La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, advierte que las medidas cada vez más represivas del Gobierno de Nicaragua contra sus adversarios políticos reducen las posibilidades de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en noviembre. Bachelet advirtió sobre esta situación el 22 de junio, durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desde hace años, Nicaragua vive una profunda crisis de derechos humanos. Según la Alta Comisionada la situación está empeorando, por lo cual se estima que el pueblo nicaragüense no podría ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones.
Bachelet indica que el Gobierno del presidente Daniel Ortega está utilizando leyes penales recientemente sancionadas para deshacerse de sus adversarios políticos. Además, señaló que las fuerzas de seguridad arrestaron en junio a 15 personas que habían manifestado su intención de postularse a la presidencia en noviembre, acusándolas de cometer delitos ambiguos sin tener pruebas suficientes.
Existen “investigaciones en perjuicio de los derechos de la libertad personal, a la presunción de inocencia (…). Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos de poder votar por las opciones de su preferencia”, expresó.
Existen “Investigaciones en perjuicio de los derechos de la libertad personal, a la presunción de inocencia (…). Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos de poder votar por las opciones de su preferencia”, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.
El informe de la Alta Comisionada documenta casos de detenciones arbitrarias, ataques y hostigamiento por parte de la Policía Nacional contra defensores de derechos humanos, periodistas y supuestos opositores al Gobierno de Ortega. A mediados de junio, fuentes de la sociedad civil informaron que aún permanecían en prisión nueve mujeres y 115 hombres detenidos durante las protestas.
Bachelet manifiesta que las autoridades nicaragüenses están acallando los derechos de las personas a la libertad de expresión y reunión, así como también a la participación política.
Las autoridades vienen “estigmatizando a las personas percibidas como opositoras (…), incluyendo amenazas en redes sociales. [Estas acciones] generan un clima de temor. Esto inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación (…). No es posible garantizar un proceso electoral creíble”, declaró Bachelet.