La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continuará investigando al régimen de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que posibilitaría que se establezcan responsabilidades “específicas” e “individuales” de los hechos, señalaron expertos en derechos humanos.
El 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación, argumentando que el régimen venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos” que puedan constituir crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía de la CPI anunció en 2021 que abriría la investigación. El régimen de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento, pero a finales de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuarla.
Reanudar las investigaciones también implica que las víctimas de nuevos casos puedan mandar información a la CPI, señaló Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en Venezuela.
“La fiscalía puede procesar esos nuevos casos y puede recabar información y pruebas. En el futuro, la fiscalía podrá presentar casos concretos con nombre y apellido de posibles perpetradores”, detalló a la Voz de América.
Además, Daniels subraya la importancia de la decisión debido a que “ya no son las ONG las que dicen que en Venezuela no hay justicia, sino la Sala de Cuestiones Preliminares”.
Alfredo Romero, director y presidente del Foro Penal, una ONG que brinda asistencia a detenidos de manera arbitraria y sus familiares, dijo que la decisión se traduce en una “victoria” para las víctimas.
Si bien se trata de un proceso para el que no hay un tiempo establecido, en lo adelante se comienza “formalmente a colectar evidencia y testimonios” para que se lleve a cabo un proceso judicial en el que se determinen responsabilidades específicas, apuntó Romero.
Fernando Fernández, profesor de derecho penal internacional y DDHH, dijo que las partes citadas como investigados tendrán “todos los derechos de que sus casos sean revisados exhaustivamente”, lo que toma tiempo.
“Son casos complejos y sumamente difíciles donde existe una cantidad de garantías y derechos que están en el Estatuto. Mucha gente cree que esto es inmediato. Siempre lo planteamos en términos de que son carreras de mucha intensidad y de largo aliento”, comentó a VOA.
Calixto Ávila, abogado especialista en DDHH de Provea, una de las ONG defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, resaltó que la decisión de continuar la investigación se produjo en un lapso de tiempo “bastante reducido” en comparación con los dos precedentes.
En el caso de Afganistán y Filipinas, ambos actualmente en fase de investigación, la decisión de los jueces ocurrió, respectivamente, seis y cuatro meses después de la presentación del informe de las víctimas. En el caso de Venezuela, solo pasaron poco menos de dos meses.
Daniels precisa que el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares se haya pronunciado más rápido en comparación con los otros se debe a que el caso venezolano es “más contundente”.
En el caso venezolano, unas 8900 víctimas acudieron a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la CPI, para exponer testimonios, opiniones y preocupaciones, mientras que en el de Filipinas, por ejemplo, fueron unas 300.
El régimen venezolano cuestionó el mismo 27 de junio la decisión de la Sala de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que “recurrirá de esta decisión” ante la Sala de Apelaciones.