Tras la celebración de un referendo consultivo, el venezolano Nicolás Maduro emprendió una agresiva campaña que pretende anexar unos 160 000 kilómetros cuadrados de territorio, perteneciente a Guyana. Los comicios, llevados a cabo el 3 de diciembre, pretendían pulsar las opiniones de los votantes sobre cinco temas, relativos a una vieja controversia entre Venezuela y su vecino de la frontera oriental.
El mismo día Elvis Amoroso, rector principal del Poder Electoral anunció que habían computado 10 554 330 sufragios. No suministró los totales de abstenciones ni los de votos nulos, ni la participación forzada de los militares venezolanos. Esta cifra suscitó burlas y suspicacias, ante la evidencia de que durante esa jornada, los 15 857 centros de votación instalados en todo el país permanecieron vacíos o con muy bajas concurrencias.
La participación fue tan escasa que el régimen venezolano “ha sido ampliamente acusado por los analistas de falsificar los resultados”, informó The Guardian. Al día siguiente, en un segundo boletín, el mismo funcionario dijo que habían participado 10 431 907 personas, es decir, 122 423 menos que las indicadas previamente.
“Eso da una participación por centro que anda en el orden del 15 por ciento más o menos (…). Ahora, si dicen que la participación fue de 10 millones, o sea más de la mitad del padrón electoral, no los vimos. Es algo totalmente imposible”, sentenció Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, al ser consultado por Diálogo el 6 de diciembre. “El propio régimen ha inducido a confusión en torno a los resultados, al hablar de votos y no de votantes”.
A partir del 4 de diciembre, la autocracia venezolana omitió el debate sobre la participación real en la consulta electoral, e inició la toma de decisiones con respecto al tema del Esequibo. En primer lugar, Maduro afirmó que la votación del 3 de diciembre tendría un carácter “vinculante”. Al día siguiente, mostró un mapa en el que incorpora al Esequibo al territorio venezolano. En el mismo acto, anunció la designación del Mayor General (R) Alexis Rodríguez Cabello, excomandante general del Ejército y actual diputado oficialista, como “autoridad única” del Esequibo.
El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela Juan Francisco Contreras, dijo a Diálogo que estas decisiones de Maduro van en línea con una de las preguntas más controversiales de la consulta, referida a la creación del estado “Guayana Esequiba” y la ejecución de un “plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana (…), incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano”.
La puesta en práctica de este propósito implicará que Venezuela entre en un “conflicto importante”, que pondría al régimen de Maduro “al margen del derecho internacional”, agregó Contreras.
Pero el dictador venezolano continúa en un curso de acción preestablecido. El 5 de diciembre entregó a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, un anteproyecto de ley para la creación del estado Guayana Esequiba. “Guyana debe saber que arreglamos por las buenas o lo arreglamos; porque esto va a ser una Ley Orgánica para todos los gobiernos y generaciones que vengan, por las décadas de este siglo y más”, amenazó.
Contreras observó que en este proceso, los países de la región que anteriormente habían respaldado al régimen venezolano ahora “permanecen callados, están guardando un silencio asombroso; incluso parece que ahora estarían apoyando a Guyana”.
Recordó que, antes del referéndum, la Comunidad del Caribe (CARICOM), que apoya a Guyana, había exigido a Maduro el acatamiento de los fallos emitidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En vísperas de la votación, CARCIOM instó al régimen de Maduro de abstenerse de tomar cualquier decisión que “modifique la situación que prevalece en el territorio en disputa”.
“Así que realmente la situación de Venezuela es bastante complicada, sobre todo en el plano internacional. Nicaragua es el único país que afirma que apoya la posición de Venezuela”, resumió Contreras.
Al margen de las acciones emprendidas por el régimen de Maduro, Venezuela deberá presentar en abril sus argumentos ante la CIJ. Este pliego, llamado “contramemoria”, es lo que será tomado en cuenta para una decisión en este litigio territorial.
“Pareciera que no tiene mucha coherencia decir ahora que nos vamos a salir de la corte, que no vamos a reconocerla. (…). Si no presentamos la contramemoria nuestra posición quedará muy débil. Es importante recordar que la decisión de la corte es inapelable y que es de obligatorio cumplimiento”, advirtió.