Los Estados Unidos anunciaron sanciones contra el comandante del Ejército y el ministro de Finanzas de Nicaragua, con el objetivo de ejercer presión en el régimen de Daniel Ortega.
El 22 de mayo, el General Julio César Avilés, comandante del Ejército de Nicaragua e Iván Adolfo Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, ingresaron a la lista negra de sanciones de los EE. UU. El Departamento del Tesoro de los EE. UU. congeló los activos de ambos individuos y prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses entablar negocios con ellos.
Según el Departamento del Tesoro, el ejército de Nicaragua bajo el comando del Gral. Avilés habría prestado apoyo a policías y pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluyendo ataques contra manifestantes durante las protestas que comenzaron en abril de 2018, y causaron la muerte de 300 manifestantes. El Departamento del Tesoro agregó que Acosta se aprovechó de su puesto para organizar apoyo financiero para Ortega, y amenazó a los bancos para que no respaldaran las huelgas organizadas por la oposición el año pasado.
“Las continuas violaciones a los derechos humanos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada del régimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense es inaceptable”, expresó el secretario del Tesoro de los EE. UU. Steven Mnuchin en un comunicado. “Los EE. UU. seguirán apuntando contra quienes apoyan al régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense”, agregó.
Los EE. UU. habían ya impuesto sanciones a Ortega, su esposa y dos de sus hijos; considerando a uno de ellos, a Rafael, como “administrador clave del dinero” de su familia. La Policía Nacional de Nicaragua, incluyendo a su jefe y tres comisarios, ingresaron en la lista negra de los EE. UU. y de la Unión Europea.
El secretario de Estado de los EE. UU. Mike Pompeo dijo en un comunicado que estas sanciones tenían como objetivo “responsabilizar” a los funcionarios nicaragüenses por el apoyo a Ortega.