El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) de Perú, suspendieron los contratos adjudicados a las empresas constructoras China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd., sucursal Perú (CTCEG); y China Railway Tunnel Group Co. Ltd., sucursal Perú (CRTG), luego de identificar irregularidades en los procesos administrativos donde ganaron licitaciones de infraestructuras públicas que suman USD 240 millones, publicó el diario peruano La República.
“El modus operandi de algunas empresas chinas es crear un consorcio con una empresa nacional pequeña, utilizada para derivar el pago de dádivas a favor de exfuncionarios”, dijo a Diálogo el 12 de julio César Candela, abogado y director de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura de Perú. “Durante la pandemia, se dieron todas las condiciones idóneas para que solamente se adjudicaran [contratos] a las empresas que contaban con respaldo financiero. Como la banca nacional no las respaldaba (…), las únicas empresas que contaban con [dinero] eran las empresas chinas”.
Los proyectos incluyen un contrato por USD 87 millones con Provías Nacional, institución que administra las carreteras peruanas, que la empresa china CRTG ganó para mejorar el corredor vial entre Huancavelica y Ayacucho. Otro proyecto es el contrato de USD 153 millones para proyecto de agua potable y alcantarillado en las ciudades de Piura y Castilla que ganó la empresa CTCEG, afiliada al Estado chino.
“Estamos tomando al toro por las astas para evitar que empresas de dudosa procedencia estén a cargo de las obras. Se busca evidenciar cualquier vicio durante el proceso”, declaró a la Agencia Peruana de Noticias Paola Lazarte, ministra del MTC. “Esta decisión se tomó en base a la fiscalización posterior que el MTC realizó al contrato suscrito. Quiero reafirmar el compromiso de llevar obras sin irregularidades ni corrupción”.
“Lamentamos profundamente que, a pesar de todo lo vivido continúen las prácticas mafiosas, que utilizan acciones de amparo interpuestas en juzgados remotos, para obligarnos a suscribir el contrato”, subrayó Hania Pérez de Cuéllar, ministra del MVCS, al diario El Peruano. “Seguiremos firmes en la defensa de la transparencia y probidad en la ejecución de los proyectos públicos”.
El comportamiento identificado por las autoridades en Perú es que diversas empresas chinas, vinculadas entre sí como subsidiarias, participan en los mismos procesos de licitación en varias entidades gubernamentales, “como si se tratara de un cártel”, añade Pérez de Cuéllar. Este es el mecanismo que utilizan para afianzar los contratos.
“Todas las empresas chinas finalmente terminan siendo hermanas o primas hermanas y tienen diferentes razones sociales. Para este proyecto un primer postor fue CTCEG, pero también se presentó como postor su empresa madre Railway No. 10 Construction. No ganó, quedó en cuarto puesto”, detalló Pérez de Cuéllar al medio digital Perú 21. “Existiría una especie de concertación o de alguna manera un cártel, porque se presentan a las licitaciones con razones sociales diferentes, pero al final todas terminan respondiéndole a una matriz, que es lo mismo”.
De hecho, la Ley de Contrataciones del Estado en Perú y su respectivo reglamento no contemplan el esquema utilizado por las empresas chinas para ganar las licitaciones.
“Las sucursales de alguna manera tienen autonomía y son un brazo de la matriz. Pero las empresas chinas son estatales, porque allá no existe el concepto de empresa privada. Entonces me cuestiono cómo es que una sucursal o varias sucursales pueden participar, si sabemos todos que son empresas estatales”, subrayó Candela. “Pero como se constituyen bajo el marco de la ley como sucursales, entonces participan varias vinculadas a una misma matriz”.
“Todas [las empresas] son del Estado chino. Bajo esa lógica solamente podría operar una empresa”, reconoció a Perú 21 Pablo Rioja, abogado del consorcio donde participa la compañía CTCEG. “La ley de contrataciones del Estado no prevé ese gran detalle”.
Una comisión especial en la Asamblea Legislativa está investigando a diversas empresas chinas y entidades señaladas de presuntas irregularidades en licitaciones de instituciones del Gobierno de Perú.
“La investigación que estamos realizando va a necesitar más tiempo, sin duda, porque hemos encontrado cosas muy interesantes como rutas de dinero”, explicó al diario Correo Héctor Valer, presidente de la comisión y miembro del partido Somos Perú. “Por ejemplo, un alto funcionario del Estado solicitó un préstamo de un millón de soles [cerca de USD 281 000], pero lo pagó 30 días después”.
Una situación que se encuentra en tela de juicio es el caso de la invitación que extendió la empresa informativa mexicana DLP Group, especializada en el ecosistema digital, que trabaja para empresas chinas de telecomunicaciones como Huawei. Esta empresa invitó a congresistas de los partidos Perú Libre y Acción Popular, para viajar a China con todos los gastos pagados para “participar en una feria tecnológica”, reveló el medio mexicano NV Noticias. Las actividades programadas para los diputados habrían terminado el 2 de julio.
El Código de Ética Parlamentaria prohíbe que los representantes del pueblo acepten este tipo de invitaciones. Sin embargo, el medio digital Infobae confirmó, el 5 de julio, que los parlamentarios aún no habían regresado a Perú y que ahora estarían en Holanda.