El Parlamento de Nicaragua aprobó el 2 de junio la iniciativa de Ley que crea la Cruz Blanca, adscrita al Ministerio de Salud, luego de cerrar a la Cruz Roja Nicaragüense (CRN), por considerar que violó sus “principios de imparcialidad y neutralidad” durante las protestas sociales de 2018, atentando contra “la paz y la estabilidad del país”, indicó la Asamblea Nacional de Nicaragua en un comunicado.
Agregó que la nueva entidad atenderá las emergencias de las familias nicaragüenses y comunidades en situaciones de riesgo y vulnerabilidad.
“La cancelación de la personalidad jurídica de la CRN pretende generar dependencia absoluta de la ciudadanía hacia el régimen”, dijo el 18 de junio a Diálogo Eliseo Núñez, analista político nicaragüense y exdiputado opositor en el exilio. “Quieren que la gente dependa de la dictadura para cualquier tipo de auxilio, sean salud, créditos concesionarios o asesoría”.
Desastre y chantaje
Al suprimir la entidad humanitaria, que trabajaba en Nicaragua de forma independiente desde 1934, la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) expresó su preocupación por el cierre y el impacto futuro en las ayudas humanitarias emergentes en ese país, señaló la IFRC en un comunicado.
La población llamaba a la Cruz Roja para cualquier emergencia médica y la tenía a la mano cuando ocurría un desastre natural; ahora tendrán que llamar al régimen, que va a proveer los servicios a su antojo, creando una dependencia absoluta, comentó Núñez. “No hay que olvidar que esto es parte del control social. La población no tendrá mas remedio que pedir ayuda a la dictadura, y la dictadura los va a chantajear”.
Ahora, ante eventuales desastres naturales de gran magnitud, la sociedad nicaragüense queda totalmente expuesta. “La comunidad internacional no podrá colocar fondos si no es a través de la oligarquía para que los administre con el sesgo político con que administra todo”, precisó Núñez.
Además, los parlamentarios oficialistas nicaragüenses ordenaron que todo el patrimonio, bienes y acciones que pertenezcan a la Cruz Roja, pasen a ser propiedad del régimen y sean administrados por la nueva organización, reportó la plataforma argentina Infobae el 12 de mayo.
Nicaragua, por su posición geográfica, está expuesta a múltiples fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales, tornados, lluvias intensas, sequías, terremotos erupciones volcánicas, maremotos, hundimientos y fallas geológicas, refiere en Internet la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
Arrasando a la sociedad civil
El 7 de marzo, el régimen sandinista también liquidó a la organización sin fines de lucro Cáritas, el brazo social de la iglesia católica, bajo la figura de “disolución voluntaria”, reportó la plataforma nicaragüense Confidencial.
Daniel Ortega calificó de mafia a la iglesia católica. La acusó de ser antidemocrática y suspendieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano, después que el papa Francisco calificara de “dictadura comunista y hitleriana” al sistema de represión de Ortega y su esposa Rosario Murillo, comunicó la plataforma peruana Expediente Público.
La abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina, dijo al diario nicaragüense La Prensa que en los últimos siete años fueron expulsadas al exilio 32 monjas y 39 sacerdotes. La iglesia registra al menos 529 ataques desde 2018; 90 de ellos cometidos en lo que va de este 2023.
Uno de los casos más emblemáticos es el del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra preso. Fue condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria, propagación de noticias falsas y menoscabo de la integridad nacional”, detalló La Prensa.
“Él [Ortega] busca la alternativa de fundar una religión. Parece una locura, pero eso es lo que él busca”, comentó Núñez. “Él se mira como la divinidad de esa religión y que una vez que él muera, probablemente Rosario haga la vez de vicaria de él en la tierra para comunicarse con él”.
Desde abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo cerró universidades, asociaciones de profesionales, artistas, mujeres, agricultores y ganaderos, misiones religiosas, ONG locales y extranjeras e incluso deslegalizó a la Academia Nicaragüense de la Lengua, refiere la plataforma alemana DW.
También inhabilitó de forma masiva los títulos de los abogados y notarios públicos por haber acompañado a presos políticos y sus familias en su demanda de justicia en los últimos cinco años. De la misma manera, 222 presos políticos fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad y de sus bienes.
Utilizando diferentes estrategias, el régimen Ortega-Murillo ha eliminado más de 3500 asociaciones sin fines de lucro, precisa DW.
El régimen Ortega-Murillo “arrasa con la sociedad civil. El cierre de la Cruz Roja es el colofón, la pieza de cierre prácticamente”, dice Núñez. “Esto ya no es una paradoja, es una insolencia, absolutamente cínicos”.
Retórica anticapitalista
En este contexto, el régimen Ortega-Murillo incrementa su agresiva retórica contra los Estados Unidos por su libertad de expresión y de comercio. “Ese anticapitalismo basado en su resentimiento con los EE. UU. porque ellos son ricos (…), no es culpa de los Estados Unidos”, dijo Núñez. “Ortega esta anquilosándose en la izquierda más retrograda de Latinoamérica para proyectarse en el eje antioccidental que propone Rusia”.
La retórica antidemocrática, en la medida que la globalización avanza, impacta cada vez menos. “Los Ortega-Murillo no hacen conexión con las nuevas generaciones,”, precisó Núñez. “No sufre realmente las consecuencias de un aislamiento total porque sigue teniendo una banca privada que chantajea permanentemente para que haga lo que él quiere”.
Los grupos prodemocráticos deben tener “una sola narrativa”, una sola estrategia en un eje de acciones donde coordinen capacidades. Esto puede hacer crecer la esperanza en Nicaragua, dijo Núñez. “La decisión de la comunidad internacional es no afectar al pueblo nicaragüense, pero va a llegar el momento que la decisión sea como la que se toma cuando alguien tiene un tumor canceroso”. Habrá que extirparlo de raíz.