La dictadura cubana desplegó un amplio dispositivo policial para reprimir las manifestaciones del 11 de julio de 2022, a un año de las históricas protestas que conmocionaron la isla, y en las que decenas de miles de cubanos salieron a las calles exigiendo el fin del régimen y el respeto a los derechos humanos.
“El régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021”, escribió en Twitter el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken. “Los manifestantes que permanecen detenidos deben ser devueltos a casa a sus familias”.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una ONG que defiende los derechos humanos, dijo a Diálogo desde Madrid que tienen documentada la detención de más de 5000 manifestantes levantados en camiones, apaleados, y obligados a recitar la consigna Patria o Muerte bajo amenazas. “La razia de detenciones continuó con la confiscación y revisión de todos los teléfonos móviles de los manifestantes, y la inspección minuciosa de las redes sociales, buscando rostros de manifestantes”, agregó.
Human Rights Watch (HRW) presentó en julio de 2022 su informe Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba, donde recoge la difícil situación por la que pasan centenares de presos políticos que el régimen mantiene en las cárceles. “Las violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones en Cuba siguen patrones claros de un plan para impedir que las personas protesten, castigar a quienes lo hacen, y generar temor para evitar nuevas manifestaciones multitudinarias” contra el régimen, plantea el informe.
Los tribunales del régimen “han ratificado las sentencias en contra de más de 380 manifestantes y transeúntes, incluyendo a varios niños y niñas”, continúa HRW. “Muchos juicios tuvieron lugar en tribunales militares, en violación del derecho internacional”.
Larrondo destacó que el régimen aprovechó el contexto de la represión tras las protestas, para detener a las principales cabezas de la oposición en la isla, como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, y a decenas de adversarios políticos.
“Además, el régimen reforzó su persecución contra las iglesias y sacerdotes críticos, deteniendo a líderes religiosos y encarcelando a algunos como al padre Castor José Álvarez Devesa, a quien golpearon con un bate y luego detuvieron, o a los pastores protestantes como al reverendo Lorenzo Rosales Fajardo”, agregó.
La represión a lo largo del año también ha visto llegar un juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, conocido como Osorbo, cantantes del tema Patria Y Vida, un himno que los manifestantes entonaron en las protestas de 2021, y que les mereció dos premios Grammy. Los artistas fueron condenados a cinco y nueve años de cárcel respectivamente, por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.
Otero Alcántara y Castillo, son dos ejemplos emblemáticos de cómo la dictadura de Miguel Díaz-Canel utiliza el sistema judicial para criminalizar a las voces críticas, incluyendo cargos de supuestos delitos, incompatibles con el derecho internacional, dijo Érika GuevaraRosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Es un vergonzoso ejemplo de la crisis de derechos humanos provocada por la política de represión de Cuba desde hace décadas. Desde Amnistía condenamos la criminalización de estos presos de conciencia, quienes se encuentran detenidos solamente por ejercer sus derechos”.
Otras organizaciones también realizaron estudios detallados de las condiciones en las que se encuentran los derechos humanos en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Cubalex y Justicia 11J, ONG que buscan la libertad de los presos políticos en Cuba, publicaron el 7 de julio el informe Un año sin Justicia: Patrones de violencia Estatal contra manifestantes del 11, donde muestran “graves irregularidades” en los juicios contra los manifestantes.
“El intento de celebración de vista oral mediante modalidad de teleconferencia se ha observado en los juicios, de primera o segunda instancia, a manifestantes acusados del delito de sedición en La Habana y Holguín. Se ha observado una marcada presencia de militares dentro de las salas donde se celebra la vista oral”, apunta el documento.
Alessandra Pinna, directora de los programas para Latinoamérica y el Caribe de la ONG defensora de la democracia con sede en los Estados Unidos Freedom House, aseguró a la prensa que el incremento de “detenciones arbitrarias” tras el 11 de julio sobrepasa la infraestructura carcelaria en la isla.
“En Cuba hay una esquema de represión generalizada y el costo político es cero”, aseguró Pinna, al recordar que la isla es uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. “Queremos escuchar más alto las críticas de las democracias”, pidió.