Luego de la elección del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro apretó el cerco a la libertad de expresión, mediante la imposición de un conjunto de medidas que, a juicio de expertos, son inconstitucionales. Entre estas decisiones se encuentra el bloqueo del acceso a X, que Maduro anunció en un discurso transmitido por televisión el 9 de agosto.
“Fuera X de Venezuela”, vociferó Maduro, al anunciar la prohibición de la plataforma durante 10 días. Tres días antes, el autócrata prohibió el uso de WhatsApp a los empleados de la administración pública, incluidos los integrantes de los cuerpos policiales y militares. Su argumento fue que, a través de esta plataforma, se transmiten amenazas contra los agentes que respondieron con violencia contra los manifestantes que salieron a las calles de todo el país, para repudiar el anuncio sobre su reelección.
“Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque están utilizando [la plataforma] para amenazar a Venezuela, y entonces yo voy a eliminarla de mi teléfono para siempre”, declaró. A partir de ese día, las comunicaciones serían transmitidas a través de la red de Telegram.
A través de los medios controlados por el régimen, se divulgó una declaración atribuida a la ministro de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez, según la cual a partir de la jornada electoral del 28 de julio, todas las plataformas web del Estado habían sufrido algún tipo de ataque. Sin mostrar ninguna evidencia, Jiménez aseguró que el 28 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras plataformas del régimen fueron objeto de “30 millones de ataques cibernéticos por minuto”.
Esta narrativa fue usada para justificar la falta de divulgación de las actas de escrutinio de la elección presidencial. Según la delegación del Centro Carter que fue invitada a supervisar las elecciones, no hay pruebas de ningún ataque contra el CNE.
El 12 de agosto, el régimen anunció la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad. Esta decisión se formalizó una semana más tarde, mediante la publicación de un decreto presidencial en la Gaceta Oficial.
Según Laura Louza, coordinadora de Acceso a la Justicia, una ONG que evalúa las normas y sentencias emitidas por el régimen de Caracas, con la gestación del Consejo Nacional de Ciberseguridad se intenta dar cierto carácter institucional a las restricciones, que son implantadas a la libertad de expresión por los distintos operadores del oficialismo.
“Se quiere dar un marco jurídico para justificar una serie de situaciones arbitrarias. Dentro de las soluciones planteadas, se emiten decretos sobre cuestiones que deberían ser reguladas a través de leyes”, dijo Louza al ser consultada por Diálogo el 9 de octubre. “Es algo inconstitucional y contrario a estándares en materia de derechos humanos, porque hablamos de la libertad de expresión”.
Al conocerse el contenido del decreto sobre la creación del referido consejo, la ONG emitió un comunicado en el que alertaba que la intención del régimen venezolano no era proteger a la ciudadanía de la delincuencia informática, sino resguardar los intereses del Estado, en un contexto en el que su legitimidad es cuestionada desde sectores nacionales e internacionales. “No es una regulación para decir que habrá temas educativos e institucionales reales. Se nota que van a limitar lo que el ciudadano va a decir, y sancionarlo”, advirtió Acceso a la Justicia.
Hasta el 10 de octubre, se seguía esperando que el régimen de Maduro anunciara las primeras decisiones, relacionadas con el funcionamiento legal del Consejo Nacional de Ciberseguridad.
Cierres y persecución
En 2024 se acentuó el asedio oficialista a los medios de comunicación y a los periodistas independientes, en especial a partir de la campaña presidencial. Según la ONG venezolana Espacio Público, solo este año la Comisión Nacional de Telecomunicaciones bloqueó el acceso a catorce portales informativos, entre ellos los más conocidos por su independencia como El Pitazo, Efecto Cocuyo y Runrunes.
Desde 2017, más de 440 medios fueron clausurados o bloqueados por el régimen de Miraflores, precisó en conversación con Diálogo Carlos Correa, el director de Espacio Público.
Con la agudización de la conflictividad política, en la tercera semana de septiembre fueron privados de su libertad ocho periodistas y reporteros gráficos, e imputados por delitos como terrorismo o instigación al odio. Además, se conoció que el periodista Luis Gonzalo Pérez y el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, tuvieron que salir del país en calidad de perseguidos.
Según el Comité para la Protección de Periodistas, este es el resultado de una “persecución sin precedentes” aplicada por el régimen venezolano contra los comunicadores, tras los comicios presidenciales.
“En Venezuela, hay 1916 detenidos por razones políticas, 11 más que la semana pasada, cuando fueron detenidas 1905 personas por los mismos motivos”, reportó el 10 de octubre la agencia española de noticias EFE.
“Luego de las elecciones, las detenciones a periodistas han generado mucho temor y pasan cosas muy graves. Los periodistas no quieren firmar sus notas, buscando protección. Se ha reducido drásticamente la producción informativa veraz y oportuna”, aseguró Correa.
La persecución ha llegado a un punto en el que, abundó Correa, “hay una crisis de confianza en el tejido social”. Esto trae como consecuencia que la gente muestre extremada prudencia, incluso al momento de intervenir en foros o chats de plataformas de mensajería.
Correa añadió que las restricciones a X y WhatsApp potencian el uso de otras redes para la difusión de información, como Instagram y Facebook. “Esta es una sociedad abierta que la dictadura intentan ahogar, para que no circule la información. Pero hay mucha resiliencia; hay una gran voluntad para estar informados”, remarcó.
