En Nicaragua, la iglesia católica es una de las voces más críticas de las acciones del presidente Daniel Ortega, al denunciar represalias, asesinatos y violaciones a los derechos humanos en el país.
Estas expresiones de la iglesia ocasiona un “disgusto mayor” a Ortega, quien los ve como sus enemigos por denunciar la verdad, dijo a Diálogo Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua.
“A lo largo de 2019, el presidente de Nicaragua recrudeció el asedio y la violencia contra los templos católicos, que se pusieron del lado de la gente que expresó su inconformidad en las calles contra las acciones autoritarias del régimen sandinista”, agregó Carmona.
Los obispos nicaragüenses fueron mediadores en las reuniones que sostenían el Estado y la sociedad civil para buscar una solución pacífica a la crisis sociopolítica que atraviesa la nación desde hace dos años. La mesa de diálogo fue suspendida en la primavera de 2018, después de un recrudecimiento de la represión de las fuerzas de seguridad contra la población y la criminalización de las manifestaciones públicas.
Ortega culpó al clero católico de ser “golpista” por brindar apoyo a los manifestantes heridos en las protestas de 2018, señala la agencia estatal nicaragüense El 19 Digital. La embestida gubernamental contra la institución religiosa incluye a sacerdotes, religiosas y feligreses. Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel, en Masaya, señaló a la prensa que la ola de violencia que experimenta la iglesia supera los ataques que vivió en la década de 1980 durante la guerra civil.
El 7 de diciembre fue encarcelado por doce horas Ramón Alcides Peña, párroco de la iglesia del municipio de Jícaro, bajo el cargo de alterar el orden público. El sacerdote aclaró en las redes sociales que, como siempre, solo celebraba misa.
En noviembre, seguidores del régimen sandinista entraron a la Catedral Metropolitana en Managua y golpearon a un sacerdote y a una monja. En el mismo mes, en Masaya, atacaron a feligreses de la parroquia San Juan Bautista e impusieron un cerco policial en el templo San Miguel Arcángel, para impedir las muestras de solidaridad con el sacerdote Román y un grupo de madres que, durante nueve días, permanecieron en huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos, detenidos por exigir el fin del régimen.
El mismo Ortega amenazó a los opositores, indicando que “los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación, de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria”, dijo en noviembre ante la asamblea del Consejo Político de Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).
“Siento que es una posibilidad real. Cuando más se cierran las puertas para la vía pacífica, se abren más para la vía armada”, señaló Rafael Solís Cerda a la radio francesa RFI. Solís fue guerrillero junto a Ortega y magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua durante 19 años, hasta su dimisión en febrero de 2019.
