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, suscita serias preocupaciones sobre su independencia y la labor humanitaria de principios de las sociedades nacionales, y será tratada con la máxima importancia”, señala el comunicado.
Clavijo explica que todas las ONG que trabajan en Venezuela están sufriendo el acoso del régimen, especialmente las que trabajan en el ámbito de la protección y defensa de los derechos civiles, debido a la publicidad y denuncias de atrocidades cometidas por el régimen de Maduro, como tratos crueles a personas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones. Pero incluso aquellas centradas únicamente en la asistencia humanitaria, imparciales en términos políticos, como la Cruz Roja, Cáritas y Fe y Alegría, están siendo reprimidas.
“Lo que se puede hacer desde afuera es obviamente seguir sensibilizando y apoyando el trabajo de estas organizaciones para que se sigan denunciando estos casos de violaciones a los derechos humanos y no se detenga el monitoreo. Esto es importante para poder garantizar o intentar crear las condiciones para que Venezuela vuelva a la senda democrática”, concluyó Clavijo.